El PSOE y Unidas Podemos quieren introducir un cambio en la nueva ley de educación, la Lomloe ―en tramitación parlamentaria― para que los estudiantes únicamente puedan repetir dos veces en toda la educación obligatoria (hasta los 16 años). Así lo han anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados los portavoces de educación de ambos partidos, que han consensuado con la ministra del ramo, Isabel Celaá, más de 100 enmiendas respecto al texto inicial, aprobado en Consejo de Ministros el pasado marzo. La ley vigente, la Lomce (aprobada por el PP en 2013), contempla la posibilidad de repetir un máximo de tres veces: una en primaria y dos en secundaria. La novedad, en caso de que la enmienda salga adelante con mayoría de votos, será que los alumnos solo podrán repetir un máximo de dos veces, ya sea una en primaria (de 6 a 12 años) y otra secundaria obligatoria (de 12 a 16), o dos en secundaria (en el caso de aquellos que hayan superado la primaria con éxito).
Este miércoles se ha cerrado definitivamente el plazo de presentación de enmiendas a la Lomloe, tras 16 prórrogas a petición de los partidos de la oposición y de colectivos ligados al sector educativo. La primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde a la Lomloe, la octava ley educativa de la democracia, fue el 15 de febrero de 2019, el mismo día que anunció la fecha de unas nuevas elecciones. El pasado junio, ya iniciado el trámite de la ley en el Congreso, se votaron las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox, que no salieron adelante.
“España tiene que reducir la tasa de abandono escolar temprano y para ello hay que tomar medidas como reducir la repetición escolar”, ha asegurado en rueda de prensa María Luz Martínez Seijo, portavoz de educación del Grupo Socialista en el Congreso. En España, el 29% de los estudiantes de 15 años estaba repitiendo algún curso de la ESO en 2018, frente al 13% de media de los países de la Unión Europea.
Otra de las grandes novedades es que los socios de Gobierno quieren dar mayor autonomía a los centros educativos, de forma que decidan el 10% del contenido curricular. En el texto inicial de la Lomloe se contemplaba volver a la fórmula recogida en la Loe (ley aprobada por el PSOE en 2006), por la que el Gobierno central decidía el 55% de los contenidos curriculares en las regiones con lengua cooficial y el 65% en las demás, dejando el resto del temario en manos de los Gobiernos autónomos. Ahora se tendrá que definir cómo se articula ese 10% extra para los centros; si se resta al Estado, a las regiones o se reduce a ambos.
Más oferta de plazas en la red pública
Dentro de su apuesta “decidida” por la educación pública, que el portavoz de educación de Unidas Podemos, Javier Sánchez, ha considerado “el eje vertebrador del sistema”, se incluirá en al artículo 109.5 un nuevo punto que establece el “compromiso” de incrementar la oferta de plazas en la red de centros públicos, con el objetivo de acabar con la “anomalía” que se da en España entre la red pública y la concertada ―privadas subvencionadas donde estudia un 25% de los estudiantes de enseñanzas no universitarias de todo el país―. “Había que corregirlo reforzando la red pública y homologándonos con el resto de países europeos”, ha expuesto Sánchez. De esta forma, se acabaría con la llamada “demanda social”, contemplada en la Lomce (PP), según la cual la oferta de plazas debe regirse por la preferencia de las familias entre la red pública o la concertada. A ese compromiso, se suma el de ofertar “plazas suficientes” en la red de centros de infantil de cero a tres años que “eviten los procesos privatizadores de la última década”, ha precisado el portavoz de Unidas Podemos.
Además, otra de las enmiendas contempla la puesta en marcha de una “nueva política de escolarización” que permita una distribución más equilibrada del alumnado con necesidades de apoyo educativo entre las dos redes. En la actualidad, los alumnos de primaria con necesidades especiales representan el 2,3% en la concertada frente al 3,7% de la pública. En secundaria, la diferencia es menor; un 2,7% en la subvencionada y un 2,8% en la pública. “Vamos a luchar contra la segregación escolar que ha aumentado 13 puntos en la última década”, ha añadido Javier Sánchez, que ha considerado que el sistema educativo como ascensor social está averiado. “Los datos nos muestran que los niños con recursos en casa, con habitación propia, libros, o padres con estudios superiores tienen hasta cinco veces más probabilidades de tener éxito académico”. Los centros públicos matriculan al 79% de alumnos inmigrantes frente al 14,1% de la concertada.
Ningún centro que segregue por sexo
Aunque sin explicar la medida concreta, el portavoz de Unidas Podemos ha anunciado que alguna de las enmiendas incluirá que “no haya ningún centro financiado con fondos públicos que segregue por sexo”. En cambio, en el texto inicial de la Lomloe solo se recogía que “en los procesos asociados a la obtención y mantenimiento de unidades concertadas” se daría “prioridad” a aquellos centros con proyectos de coeducación que no separen al alumnado por su género. En ningún punto se contemplaba su exclusión de la financiación pública.
Las enmiendas del PP: el castellano como lengua vehicular en toda España
El grupo parlamentario popular considera que la Lomloe “no da respuesta a los desafíos que tendrán que afrontar las nuevas generaciones”. Entre las 156 enmiendas que han presentado en el Congreso este miércoles, proponen que el castellano sea la lengua vehicular en toda España, y que en las comunidades en las que haya lenguas cooficiales se implante el trilingüismo (inglés, castellano y lengua cooficial). Otra de las medidas contempla reforzar la Alta Inspección Educativa para acabar con el “adoctrinamiento” sobre los alumnos “que en comunidades autónomas donde hay partidos nacionalistas gobernando” (en alusión a Cataluña). Además, en otra enmienda defienden que a la hora de planificar la oferta de plazas escolares primer la “libertad de elección de las familias”, de forma que la Administración provea plazas suficientes tanto en la red pública como en la concertada. Respecto a los contenidos que deben aprender los alumnos, consideran que el Gobierno central debe fijar el 65% del currículum en todas las comunidades autónomas, independientemente de que tengan lengua cooficial o no. También reclaman la gratuidad de la enseñanza para niños de 0 a 3 años.
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