Las denuncias fueron presentadas por el alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y la diputada Tatiana Clouthier.
La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados dictaminó procedentes las denuncias SEPJP/LXII/028/2013 y SEPJP/LXIV/060/2019 de juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga, titular de Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que resolvió, en definitiva, que es oportuno iniciar el proceso.
Las denuncias de juicio político fueron presentadas por el alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y la diputada Tatiana Clouthier Carrillo.
“De los elementos y datos de prueba aportados por los denunciantes, esta Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos tiene la convicción presuntiva que se ha violado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Particularmente, Rosario Robles habría incurrido en violaciones a los derechos humanos y omisiones de carácter grave en relación con infracciones a la Constitución y a las leyes federales.
Por ello, destaco la Subcomisión en un comunicado de la Cámara de Diputados, se remite el presente dictamen y expedientes acumulados a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y a la de Justicia, a fin de que se ejercite acción de juicio político.
? Las peticiones de juicio político contra Rosario Robles surgieron por diversas irregularidades cuando estuvo a cargo de Sedesol y, posteriormente, de Sedatu, señaló la dip. @Rocio_BarreraB.
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 27, 2019
Se notificará a la Mesa Directiva para los efectos legales conducentes, y se procederá a convocar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y a la de Justicia, remitiéndoles el expediente en el que se actúa para efecto de formular la instancia procesal correspondiente al ejercicio de la acción de Juicio Político, a fin de que previo desahogo de las fases procesales, se dicte resolución definitiva pertinente, por la que sea sancionada en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos la presunta indiciada.