Steven R. Donziger (Florida, 1961) se define como un “prisionero político-corporativo”. “Mi arresto domiciliario es político y está movido por Chevron”, explica por teléfono desde su apartamento en Manhattan, donde una tobillera electrónica geolocaliza sus movimientos desde hace casi dos años. En breve, este robusto hombre de más de metro noventa y formado en Harvard, donde conoció a Barack Obama, podría ser encarcelado.
No hay cómo entender su rocambolesco caso sin antes comprender el complejo proceso legal que enfrenta, desde hace ya 27 años, a Chevron con indígenas y campesinos ecuatorianos. Miles de residentes de la Amazonia sufren desde hace medio siglo los nefastos efectos de la contaminación provocada por la extracción de petróleo en la selva. Esa polución, alegaban las víctimas, se dio durante décadas por parte de Texaco (comprada por Chevron en 2001) y su socio, la empresa nacional de hidrocarburos. En 1993, cuando el agua tóxica y los residuos ya habían contaminado tierra y ríos vitales para las comunidades locales, Dozinger (que hablaba español porque había vivido y trabajado como periodista en Nicaragua) presentó junto a otros abogados una acción civil contra Texaco en Nueva York. La causa no prosperó, pero Donziger y las víctimas llevaron en 2003 el litigio a Ecuador. En el conocido como juicio de Lago Agrio, Donziger no ejerció de abogado, sino de comunicador y lobbista. Su objetivo: sensibilizar a la opinión pública mundial y conseguir financiación para los costes millonarios de una batalla judicial que se anunciaba larga. Fue un nuevo paradigma en la lucha por la justicia socioambiental, afirma Donziger: “Pueblos indígenas de la Amazonia trabajaban como un equipo con graduados de Harvard, donantes internacionales y miembros de sofisticados fondos de inversión”. Él ejercía de punto de unión entre todos.
En 2011, Chevron —que al comprar Texaco había heredado su pasivo— fue condenada por una corte ecuatoriana a pagar 19.000 millones de dólares. Posteriormente, tribunales superiores del país redujeron el monto a 9.500 millones, pero confirmaron la sentencia, que es firme. Por su parte, Chevron acudió en 2018 al tribunal de arbitraje de la Haya alegando que la sentencia había sido obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción” y así cuestionar la imparcilidad de la justicia ecuatoriana. Obtuvo una sentencia favorable que si bien no inhabilitó lo dictado en el país andino, sí manchó el caso. Donziger califica aquella victoria en las cortes ecuatorianas como un hecho histórico y, a la vez, el origen de los “ataques” contra él. “Chevron no solo está tratando de no pagar a la gente que contaminó en Ecuador; está tratando de erradicar la idea de que un caso como este pueda ser reproducido”.
En paralelo al litigio en Ecuador, en 2011 Chevron decidió abrir otro frente judicial, esta vez contra Donziger y en EEUU. Irónicamente, fue el propio Dozinger quien le proporcionó munición. Para dar a conocer el caso, había impulsado el documental Crude, estrenado en 2009 en Sundance, en el que salía retratado como un hombre obsesionado por controlar el mensaje, que montaba circos mediáticos al juez del caso e insultaba a los abogados de Chevron. Sus exabruptos podrían haber quedado en nada si no fuera porque la petrolera —que el año pasado facturó 94.000 millones de dólares— contraatacó por medio de un bufete de abogados de élite, que encontró en el documental un filón. Con base a varias escenas polémicas y aduciendo sospechas de irregularidades, consiguieron que un juez en Nueva York ordenara al director entregar 600 horas de grabación para ver si había pruebas de que Donziger y los abogados ecuatorianos habían infringido la ley para obtener el fallo favorable. En las tomas, el juez halló indicios de fraude y obligó a Donziger a revelar años de comunicaciones vinculadas con el caso. Fue un destape total: sus notas, correos electrónicos y documentos mostraron que había presionado a científicos para exagerar informes ambientales y que se había reunido en secreto con jueces del caso. Uno de los magistrados ecuatorianos declaró en Nueva York, adonde había sido llevado por Chevron, que los demandantes le habían ofrecido medio millón de dólares para escribir la sentencia. Ese juez luego se desdijo, pero el daño ya estaba hecho: el caso Lago Agrio quedó mermado por un supuesto fraude y Donzinger fue inhabilitado el año pasado.
Pablo Fajardo, el abogado ecuatoriano que ganó la causa y ahora lucha para que Chevron abone la sentencia en algún país donde tiene activos, niega irregularidades, pero admite que Donziger, con quien trabajó durante años, cometió errores. “Contribuyó a que Chevron desviara la atención mediática siendo un tonto útil”, dice. “Tuvo una lengua demasiado larga, pero ahora es víctima del sistema de injusticia norteamericano”. No es el único que lo piensa. Amnistía Internacional, varios premios Nobel y actores como Susan Sarandon (que le ha visitado varias veces para dar a conocer el caso) denuncian la vulneración de su derecho a un juicio justo. Sus simpatizantes cuestionan la imparcialidad de los jueces que lo mantienen en arresto domiciliario y sus lazos con Chevron. No es optimista. “El siguiente paso lógico sería meterme en la cárcel”, dice. Mientras tanto, en la selva ecuatoriana, las víctimas siguen clamando por justicia.
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