El descenso en el número de contagios y la evolución positiva de los ingresos hospitalarios indican que la pandemia ha entrado en una fase de mayor control, pero esta mejora no justifica todavía el abandono de las restricciones a la movilidad. Sabemos por la experiencia anterior que un relajamiento precipitado de las medidas conduce invariablemente a un repunte de casos. Si bien la campaña de vacunación ha tenido ya efectos muy positivos en algunos colectivos vulnerables, como las residencias de ancianos, donde los contagios han caído un 95% en el último mes, estamos lejos todavía de lograr un nivel de inmunización que permita levantar las restricciones sin riesgo de repunte.
Está justificado por tanto que las limitaciones de la movilidad se mantengan durante las vacaciones de Semana Santa. El objetivo sigue siendo salvar vidas y la única forma de hacerlo por ahora es evitar la interacción social. Ya pagamos un alto precio por intentar salvar la campaña de Navidad: no debemos incurrir ahora en el mismo error. Hay que celebrar por ello que la mayoría de los consejeros de Sanidad apoyaran en la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud la propuesta del Ministerio de Sanidad de mantener los cierres perimetrales autonómicos durante las vacaciones. Solo Madrid se mantuvo, como nota discordante, a favor de permitir la movilidad entre comunidades a pesar de ser la que presenta, junto a Ceuta y Melilla, los peores indicadores. Con una incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días, el riesgo en Madrid sigue siendo extremo. La que defiende el Gobierno de Díaz Ayuso no deja de ser una posición egoísta, pues permitir la movilidad supone en este caso extender el riesgo a otras autonomías. Se entiende que algunas de las vecinas le pidan un mayor compromiso en la lucha contra la pandemia.
La decisión definitiva se tomará la semana que viene en otra reunión del Consejo Interterritorial. Es importante que se afirme una estrategia de medidas conjuntas y que Madrid se sume al consenso general. Además del cierre territorial, el documento que ha presentado Sanidad incluye mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 del 26 de marzo al 9 de abril, evitar viajes innecesarios y prohibir los eventos masivos.
En esta lógica se inscribe la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones convocadas para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se habían presentado más de un centenar de convocatorias y las autoridades gubernativas han decidido suspenderlas todas. Aunque algunas de ellas eran de pequeño formato y en todas había máxima voluntad de evitar aglomeraciones, se entiende la decisión adoptada por la dificultad de garantizar la seguridad en una visión de conjunto. La vitalidad del movimiento feminista hace probable que, de activarse las convocatorias, la afluencia acabara desbordando las previsiones y derivara, dada la todavía grave incidencia de la pandemia en Madrid, en una situación de alto riesgo de contagio. Naturalmente, es de esperar que el criterio aplicado en esta circunstancia se implemente en otras de rasgos similares. Hay que combatir con toda la energía democrática los discursos de estigmatización del feminismo. Este diario apoya con vigor sus reivindicaciones y espera que la imaginación y creatividad del movimiento permitirá teñir la jornada de morado sin necesidad de correr riesgos.
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