La guerra global de tarifas en la que se ha embarcado el presidente Donald Trump registró un nuevo récord de insensatez con el anuncio de que a partir de mañana EE UU impondría una tasa del 5% a todas las importaciones de México. Esta cifra aumentaría hasta un 25% en pocos meses si “el problema de la inmigración ilegal no se remedia”, según amenazó el mandatario en Twitter, su herramienta diplomática favorita. La Administración mexicana envió de forma inmediata a Washington a un nutrido grupo de funcionarios, encabezado por el canciller, Marcelo Ebrard, para tratar de desactivar la mayor crisis entre ambos países en muchos años. En la madrugada de ayer y tras largas horas negociación se alcanzó un compromiso: México reforzará los controles migratorios a cambio de que la tasa no entre en vigor.
Está ampliamente establecido que recurrir a aranceles y otras barreras al comercio suele ser, por lo general, una pésima idea para resolver los diferendos mercantiles entre países. Pero utilizarlos en una cuestión tan compleja y sensible como la inmigración ilegal, que nada tiene que ver con el comercio, para forzar un cambio de política en otro país es una irracionalidad que solo resulta imaginable en el universo Trump.
El Gobierno mexicano se vio sorprendido tanto por el anuncio como por lo perentorio de los plazos. Pero no por el fondo del asunto: el problema que supone tanto para EE UU como para el propio México la gestión del flujo de centenares de miles de emigrantes centroamericanos rumbo al norte, huyendo de la miseria y la violencia que décadas de abandono y Gobiernos corruptos e ineficaces no han hecho más que exacerbar.
Pero, paradójicamente, este ha sido uno de los campos en los que la Administración mexicana ha sabido anticiparse. En los escasos seis meses que lleva en el cargo, el canciller Ebrard ha diseñado un ambicioso Plan Marshall para Centroamérica con la intención de atraer inversiones a la región, favorecer el crecimiento económico y la creación de empleos, y atacar así las causas subyacentes al éxodo migratorio. Pese a algún bandazo inicial y también pese al discurso oficial de bienvenida del presidente López Obrador, las autoridades mexicanas han endurecido los controles: las deportaciones de inmigrantes centroamericanos se han triplicado desde que tomó posesión, hace seis meses.
Si hubieran entrado en vigor, las tasas a las importaciones mexicanas habrían amenazado a ambas economías y, por contagio, al mundo entero. Trump tiene previsto lanzar este mes su campaña para la reelección. No pocos temen, a ambos lados de la frontera, que este haya sido el primer acto de dicha campaña.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
Source link