La Cancillería prepara los argumentos que presentará ante la Corte Internacional de Justicia para frenar el hostigamiento del gobierno de facto boliviano a la representación diplomática mexicana en La Paz.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Cancillería, dijo que el gobierno mexicano exigirá ante la Corte Internacional de Justica la imposición de medidas provisionales que impidan al gobierno de facto boliviano ingresar a la sede diplomática de México en La Paz.
Celorio dijo que la solicitud de medidas es el primer paso que dará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para evitar que fuerzas policíacas, militares y de inteligencia bolivianas lleven a cabo una intrusión en la embajada y residencia oficial mexicanas en Bolivia.
“No queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo Celorio en rueda de prensa en la Cancillería.
Añadió que el gobierno mexicana prepara los argumentos con los que defenderá la queja mexicana en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia.
En la misma rueda de prensa, Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, dijo que la SRE ha solicitado a la Canciller del gobierno de facto boliviano abrir un canal de comunicación director y “personal”.
Reyes dijo que desde el 13 de noviembre pasado, cuando Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta de Bolivia, el gobierno de facto anunció una “cacería” de exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.
Sostuvo que, a partir del 15 de noviembre, el gobierno mexicano solicitó a la Cancillería boliviana otorgar salvoconductos para 25 ex funcionarios de la presidencia de Morales a quienes México había otorgado asilo diplomático en su embajada en La Paz.
El 19 de noviembre la Cancillería de Bolivia otorgó solo dos de los 25 salvoconductos solicitudes, dijo Reyes.
El funcionario mexicano añadió que, un día después, la Cancillería mexicano solicitó nuevamente salvoconductos para ocho personas.
Agregó que, sin embargo, el 26 de noviembre, el gobierno de facto respondió a las solicitudes con un reporte en el que notificó que había girados órdenes de aprehensión en contra de cinco de las personas asiladas en la embajada en La Paz.
Reyes sostuvo que, a partir del 23 de diciembre, la residencia oficial de México en Bolivia “amaneció con más de 60 policías militares y civiles y más de 10 vehículos, y la embajada con más de 30 personas y seis vehículos a su alrededor”.
Sostuvo que, ante la presencia policíaca fue que México presentó una queja ante la Organización de Estados Americanos (OEA).