En el caso de Fanny Sánchez Viesca, desaparecida desde 2004 en Torreón, la impunidad ha sido producto de una cadena de acciones y omisiones desde los más altos niveles de gobierno hasta los eslabones más bajos, dice la investigadora Carolina Robledo.
Por Carolina Robledo Silvestre / CIESAS – GIASF*
Cuando la búsqueda de la joven Silvia Stephanie Sánchez Viesca-Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre de 2004 en Torreón, Coahuila, por fin avanzaba, el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, dio la orden de “no hacer nada” y guardó el expediente en su escritorio por un año ¿Por qué un procurador decide guardar el expediente por la desaparición de una joven de 16 años? ¿Qué oculta? ¿A quién protege? y ¿qué pueden esperar las familias de miles de personas desaparecidas que buscan verdad y justicia en un país donde estas cosas pasan?
En México, la impunidad es un crimen generalizado, y quizá el más grave de todos, pues intensifica las heridas provocadas por la violencia, y las extiende en el tiempo con consecuencias devastadoras. La impunidad existe cuando teniendo remedios y recursos legales para investigar y castigar a todos aquellos que cometieron hechos aberrantes, se decide no hacer nada, como ocurrió con la desaparición de Fanny.
En el caso de Fanny, la impunidad ha sido producto de una cadena de acciones y omisiones desde los más altos niveles de gobierno hasta los eslabones más bajos, en prácticas tan imbricadas institucionalmente que la voluntad de una sola persona no logra contrarrestarlas.
En el noticiero de Carmen Aristegui, el pasado 3 de noviembre, la ex Fiscal Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM), Alicia Pérez Duarte, declaró que el propio Medina Mora en una llamada telefónica le ordenó que no investigara más, justo cuando había logrado avanzar en una línea de investigación que ubicaba a Fanny con vida en un poblado de Texas. Presuntamente, la joven se encontraba viviendo con el Zeta 3 y tenía una hija.
La pesquisa adelantada por la funcionaria con un equipo de policías de investigación de la FEVIM apuntaba a un caso de reclutamiento forzado provocado por integrantes del grupo criminal de Los Zetas, un ejército irregular del crimen organizado cuyo rasgo principal es la extorsión y el uso de la fuerza letal para el dominio sobre el territorio. La desaparición de mujeres en este contexto fue una constante, como ha sucedido en otros lugares del mundo en los que el carácter militar del conflicto produce prácticas normalizadas de uso y explotación del cuerpo de las mujeres para el goce y los intereses de las masculinidades de guerra. Ya se ha documentado que donde hay ejércitos armados de hombres la violencia de género aumenta considerablemente. De modo que la desaparición de Fanny no es un hecho aislado en una ciudad dominada por el poder armado de ejércitos que gozan de completa impunidad.
Recientemente la Fiscalía General de la República solicitó a Silvia y Oscar, padres de Fanny, pruebas para demostrar que la desaparición de la joven no se produjo por una ausencia voluntaria sino por la comisión de un delito producto de la delincuencia organizada, de otro modo descartaría el caso. Esta práctica tan común en las instancias de procuración de justicia del Estado mexicano busca descargar responsabilidades de investigación y regresa a los familiares la necesidad de que ellos mismos produzcan las pruebas que mantengan activos los expedientes.
A estas alturas, resulta prioritario recuperar las pruebas que el mismo Estado ha desaparecido para dar cauce a la justicia en el caso de Fanny, pero esta no es una responsabilidad que corresponda a las familias. Para lograrlo, la Fiscalía debe desvincularse de sus prácticas históricas y de valores arraigados en ella por décadas ¿Cómo desandar años en los que ha prevalecido el encubrimiento y el ocultamiento de la verdad? Oscar y Silvia dudan mucho de que esto sea posible y de que haya justicia para ellos porque “son muchos los requisitos que hay que cumplir” cuando se trata de la justicia de Estado.
En el caso de la desaparición de personas, sin embargo, la justicia no pasa necesariamente por la investigación penal y la persecución de los crímenes. Implica sobre todo el acceso a la verdad: saber qué pasó y dónde está la persona buscada.
“Aunque la Fiscalía General de la República no investigue el caso de Fanny por no considerarlo un delito”, el Estado mexicano tiene la obligación de buscarla. La condición de género y de edad de Fanny obligan a emplear el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas (publicado en la segunda quincena de noviembre) en su búsqueda, haya o no delito.
Para un país con más de 77 mil personas desaparecidas, 25% de ellas mujeres, dar con el paradero de Fanny sería un gran logro, pero no un propósito suficiente. También es necesario que se persigan los crímenes, necesitamos entender por qué desaparecen mujeres en territorios dominados por hombres armados que gozan de total impunidad. Y por qué otros hombres en el poder de sus escritorios deciden que importa más proteger algún interés que la vida de una mujer en peligro.
Necesitamos que se castiguen esos crímenes de oficina que ocurren en los más altos y bajos niveles del gobierno y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
Hace un año, Eduardo Medina Mora prefirió renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) terminara la investigación en su contra por lavado de dinero. Evadió así el escenario del desafuero y de ser sometido a juicio político en caso de que se le encontrara responsabilidad por la triangulación internacional de 102 millones de pesos como alto funcionario del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.ariste
Otros funcionarios públicos están siendo vinculados con hechos de corrupción que implican redes macrocriminales en defensa de intereses económicos de todo tipo.
Que estos funcionarios sean perseguidos y condenados por estos delitos es un paso importante pero no suficiente. No queremos repetir lo que sucedió en Colombia cuando los paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos para cumplir condenas por narcotráfico mientras eludieron los crímenes de lesa humanidad cometidos en los territorios devastados por sus acciones.
Es importante que se ejerzan los recursos legales necesarios para que también sean castigados por su participación en las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, las masacres y todos los actos de violencia encadenados a las redes de corrupción y macrocriminalidad de las que participan.
México necesita procurar justicia y combatir la impunidad para que cese la violencia.
*Carolina Robledo, es investigadora del CIESAS y cofundadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México y que publica quincenlamente en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/category/historias/con-ciencia/