Rogelio Muñiz Toledo
Recordaré … la feliz ocurrencia que aquel oficial francés, dirigió a Napoleón. Vanagloriábase éste en la embriaguez de su poder, de haber reducido al senado y al cuerpo legislativo a no ser otra cosa que los más humildes ejecutores de su voluntad: sí señor (respondió el oficial) pero lo que resiste apoya: José Miguel Ramírez *
Es evidente que al presidente López Obrador le disgustan los contrapesos al poder presidencial. Provengan estos de los órganos del poder público -el Congreso, el poder judicial o los organismos con autonomía constitucional- o de actores políticos -las oposiciones parlamentarias, los partidos políticos, los medios de comunicación o la sociedad civil-, el Presidente ve en los contrapesos un obstáculo para gobernar y no una oportunidad para negociar.
Concibe el ejercicio del poder en términos de conflicto y no de consensos y ve a las oposiciones como un contrapeso innecesario. En ocasiones parece que asume que tiene el poder del Estado y que puede procesar el cambio sin ellas. Conviene recordarle lo que dice el jurista alemán Herman Heller: “El gobernante tiene poder en el Estado pero nunca posee el poder del Estado”.
En las democracias el ejercicio del poder público corresponde tanto a la mayoría como a las minorías. En los procesos de cambio político, es necesario construir consensos en torno a las decisiones fundamentales y no solo mayorías coyunturales. Las oposiciones son un contrapeso indispensable en el Congreso y los consensos permiten que, incluso donde hay resistencias, sea posible encontrar apoyo para las reformas.
El reciente proceso de aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia dejó lecciones que debieran asumirse para el largo camino que falta por recorrer para lograr el cambio del régimen. La estrategia de Morena en el Senado funcionó porque se construyeron consensos en torno a los contenidos de la reforma. En cambio, los acuerdos políticos a los que llegó Morena en la Cámara de Diputados, sin consensar la reforma, permitieron aprobarla, pero no legitimarla.
Cuestionado sobre los acuerdos de Morena con una decena de legisladores del PRD que se declararon independientes horas antes de que se votara la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa y que a partir ese día presumiblemente le asegurarían a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador dijo que él no está de acuerdo con la máxima de “que el fin justifica los medios”, “que no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales” y que “por eso sí son importantes los medios, no sólo el fin que se persigue”.
Tiene razón el Presidente, los medios a los que se recurre para lograr los acuerdos importan tanto como los fines, no solo por razones morales -como lo señaló el Presidente-, sino porque bajo las reglas y valores de la democracia, la forma en la que se construyen los consensos es relevante en los procesos de cambio político.
En el Senado se atendieron las propuestas de la sociedad civil, se escucharon las observaciones de los organismos internacionales y se construyó un dictamen de consenso con todas las oposiciones, lo cual permitió que la creación de una Guardia Nacional de carácter civil se aprobara por unanimidad. Las razones que expresaron las oposiciones y las organizaciones sociales para rechazar la propuesta de constitucionalizar la militarización de la seguridad pública fueron tomadas en cuenta y se negoció una alternativa aceptable para todas las partes. Sin contravenir el derecho convencional, se otorga base constitucional a la actuación temporal de las fuerzas armadas y se establece una fecha cierta para su regreso a los cuarteles.
En cambio, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa se aprobó con serios cuestionamientos al proceso legislativo y con señalamientos sobre la inconvencionalidad del texto aprobado. En la Cámara de Diputados la mayoría calificada se construyó a partir de acuerdos políticos que no tenían sustento en un consenso constitucional, sino en pragmatismo puro. El ejercicio de parlamento abierto resultó ineficaz -incluso fue calificado por algunos opositores como una farsa-, se desoyeron los planteamientos de la sociedad civil y de los organismos internacionales y no se admitió a discusión ninguna de las reservas de la oposición.
La ampliación de los delitos que merecerán prisión preventiva de oficio es regresiva y contraria a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y, por lo tanto, inconvencional. Además, resultará ineficaz para los fines que se propuso el Presidente; no solo porque está demostrado que el “populismo punitivo” no da resultados, sino porque el texto aprobado no cubre las expectativas de su principal impulsor. Ha dicho el Presidente que esta reforma aplicará a los “hechos de corrupción”, así, en general, y que en materia electoral permitirá procesar en prisión a quienes “compran los votos”, “falsifican actas”, “rellenan urnas” o cometen “fraude electoral”; pero la realidad es otra. En estas dos materias la reforma sólo será aplicable a tres delitos: enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso de programas sociales con fines electorales.
El contraste entre ambas estrategias de negociación es evidente. Como lo dijo el Presidente, no se trata de triunfar a toda costa. Con acuerdos coyunturales o basados exclusivamente en el pragmatismo se pueden alcanzar fines inmediatos, pero a mediano plazo este tipo de negociaciones puede cerrarle el paso a la construcción de los consensos necesarios para lograr el cambio político.
Sí, presidente López Obrador, como quedó claro en el Senado de la República, si se construyen consensos, lo que resiste apoya.
* Diputado al Soberano Congreso Constituyente de la Federación Mexicana de 1824.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.