El debate sobre la regularización del uso del cannabis se ha abierto con fuerza en el Congreso de los Diputados. En pocos días, el PSOE se ha encontrado con una ofensiva de socios y aliados parlamentarios para exigir una ley que despenalice el consumo de esa sustancia. Las iniciativas han partido de la izquierda, pero van más allá de ese campo ideológico. Ciudadanos ha reclamado al PSOE y al PP romper “de una vez por todas” con lo que considera “un tabú”. Los socialistas, sin embargo, se muestran reacios.
Primero fue el socio minoritario del Gobierno. Unidas Podemos anunció el pasado viernes la presentación inminente de una proposición de ley para regular el consumo de los derivados del cannabis, no solo con fines terapéuticos sino recreativos. La formación izquierdista aboga desde hace tiempo por esa medida —”estoy absolutamente a favor”, llegó a declarar su fundador, Pablo Iglesias— y en 2018, cuando aún no había llegado al Gobierno, incluso organizó unas jornadas al respecto en el Congreso. “Se trata de dar seguridad jurídica a una realidad que ya existe”, comentó la diputada Lucía Muñoz al anunciar la iniciativa.
A Unidas Podemos ya se la han adelantado sus antiguos compañeros de Más País. Y al mismo tiempo ERC ha anunciado una iniciativa similar. Entre estos grupos hubo contactos con el propósito de presentar una propuesta conjunta, que al final no han fructificado, según reveló la diputada de ERC Marta Rosique, pese a las coincidencias entre ellos sobre las líneas generales de lo que debería ser el marco legal para regularizar el consumo de esta sustancia.
El grupo de Íñigo Errejón se ha apresurado a dar el paso y registró este martes su proposición de Ley Integral del Cannabis, encabezada por este artículo primero: “La ley reconoce el valor y el carácter universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta cannabis sativa L en todas sus variedades”. Se trataría, según Errejón, de la “ley más avanzada de Europa”, lo que, según él, volvería a situar a España a la vanguardia del reconocimiento de ciertos derechos como ya ocurrió en su día con el matrimonio igualitario. Más País pretende regular el autocultivo, la compra, el transporte, la publicidad, el etiquetado, el consumo y el cultivo profesional. La droga, ya legalizada, estaría gravada con un impuesto especial del 35% que, según los cálculos de los promotores de la iniciativa, permitiría al Estado recaudar unos 3.000 millones de euros al año. “Es obviamente más seguro el consumo de una sustancia regulada por el Estado que por el mercado negro”, afirmó Errejón.
Este último es el argumento más repetido por todos los defensores de la medida. “La alternativa al mercado negro es el autoconsumo y las asociaciones de consumidores”, defendió Lucía Muñoz, de Unidas Podemos. Esa fue también la razón principal esgrimida por ERC, uno de los aliados habituales del Gobierno en el Congreso. “Lo primero es acabar con este mercado existente ilegal y descontrolado”, afirmó el portavoz del grupo catalán, Gabriel Rufián. Esquerra, como los demás grupos, sostiene que su propósito no es fomentar el consumo, sino lo contrario. Rufián coincidió con Errejón en que la situación de ilegalidad actual, que deja la distribución de esa sustancia en manos de mafias, más que disuadir, empuja a consumarla.
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En el Congreso ya hay en marcha otra vía para regular ciertos usos del cannabis, aunque de alcance mucho menor que las ahora anunciadas y sin un plazo temporal para ponerla en marcha. El pasado junio, a iniciativa del PNV la Cámara aprobó crear una subcomisión de estudio con la vista puesta en legalizar el consumo de esa droga con fines terapéuticos. La subcomisión, que aún no ha empezado sus trabajos, se proponía escuchar sobre todo a médicos y otros especialistas antes de formular una propuesta. Entonces solo los dos grupos de la derecha, PP y Vox, se opusieron frontalmente. Pero la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, mostró sus reticencias y señaló que los usos medicinales de la droga no están comprobados de modo fehaciente.
Ahora, el PSOE ha vuelto a reaccionar con recelo ante la presión cada vez mayor de socios y habituales aliados parlamentarios. El portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, se remitió a los resultados que ofrezca esa subcomisión antes de abordar la elaboración de una ley. “Nos emplazamos a trabajarlo y avanzar en los acuerdos que se puedan plantear en ese campo”, se limitó a decir Gómez, pese a que las proposiciones ya presentadas o en preparación van mucho más allá de ese grupo de trabajo que se centrará únicamente en las posibles aplicaciones terapéuticas.
En este asunto, curiosamente Ciudadanos se muestra más próximo a las posiciones de los grupos más a la izquierda que los propios socialistas. El portavoz de esa formación, Edmundo Bal, recordó que ya hace tiempo que planteó en el Congreso su legalización con fines medicinales. Pero también está dispuesto a sumarse a las propuestas de Unidas Podemos, Más País y ERC. Bal reprochó a PSOE y PP que en este asunto se hayan aferrado a un “tabú”. “Hipocresía”, lo había llamado poco antes Errejón.
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