Por primera vez en un país europeo, llega a un Parlamento una propuesta para dotar de personalidad jurídica a un ecosistema, como si fuera una persona o una empresa. Este martes se ha presentado en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha recogido más de 600.000 firmas para dotar de derechos propios al mar Menor, la valiosa y amenazada laguna murciana. Es el primer paso de un proceso parlamentario que debe decidir ahora si esta propuesta se convierte realmente en ley y, aunque en esta fase no es vinculante todavía la postura de los partidos, la propuesta ha contado con los apoyos de todas las formaciones parlamentarias presentes en el hemiciclo, excepto de Vox.
“Traigo un mandato de más de medio millón de españolas y españoles”, se presentó hoy como compareciente en la comisión del Congreso Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y principal impulsora de la propuesta, que aseguró que esta iniciativa es una respuesta de la ciudadanía a “los graves daños ecológicos” que sufre este ecosistema y a “la falta de eficacia de las normas jurídicas actuales y la inacción de poderes públicos” para defenderlo.
Como incidió la profesora, hasta ahora “se ha considerado al mar Menor como un objeto para su explotación económica sin límites” y la propuesta ciudadana busca convertirlo en sujeto de derechos para que cualquier ciudadano pueda acudir a los tribunales en su defensa. Un cambio en el ordenamiento jurídico que la compareciente confrontó con el otorgamiento en el pasado de derechos a las mujeres, los niños o los indígenas, que en el caso de los ecosistemas no tiene precedentes en España o en Europa, pero sí en otros lugares del mundo, como el río Atrato de Colombia o el río Whanganui de Nueva Zelanda.
Este primer trámite en el Congreso era solo la presentación y no se decidía nada, pero ha servido para mostrar el apoyo de partida de todos los grupos parlamentarios a la iniciativa, a excepción de Vox. Como explica Juan López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la propuesta para dotar de derechos propios al mar Menor debe ir ahora al Pleno del Congreso y es ahí donde se votará si se tramita o no como proyecto de ley. En caso afirmativo, entonces comenzaría la tramitación habitual para aprobar una ley, volviendo a la Comisión para comenzar el proceso desde cero, incluida la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.
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Antes de recurrir a la recogida de firmas para conseguir que se debatiera en el Congreso, los promotores intentaron sacar adelante la propuesta en el Parlamento regional de Murcia sin que se les hiciera mucho caso. Sin embargo, en Madrid el recibimiento ha sido muy distinto, logrando el apoyo inicial incluso del grupo parlamentario popular, a pesar de tener que escuchar este martes en la comisión duras críticas por la inacción de los gobiernos del PP de la región a la hora de proteger este ecosistema. Eso sí, el popular Juan Luis Pedreño, advirtió en la comisión que los ataques a su formación pueden ralentizar una tramitación que ya de por sí suele alargarse mucho en el caso de las iniciativas legislativas populares.
Con todo, lo cierto es que, a excepción de Vox, todos los grupos parlamentarios tuvieron buenas palabras para una iniciativa que ha conseguido superar con creces las 500.000 firmas necesarias para llegar al Congreso. “Hay que dar la enhorabuena a la sociedad civil”, incidió la diputada María Carmen Martínez, representante de Ciudadanos, que se congratuló de ser ella misma una de las firmantes.
En su comparecencia, la profesora Vicente explicó que en caso de que acabe saliendo adelante la propuesta, esta no tendría efectos retroactivos para los daños a la laguna anteriores a la ley aprobada y recalcó que el órgano con la representación legal de este ecosistema mediaría para que los ciudadanos no colapsen los juzgados con denuncias en defensa de los derechos de la laguna. Como resumió, a preguntas de los diputados, dotar de personalidad jurídica al mar Menor supondría acelerar los procedimientos judiciales para su defensa.
Para Juan Luis Soto, portavoz del grupo socialista, esta iniciativa “plantea un cambio en la forma de pensar y en nuestra relación con la naturaleza”. “Los grandes avances siempre vienen de la mano de grandes acuerdos”, destacó. Por su parte, Inés Sabanés, del Grupo Plural, enfatizó en la oportunidad que abre esta propuesta para una reforma del sistema judicial en clave ecológica. “Esta iniciativa supone reconocer que la naturaleza tiene derechos, un cambio muy importante”, señaló.
La única voz discrepante fue la del diputado Luis Gestoso, de Vox, que afirmó que esta iniciativa con más de medio millón de firmas es “un nuevo chiringuito antidemocrático” y “jurídicamente inviable”. Sin embargo, si algo mostró esta primera presentación en comisión, fue la extrema soledad de la formación de Santiago Abascal en su rechazo a reconocer derechos a la naturaleza. “Nunca pensé que iba a salir tan alegre y fortalecida de esta sala”, se despidió la profesora Vicente.
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