En una carta abierta, Amnistía Internacional México pidió al gobernador de Oaxaca apoyo para salvaguardar la integridad física de las activistas, ya que han recibido amenazas.
Por amenazas en contra de Consorcio Oaxaca, organización que promueve los derechos de las mujeres y la igualdad de género, Amnistía Internacional México solicitó a Alejandro Murat Hinojosa proteger la vida e integridad física de las integrantes del colectivo.
En una carta dirigida este lunes al gobernador de Oaxaca, el organismo internacional lo llamó a ejercer su autoridad para la protección de personas defensoras de derechos humanos, y llevar a cabo dichas diligencias bajo la perspectiva de género.
“Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que el 15 de junio del presente año, se encontró una bolsa que contenía restos de lo que parecía ser la cabeza de un animal, junto con una nota atribuida presuntamente a un grupo del crimen organizado, en la puerta de las instalaciones de Consorcio Oaxaca”, señala el documento firmado por Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El incidente se produjo en el marco de las demandas de justicia de dicha organización por el feminicidio de la periodista María del Sol Cruz Jarquín, explica Reneaum Panszi.
“Dicha situación también ocurrió en un contexto de intimidación, violencia y asesinatos de los que son objeto las defensoras de derechos humanos en México”, señala la carta. “De enero a mayo de 2020, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registró 128 agresiones contra personas defensoras, de las cuales 52 fueron contra mujeres y una dirigida a una persona transgénero”.
Explica que Oaxaca es la segunda entidad con mayor incremento de situaciones de riesgo en contra de defensoras y defensores, particularmente en el periodo de contingencia por la propagación de virus SARS-CoV2, con 13 agresiones contra dicha población desde el 15 de marzo de 2020, día en que se decretó la Jornada de Sana Distancia.
“El nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en Oaxaca es inquietante”.
Afirma que existen riesgos diferenciados que enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres.
Se enfrentan a amenazas adicionales relacionadas con estereotipos de género arraigados y las percepciones sociales de las mujeres, como lo han expresado integrantes de la comunidad internacional en México, como Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, quienes también se han pronunciado por el caso de Consorcio Oaxaca.
“El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de garantizar la protección de las defensoras contra las violaciones cometidas, así como adoptar medidas para prevenir agresiones futuras y tomar medidas de protección y/o reparación en respuesta a las violaciones ya ocurridas”, concluye el documento.