La secretaria de la Función Pública negó que la Ley de Austeridad Republicana contenga una ‘partida secreta’ para el Presidente de la República. La senadora Minerva Hernández denunció que la Ley es inconstitucional y será llevada a la SCJN.
Con la aprobación en el Senado de la Ley de Austeridad Republicana, el Presidente de la República cuenta con la facultad para reasignar los recursos provenientes de los ahorros gubernamentales. Ese derecho no es equiparable a la ‘partida secreta’ con la que contaban los expresidentes, declaró la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
En entrevista en Aristegui en Vivo, Sandoval explicó que uno de los objetivos de la Ley es generar nuevas exigencias y disciplinas de rendición de cuentas en el Gobierno Federal, una condición opuesta a la opacidad con la que se manejaban los expresidentes.
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“Me parece una apreciación muy injusta para el espíritu verdadero de esta Ley”, sostuvo la Secretaria, y precisó que los recursos, cuyo destino será determinado por el Ejecutivo Federal, estará sujeto a “niveles de transparencia muy rigurosos”, basados en las leyes de Transparencia y de Responsabilidad Hacendaria.
Sandoval precisó que este tipo de reasignaciones presupuestales siempre se han llevado a cabo, pero los fondos se quedaban dentro de las mismas dependencias federales y eran responsabilidad de sus propios ejecutores de gastos.
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El cambio que la Ley permite es que las reasignaciones podrán asignarse transversalmente a otros ejecutores de gastos por mandato presidencial, priorizando los programas prioritarios contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
“No es lo que se le ocurra al Presidente”, aclaró.
En lo que respecta a la implementación de una restricción a empleados de gobierno para que no puedan laborar en la iniciativa privada hasta 10 años después de haber dejado su cargo público, la secretaria de la Función Pública aclaró que aplicará a los funcionarios que hayan:
- Ocupado cargos de director general “hacia arriba”;
- Tenido acceso “información privilegiada”;
- Participado en la toma de decisiones sobre un tema determinado;
- Ejercido algún tipo de regulación sobre empresas del ramo.
Lo que se busca es detener el efecto de ‘puerta giratoria’ mediante el cual algunos funcionarios pasaban del servicio público a la iniciativa privada y de regreso, utilizando la información y las influencias obtenidas en el gobierno para su beneficio personal.
“No pueden irse al mercado a entregar en charola de plata la información privilegiada, los datos de los sectores que ellos regularon, a las corporaciones o a los funcionarios privados que tomen decisiones para sus ganancias”.
Ley de Austeridad Republicana viola la Constitución
Para la senadora panista Minerva Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda, la Ley de Austeridad Republicana responde a una necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos, sin embargo, calificó la ordenanza aprobada como “una necedad o un capricho del Presidente”, que fue aprobada “con obediencia ciega del grupo parlamentario del partido en el Gobierno”.
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Hernández consideró que se trata de una compilación de disposiciones de varios ordenamientos jurídicos que está “plagada de vicios”, desde errores de sintaxis hasta fallas de técnica legislativa e, incluso, elementos que contravienen a la Constitución, por lo que “irremediablemente va a llegar a la (Suprema) Corte”.
Algunos de los errores detectados por la senadora son:
- Ambigüedad en la definición de conceptos contenidos en la Ley;
- Contradicciones en otras leyes a las que hace referencia;
- Una invasión de competencias del Poder Judicial;
También criticó la “amplísima discrecionalidad que se confirió al Presidente de la República para asignar, utilizando el pretexto de la autoridad, para transferir y asignar recursos públicos en muchas áreas que, en la práctica, se traduce en situaciones clientelares”.
“Podremos no tener medicamentos, tratamientos para el cáncer, o (recursos) para las estancias infantiles, pero si para el Tren Maya, el beisbol o la refinería de dos bocas”.