Una parte significativa de los exdirectivos del BBVA investigados por los trabajos presuntamente ilegales encargados por la entidad al comisario jubilado José Manuel Villarejo han cambiado en el último mes de estrategia judicial. Del silencio tras el que se escudaron cuando fueron citados por primera vez a comparecer en la Audiencia Nacional tras ser imputados, en algunos casos hace más de dos años, han pasado a solicitar por escrito al juez que les cite para poder dar, ahora sí, su versión sobre los hechos, según documentación judicial a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Desde el 3 de diciembre y hasta el pasado lunes, siete ex altos cargos del banco han remitido escritos al magistrado Manuel García-Castellón urgiéndole a que les tomen declaración. No son los primeros. Otros dos exdirectivos que cuando fueron citados por primera vez se acogieron a su derecho a no contestar, el que fuera jefe de Seguridad Julio Corrochano y el exconsejero delegado Ángel Cano, ya comparecieron el martes de la semana pasada para romper su silencio.
De los siete ex altos cargos que han pedido durante diciembre comparecer ante el juez, el primero en hacerlo fue Eduardo Arbizu, responsable del área de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, cuando fue cesado precisamente por su supuesta implicación en el encargo hecho al comisario de investigar a Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y su presidente, Luis Pineda. Arbizu presentó el 3 de diciembre un escrito en el que señalaba que, cuando fue citado por primera vez a declarar en noviembre de 2019, se acogió a su derecho a no declarar al considerar que entonces desconocía las razones por las que había sido imputado, ya que la causa estaba en aquel momento declarada secreta. Argumentos muy similares han recogido en sus escritos los otros seis exdirectivos que ahora han pedido comparecer de manera voluntaria.
Siete días después de Arbizu presentó su escrito Manuel Castro Aladro, exdirector de Riesgos del Grupo BBVA. El día 22 de diciembre lo hizo Javier Malagón, antiguo director de fianzas. Solo un día más tarde, eran cuatro los ex altos cargos de la entidad los que daban el: Eduardo Ortega, antiguo director de los servicios jurídicos contenciosos; Ricardo Gómez Barredo, que fuera miembro del consejo de administración de Garanti, la filial turca de BBVA, y anteriormente director de contabilidad; y José Manuel García Crespo, exresponsable de servicios jurídicos del banco. El séptimo y último en hacerlo, el pasado lunes, fue Nazario Campo, jefe de grupo del equipo de Seguridad del BBVA. Campo y otros dos exdirectivos que quieren ahora declarar (Ricardo Gómez y Manuel Crespo), figuran, junto a Corrochano, Cano y otros ex altos cargos imputados, entre los 11 responsables de la entidad señalados por el informe que a finales de noviembre entregó el banco al juez con los resultados de la investigación interna sobre los contratos con Villarejo.
La decisión de los siete exdirectivos se produce después de que, el pasado octubre, el exjefe de seguridad Julio Corrochano entregara por sorpresa en la Audiencia Nacional un largo escrito en el que aportaba numerosos datos sobre los contratos bajo sospecha. En aquel documento, este ex alto cargo afirmaba que “la decisión de contratar a esta empresa”, en referencia a Cenyt, epicentro de la trama societaria del comisario Villarejo, “fue del presidente”, en alusión a Francisco González, imputado desde 2019. En el escrito, de 41 páginas, Corrochano también implicaba al entonces responsable de recursos humanos, Ángel Cano, que luego fue nombrado consejero delegado del BBVA, y afirmaba que hasta siete departamentos del banco participaron de forma coordinada en esta contratación. La Fiscalía Anticorrupción pidió entonces al juez que citara a declarar a Corrochano al considerar que aquel escrito no tenía el mismo valor judicial que una declaración oral.
La petición de Anticorrupción fue aceptada por el magistrado, que citó a Corrochano y también al exconsejero Ángel Cano, quien había pedido declarar voluntariamente, para el pasado 21 de diciembre. Aquel día, el exjefe de Seguridad del BBVA solo contestó a las preguntas de su abogada. En su comparecencia, ratificó el contenido de su escrito porque, recalcó, “refleja fielmente la visión de los hechos que están en la causa”. Ese mismo día, Cano se esforzó en su declaración en desligarse de la contratación del policía. Para ello, el exconsejero descargó la responsabilidad de los contratos investigados en Corrochano y en Francisco González, de los que aseguró que tenían una relación “bilateral” que hacía innecesaria su intervención en estas cuestiones. González siempre ha negado que él diera ninguna instrucción de contratar a Villarejo.
La petición de los siete directivos se produce, además, cuando el juez tiene que decidir si prorroga la investigación sobre los 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, que el BBVA hizo entre 2004 y 2017 al comisario, y por los que este se embolsó 10,3 millones de euros. En esta pieza, en la que están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y el BBVA como persona jurídica, forma parte del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales del policía. El BBVA ha pedido que se pongan ya punto final a las pesquisas. Sin embargo, varios imputados, entre ellos González, han solicitado que las pesquisas judiciales se prolonguen hasta seis meses más, sin cerrar la puerta a futuras prórrogas. Entre los argumentos que esgrime el expresidente del banco se encuentra, precisamente la necesidad de interrogar a los siete directivos que han pedido ahora declarar.
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