Huexca representa la oportunidad de romper de una vez por todas con los intentos por parte de empresas externas de provocar nuestra dependencia hacia el gas natural, escribe Elena Burns.
Por Elena Burns*
Tenemos el corazón en la boca frente a un desastre anunciado a punto de estallar. Durante los pasados treinta años los derechos a nuestras aguas, minerales y fuentes de energía han sido cedidos a intereses externos. Una maraña de gasoductos va penetrando el país desde los campos de fracking en Texas para convertirnos en adictos al gas “natural”, con miras a que acabemos dependiendo del frackeo de nuestras propias rocas madre. Todo esto en un planeta cuyo calentamiento está llegando al punto de no retorno.
Sin embargo, emergen señales de esperanza: en todo el país, los pueblos se movilizan para defender el territorio de dinámicas destructivas; nuestros nuevos gobernantes empiezan a cuestionar los megaproyectos concebidos en un ámbito de profunda corrupción; y por fin la energía solar está a nuestro alcance. Huexca, en las tierras de Zapata, podría ser el lugar en donde le demos vuelta a la actual carrera hacia la ruina.
Desde las primeras noticias del proyecto en 2012, los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala han estado sacrificándose para mantener plantones y litigios frente a los daños e irregularidades de la termoeléctrica así como el gasoducto, el acueducto y los proyectos mineros que la rodean. Su lucha a favor de la vida, lucha que se repite a lo largo del continente desde Standing Rock hasta Chubut (que se declaró libre de la minería en la Patagonia), recibe cada vez más apoyo con cada huracán, sequía, incendio o inundación que nos azota.
Afortunadamente, en México tenemos un nuevo gobierno que fue elegido con el mandato de recuperar la soberanía, sobre todo en el campo de los energéticos. Hoy este nuevo régimen enfrenta un enorme dilema: ¿qué hacer frente a las inercias y los intereses incrustados? ¿Cómo dar vuelta a tiempo al Titanic? Específicamente ahora: ¿Qué hacer con la planta termoeléctrica en Huexca y sus acueductos y gasoductos, impuestos a través de la represión y sin consulta, en flagrante violación del Ordenamiento Ecológico por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl y su zona de Influencia?
Huexca representa la oportunidad de romper de una vez por todas con los intentos por parte de empresas externas de provocar nuestra dependencia hacia el gas “natural”, 70% del cual es importado y 67% del cual proviene del fracking, a través de la siembra de plantas termoeléctricas por todo el país, las cuales ya consumen uno de cada 20 litros de nuestro suministro de aguas nacionales.
Primero tenemos que determinar si se requiere de esta energía eléctrica adicional. En su discurso en el Senado el 14 abril 2014, el entonces senador Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, cuestionó la razón de ser de esta planta y su gasoducto: “Según las cuentas públicas 2009-2010 de la Auditoría Superior de la Federación, en México el margen de reserva por exceso de producción de energía es del 50 por ciento, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables que son de 18 por ciento, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de la obra que atenta en contra de los pobladores de la región Ixtla-Popo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes”. De hecho, la planta fue construida más bien para dar pie a proyectos mineros (grandes consumidores de energía eléctrica) e industriales, los cuales no se han materializado por oposición local y por falta de interés de inversionistas.
En segundo lugar, hay que ver si es sensato “tirarle buen dinero al malo”. Aunque la empresa española Abengoa recibió 22 mil millones de pesos por construir la planta de 585 kilovoltios-hora de potencia, esto es solo una fracción de los 100 mil millones de pesos que costaría operarla y mantenerla durante los 30 años de su vida útil, recurso que se destinaría a las empresas españolas Elecnor y Enégas, concesionarias del gasoducto que surtiría la planta.
Afortunadamente, el costo de plantas de energía solar ha estado bajando dramáticamente—80% en los pasados ocho años, de tal modo que en la última subasta de energías limpias en noviembre 2017 se logró un costo de $20.57 pesos por kilovatio-hora, el más bajo del mundo. Esto significa que si realmente se requiriera, se podría construir, operar y mantener una planta solar de la misma capacidad de la termoeléctrica de Huexca durante 30 años por tan solo $60 mil millones de pesos, $40 mil millones menos de lo que costaría operar la termoeléctrica de Huexca.
La energía solar en manos de una sólida administración pública no solo prevendría daños a la salud y las vidas al no ubicar gasoductos y una planta termoeléctrica en zona sísmica y volcánica, sino que nos permitiría superar la dependencia hacia empresas extranjeras. Evitaría la emisión de 37 millones de toneladas de CO2, así como el desvío y contaminación de casi 8 mil millones de litros de agua al año, requeridos para la agricultura local. Posibilitaría ir construyendo en etapas según nuestras necesidades, en donde más se requiere, con precios que seguirán bajando. Las utilidades generadas serían a favor de la Nación, para empezar a reconstruir nuestro patrimonio, despilfarrado durante los últimos sexenios.
El 11 febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador y el lic. Manuel Bartlett Díaz anunciaron que buscarán fortalecer a la CFE como ente público, con ajustes a los contratos “leoninos” firmados por funcionarios anteriores, los cuales serán investigados por la Fiscalía General de la República. Con este tipo de acciones, se podrá superar las inercias y los errores del pasado.
Que se levante el sol sobre Huexca.
*Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, UAM