Por Laura Panqueva Otálora, jefa de comunicación de MSF en México
En un nuevo intento por llegar a territorio estadounidense, Karen, de 21 años, cruza el Río Bravo con su hija de tres años en la espalda. La pequeña llora y su madre la calma para no quedar en evidencia. Logran vencer la corriente de agua y adentrarse, junto a un grupo de personas que buscan, como ellas, reencontrarse con sus familias o cumplir la promesa de una mejor vida. Duran horas agachadas en los matorrales. Cuentan que tienen que permanecer muy quietas para que las serpientes no las ataquen cuando pasan por encima de sus cuerpos. Todo este trayecto termina en el mismo lugar donde comenzó: Matamoros. La mujer y su hija son detenidas en McAllen y deportadas por séptima vez a este punto fronterizo de México.
Hace ya casi un año que esta joven llegó a Tamaulipas, para encontrarse con su pareja en EU. En su país, Guatemala, asesinaron a su hermano y la amenazaron con matarla. Sin salida, ella decide huir con su bebé, arriesgarse a atravesar México y, como sea, pasar.
“Tres de esas siete veces, la encontré en uno de los albergues en los que trabaja Médicos Sin Fronteras (MSF) en Matamoros. Fui viendo cómo se desgastaba; su cansancio ya se manifestaba en su apariencia física, porque no es únicamente el cruce, que es muy arriesgado, sino todo ese proceso de detención y violencia que estas personas pueden llegar a vivir. En cada sesión, solo tenía una hora para hablar con ella, porque cuando iba al día siguiente, ya se había ido. A pesar de todo, ella lo seguía intentando”, cuenta Ximena de la Garza, psicóloga de MSF en el proyecto de frontera norte.
Desde marzo del año pasado se han registrado más de 600 mil deportaciones hacia México. Todas estas expulsiones han sido realizadas bajo la política del Título 42. En contravención con el derecho interno estadounidense e internacional, esta política fue instaurada en el marco de la pandemia para justificar la ilegal y discriminatoria detención y deportación inmediata de todas las personas extranjeras, inclusive aquellas que buscan asilo. La mayoría provienen del Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala) y cada vez más son mujeres, niños, niñas y adolescentes no acompañados.
En Reynosa, desde hace un mes, ha aumentado en cientos el número de familias deportadas. En este momento, en la “Plaza de La República”, duermen sobre cartones y al aire libre alrededor de 400 personas. Según José Antonio Silva, coordinador del proyecto de MSF, “la situación es crítica. Vienen, la mayoría, de un proceso de deportación de EU, donde les detienen y expulsan inmediatamente.
Cuando son retornadas a los puntos fronterizos se encuentran con estaciones migratorias completamente llenas, albergues que comienzan a estar cada vez más saturados y una inasistencia completa a sus necesidades básicas. Tenemos el ejemplo de la plaza, donde no hay ningún espacio habilitado y las personas se asentaron de manera improvisada”.
A la falta de respuesta por parte de las instituciones mexicanas para proporcionar a estas personas las condiciones dignas de refugio, se suma el temor y la desinformación. Debido a la acumulación de grupos en la plaza, se habilitó en el polideportivo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un espacio para que fueran a pasar la noche, pero a raíz de los rumores y el miedo que sienten de que los separen o devuelvan a sus países de origen, muchas personas decidieron mantenerse juntas en la plaza. Entre ellas hacen rondas por la noche para resguardarse y evitar quedar al asecho del crimen organizado. Sin embargo, MSF ha conocido casos de violencia, secuestro y extorsión.
El Instituto Nacional de Migración, ubicado justo en frente de la plaza, afirma que puede dar a las personas permisos escritos por permanencia de 30 días en México. Sin embargo, esta acción está sujeta a que las personas demuestren que tienen el dinero del transporte para retornar a sus países. Hasta el momento, fuera de los servicios médicos que ofrece Médicos Sin Fronteras y de la comida y actividades lúdicas ocasional de unas comunidades religiosas, ninguna organización está presente.
“Las necesidades más agudas se presentan en el parque por la falta de asistencia. Estamos dando atención primaria en salud a menores, mujeres y prestando urgencias médicas. Cuando detectamos sintomatologías respiratorias o sospecha de casos de COVID-19, notificamos a la jurisdicción de salud, quien se encarga de hacer la prueba rápida. Asimismo, hacemos atención en salud mental, con actividades de psicoeducación, de corte grupal y también individual. Apoyamos con trabajo social dando orientaciones jurídicas y administrativas. Hacemos, además, promoción de salud para sensibilizar y prevenir enfermedades, así como entrega de kits de higiene básicos de primera necesidad”, agrega Silva.
El aumento de menores y su alta exposición a la violencia, al estar en la calle, es una de las grandes preocupaciones de la organización. Hay niños y niñas que han sido separados de sus familiares pero que tampoco encuentran lugar en las entidades encargadas de protegerlos como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o los Centros de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), porque ya están sobrepasadas. Muchos se quedan sin dónde resguardarse, cada vez más vulnerables.
“En una de las intervenciones grupales que realizamos en el polideportivo -cuenta Karla Villalpando, supervisora de los equipos de salud mental de MSF- un niño manifestó sus sentimientos de dolor con su dibujo: un corazón roto. Decía que sentía que había perdido a sus abuelos, su escuela y su vida. A raíz de ese dibujo los demás niños y niñas hicieron trazos parecidos. Muchos dicen que no entienden por qué están allí”.
Entre las personas más vulnerables también se encuentra la población LGBTIQ+. En Matamoros hay un albergue, donde trabaja MSF, que solo recibe a esta población para ofrecerles mayor tranquilidad y seguridad. Todas han sufrido violencia repetida y casi ninguna cuenta con redes familiares. En su comunidad, las rechazaron y violentaron al enterarse de su orientación sexual.
“Durante las sesiones grupales, un hombre llamó mi atención. Estaba muy callado. Comenzamos a hablar y me contó que es ingeniero mecánico y tenía un trabajo, pero que lo había perdido después de ser violentado en Matamoros. Dos personas lo metieron a una camioneta y lo golpearon. Lo agredieron diciéndole: ‘a ver si con esto se te quita lo maricón. A ver si con esto te vas de nuestro país’. Después del secuestro, logró escapar y llegar al albergue. Esto fue en febrero y hasta hace dos semanas no salía de allí. No podía bajar las escaleras del miedo. Empezó a vestirse con ropa holgada, a cubrirse la cara y el pelo con una gorra. Comenzó a tener pensamientos suicidas. Ya no tenía redes de apoyo en su país de origen, Nicaragua, y sus compañeros se fueron. En ese momento, trabajamos con lo más urgente que eran sus pensamientos suicidas y contactamos a algunas redes de apoyo. Llevamos cinco sesiones y está mejor. Por lo menos ya pudo salir”, explica la psicóloga Ximena de la Garza.
En el último mes, MSF ha identificado diagnósticos que van relacionados con trauma complejo y depresión, que se manifiestan en las personas con dificultad para dormir, ansiedad, hipervigilancia, producto de lo que obligó su desplazamiento y el contexto mismo donde se encuentran ahora. También ha registrado dolores osteomusculares, infecciones de la piel y respiratorias. Casos relacionados con enfermedades crónicas, principalmente hipertensión arterial y algunos casos de mujeres en embarazo o que han tenido recientemente sus bebés y necesitan atención prenatal o postnatal.
Esto solo puede agudizarse más, si el fenómeno de la deportación continúa. En puntos como Reynosa y Matamoros, donde MSF es testigo de la falta de asistencia y de la ausencia de protección de cientos de personas, pero sobre todo de menores, la situación humanitaria es crítica.
Es por estos motivos que Médicos Sin Fronteras insta urgentemente al gobierno mexicano a reforzar la respuesta institucional, y a atender a las necesidades humanitarias de la población migrante. Asimismo, el trabajo de incidencia de MSF se enfoca en abogar en Estados Unidos y los países de la región por políticas migratorias que se centren en asegurar una migración digna y segura.
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