El sismo registrado en Colombia esta semana puso nuevamente de manifiesto la importancia de contar con normas de construcción adecuadas y, sobre todo, de garantizar su cumplimiento, además de atender los edificios que permanecen dañados desde los terremotos de 2017, señaló Sergio Alcocer Martínez de Castro, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y Premio Nacional de Ingeniería Civil 2023.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el especialista explicó que el terremoto ocurrió en una de las zonas sísmicas más activas de Colombia, en una región de alta complejidad tectónica donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe.
A diferencia de los sismos de subducción habituales en la costa del Pacífico mexicano, explicó, el movimiento ocurrió por un desgarre de la placa de Nazca, asociado con un cambio en la penetración e inclinación de esta placa debajo de la Sudamericana.
Alcocer señaló que, a partir de videos y fotografías, se observaron daños en estructuras de concreto y mampostería, materiales ampliamente utilizados tanto en Colombia como en México. Una parte de las edificaciones afectadas, indicó, corresponde a construcciones no ingenieriles o de autoconstrucción, mientras que otras fueron diseñadas y construidas décadas atrás, cuando todavía no incorporaban las características sismorresistentes que actualmente se consideran necesarias.
“Los reglamentos de construcción no son lineamientos de carácter optativo, no son guías para que se desarrollen los diseños, sino incluyen una serie de requisitos mínimos que de manera obligatoria se deben de cumplir”, sostuvo.
De acuerdo con los últimos datos, el saldo del sismo en Colombia es de 250 personas fallecidas y unas 200 desaparecidas. Para dimensionar esas cifras, Alcocer recordó los terremotos ocurridos en México en septiembre de 2017, entre ellos los de Tehuantepec y Puebla-Morelos.
El investigador destacó que Colombia cuenta con un reglamento sismorresistente desde 1983-1984 y con un grupo de ingenieros especializado en la materia. Sin embargo, consideró que los recientes sismos registrados tanto en Colombia como en Venezuela muestran la necesidad de que las normas de diseño y construcción sean claras, puedan ser interpretadas adecuadamente por los profesionales y, principalmente, sean observadas.
Panteó que la regulación debe ir acompañada de mecanismos de inspección y supervisión. En el caso colombiano, explicó, la normativa tiene una fuerte influencia de las normas estadounidenses, que requieren criterios de inspección y supervisión cuidadosos.
El problema, añadió, surge cuando se adoptan criterios elaborados para países con condiciones socioeconómicas distintas. “Y aquí es donde muchas veces nos falla en países como los nuestros, en donde tratamos de adoptar criterios de otros países que tienen realidades socioeconómicas, realidades, por ejemplo, en términos de inspección distintas y se nos dificulta la aplicación propiamente de estos reglamentos”, explicó.
Uno de los principales ejemplos es la autoconstrucción. El acceso desigual a los servicios de ingenieros y arquitectos lleva a algunas familias a contratar a maestros albañiles de la zona, quienes no necesariamente cuentan con la preparación necesaria para construir viviendas resistentes a los sismos.
Para Alcocer, esta situación muestra que la vulnerabilidad estructural no puede abordarse únicamente desde la ingeniería, pues también está relacionada con desigualdades socioeconómicas. Por ello, consideró necesario que ingenieros, funcionarios públicos y autoridades académicas trabajen de manera coordinada, entre otras cosas, en la formación de nuevos profesionales.
El fenómeno de la autoconstrucción, señaló, está profundamente arraigado en países como Colombia, Venezuela y México, por lo que también se requieren programas permanentes para evaluar y rehabilitar edificaciones.
Colapso en Viaduacto
Alcocer también se refirió al colapso ocurrido el martes de parte de un inmueble abandonado en la Ciudad de México, que afectó carriles del Viaducto. Explicó que el edificio estaba señalado para ser demolido y que el colapso pudo haberse producido durante el proceso de demolición, mientras se realizaban trabajos en el lugar.
El especialista advirtió que en la capital todavía existen edificios que resultaron dañados por los sismos de 2017 y que no han sido rehabilitados.
Entre los obstáculos se encuentran problemas legales relacionados con inmuebles bajo régimen condominal. Explicó que, en algunos casos, basta con que uno de los propietarios se oponga a la rehabilitación para impedir que se realicen los trabajos.
Mencionó como ejemplo un inmueble cercano a Parque España donde todavía viven algunas personas pese a que el edificio presenta daños.
“Esto otra vez nos llama la necesidad de adaptar las políticas públicas y las normas de la ciudad para lograr una mayor resiliencia de la propia ciudad, y lograr que edificios que se encuentran en condiciones como el que cayó el día de ayer, se puedan intervenir, ya sea rehabilitar, si es el caso, o bien demoler y poder aprovechar el terreno para otro tipo de usos”, planteó.
El investigador consideró necesario identificar los edificios con mayor probabilidad de sufrir daños y determinar cuáles pueden ser intervenidos de manera costoefectiva, de modo que se reduzca el riesgo de colapso y, con ello, de pérdida de vidas.
Para ello, dijo, se requieren políticas públicas a nivel de alcaldías y ciudades que incentiven a los propietarios, principalmente privados, a evaluar y eventualmente rehabilitar sus inmuebles. También se debe considerar el costo que tendría no intervenirlos, una lección que, señaló, México aprendió con los sismos de 1985 y 2017.
Foto: Cuartoscuro
Lo que México aprendió después de 1985
Alcocer ubicó el terremoto de 1985 como un punto de quiebre para la regulación de la construcción en México. Explicó que en ese momento estaba vigente una norma de 1976 que seguía las tendencias internacionales, pero que existía una desconexión entre el comportamiento esperado de las estructuras conforme a la norma y el comportamiento que realmente podían alcanzar los edificios diseñados bajo esos criterios.
“Esto nos llevó duramente a aprender esta falta de correlación dentro de la propia norma”, señaló.
Después del terremoto se expidió una norma de emergencia y posteriormente un reglamento en 1987, con el que se corrigieron los defectos identificados en la regulación de 1976.
Desde entonces, explicó, México aprendió que los reglamentos de construcción son fundamentales para alcanzar condiciones mínimas de seguridad, pero también que su existencia no garantiza por sí misma que los edificios sean seguros.
“Y es preferible tener un reglamento sencillo, quizás no necesariamente muy complejo, muy completo, pero que se observe, a tener un reglamento muy elaborado, muy completo en términos de sus requisitos, pero que no se observe, que no se siga”, afirmó.
El reto para quienes elaboran las normas, agregó, consiste en encontrar un equilibrio entre la cantidad de requisitos y los avances técnicos disponibles, frente a aquello que realmente puede aplicarse en la práctica y que puede ser interpretado correctamente.
México también mejoró la calidad de los materiales, de la construcción y de la inspección. Sin embargo, el sismo de 2017 volvió a mostrar problemas que ya habían sido identificados décadas atrás, tanto en edificios construidos antes de 1985 como en algunos posteriores.
El especialista destacó la importancia de la configuración estructural de los edificios. Señaló que deben privilegiarse construcciones lo más simétricas posibles, sin salientes ni cambios bruscos de altura o de dimensiones en columnas y otros elementos estructurales.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Esto, apuntó, requiere un diálogo permanente con los arquitectos, pues la seguridad estructural debe coexistir con la creatividad y funcionalidad de los proyectos.
“Nosotros no queremos de ninguna manera inhibir la creatividad y el desarrollo de edificios bellos, funcionales, pero sí también le tenemos que salvaguardar y es nuestra responsabilidad la vida humana”, expresó.
Construcción y mantenimiento
Alcocer subrayó que la calidad de la construcción es determinante para el comportamiento final de un edificio. Por ello, dijo, no debe aceptarse una reducción en la calidad respecto de lo establecido en las memorias de cálculo y los planos de construcción.
La experiencia acumulada también llevó a considerar el comportamiento de los edificios desde una perspectiva de ciclo completo: desde la planeación y el diseño hasta la construcción, operación y mantenimiento.
Los sismos de 2017 mostraron, explicó, que la falta de mantenimiento también puede contribuir al mal comportamiento de una estructura. Entre los problemas identificados mencionó humedades y juntas de construcción obstruidas con cascajo, lo que provocó deterioro de materiales o golpeteo entre edificios. “Todo esto lo hemos venido aprendiendo y lo hemos tratado de incorporar en las normas”, dijo.
El investigador agregó que participó en el desarrollo de una ley de construcciones para la Ciudad de México, a partir de una solicitud que le hizo en su momento Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno y actualmente presidenta de México.
Explicó que esa legislación busca reconocer las atribuciones de los distintos actores que participan en los proyectos de construcción y establecer sus facultades y responsabilidades. En ese proyecto, señaló, colaboró también el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
Aunque consideró que México ha avanzado en materia de seguridad estructural, insistió en la necesidad de mantener la calidad tanto en el diseño como en la construcción de las edificaciones.
Desalación y fracking
El investigador también habló sobre un proyecto en el que participó relacionado con la desalación de agua de mar mediante energía renovable. Explicó que el objetivo era proporcionar agua para consumo humano a comunidades pequeñas y medianas, principalmente en zonas costeras del Pacífico mexicano.
Trabajó en ese proyecto con el especialista Gerardo Uriarte, quien había laborado en la Comisión Federal de Electricidad, y señaló que algunas de las tecnologías desarrolladas llegaron a utilizarse en Los Cabos.
Respecto del fracking, Alcocer señaló que desde el punto de vista técnico está demostrado que es posible extraer gas mediante esta técnica, pero consideró necesario analizar el balance entre los recursos hídricos disponibles, el tratamiento del agua y la inversión requerida.
En México, explicó, existen condiciones distintas a las de Texas, en Estados Unidos, entre ellas la necesidad de construir una red de caminos e infraestructura básica para respaldar el desarrollo de este tipo de explotación.
Ese costo tendría que ser asumido por el Estado mexicano, por ejemplo a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), o trasladado a las empresas que participen en las explotaciones, lo que tendría un efecto sobre la competitividad de los proyectos.
También señaló que especialistas en hidrogeología han planteado la posibilidad de utilizar agua que no sea para consumo humano y reciclarla, mediante el uso de aditivos que permitan reducir de manera importante el consumo del recurso.
Alcocer aclaró que, si bien no es especialista en fracking, sigue con interés las discusiones que se desarrollan en la Academia de Ingeniería sobre este asunto y mencionó que un grupo de alrededor de 40 o 50 personas conocedoras del tema analiza la cuestión.
Sobre la posibilidad de que el fracking genere sismos, explicó que Texas ha registrado en determinadas épocas una mayor cantidad de movimientos asociados con la extracción de gas.
“Son temblores muy chiquititos que no afectan, pero digamos en términos de la preocupación que pueda generarse en la población, pues sí puede generar algunos temblores, pero son temblores de carácter muy local que habrá que considerar”, concluyó.