El Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
El dictamen impide a deudores alimentarios o quienes enfrenten un proceso por violencia en contra de mujeres poder ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Esto aplica a quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, incluye los crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, fue aprobada el pasado 28 de abril en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sado a que se trata de una modificación a la Carta Magna, el dictamen también debía ser avalado por lo menos en 17 congresos locales antes del 1º de junio para que pudiera ser aplicada en las próximas elecciones del 2024.
Así, las 23 legislaturas locales que aprobaron el dictamen fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Durante la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, calificó la aprobación como un “hecho histórico y fundamental para el desarrollo” de la sociedad.
A su vez, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, reconoció que el dictamen fue impulsado por organizaciones de la sociedad civil y colectivos, los cuales estuvieron presentes durante la declaratoria.
“A partir de ahora, ninguna humillación a una mujer puede quedar sin sanción y menos con un premio en el servicio público”, sentenció.
Por su parte, la legisladora Eunice Romo Molina, del Partido Encuentro Social (PES), señaló que existen agresores políticos en todos los partidos.
“El pueblo de México merece servidores públicos responsables”, subrayó. “Ningún agresor al poder”, añadió.
Igualmente, el legislador Luis David Ortíz, de Movimiento Ciudadano, reprobó que el Congreso de Nuevo León no aprobó la reforma y recalcó su importancia.
A su vez, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, reiteró que el servicio público debería ser ocupado por quienes demuestren “honradez, congruencia y respeto por los derechos de todos”.
Asimismo, exigió su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que pueda ser aplicada en las próximas elecciones presidenciales en 2024.
Además, senadora María Graciela Gaita, del Verde Ecologista, apuntó que la ley “hace justicia” a víctimas de violencia y “marca un punto de reflexión” en el avance de la igualdad de género, la tutela de los derechos y el interés superior de la niñez.
“La igualdad es el arma de la libertad; la igualdad de género es una lucha humana”, concluyó.
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