Luisa María Alcalde afirmó que el próximo secretario general del STPRM deberá ser electo a través del voto como establece la nueva Reforma Laboral.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), afirmó que el próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) deberá ser electo a través del voto libre y secrerto, como establece la nueva Reforma Laboral.
Durante la conferencia matutina, refirió que la dependencia a su cargo, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice también este 2020 conforme a la ley vigente.
Al detallar el estado actual del sindicato petrolero, indicó que el 9 de octubre de 2018, la STPS tomó nota y registró la elección del Comité Ejecutivo Federal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
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Un año y dos meses después, el 9 de diciembre de 2019, la STPS fue notificada de la renuncia de Carlos Romero Deschamps, y Alcalde señaló que ese mismo día la STPS tomó nota del hecho e hizo constar que dicho cargo se encuentra vacante.
Luego, el 11 de diciembre de 2019, el sindicato le transmitió a la STPS la adecuación de sus estatutos conforme al nuevo marco legal para establecer que sus dirigentes deberán ser electos a través del voto personal, libre, directo y secreto.
La Reforma Laboral, que regula, entre otros aspectos, las elecciones de liderazgos dentro de los sindicatos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2018.
“Para ocupar el cargo y regularizar la situación jurídica del sindicato, la actual dirigencia sindical deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante”, precisó la secretaria.
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Explicó que Manuel Limón Hernández ocupa el cargo de secretario de Interior, Actas y Acuerdos con las facultades que le confieren los estatutos del sindicato, derivado que en ese cargo no se presentó una renuncia.
Y aseguró que el sindicato se encuentra realizando las acciones necesarias para regularizar su situación legal para convocar en consecuencia al proceso electoral para secretario general.
Sostuvo que a lo largo del año pasado, la STPS recibió tres solicitudes. La primera, el 23 de enero por parte de Rubén Choreño, quien señaló haber sido electo como secretario general en una convención del 17 de enero de 2019.
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La segunda, el 12 de marzo de 2019, en la cual Mario Rubicel Ross refirió que fue elegido como secretario general en una convención del 16 de diciembre de 2018.
Y la tercera, el 7 de agosto de 2019, en la que Enrique del Ángel Bauza afirmó que fue nombrado como secretario general en una convención del 23 de junio de 2019.
“En las tres solicitudes, los promoventes afirman haber destituido a Carlos Romero Deschamps. Sin embargo, al no haber cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declararon improcedentes”, aseveró.
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Por lo anterior, abundó, “no existe ninguna sentencia de amparo que obligue a la STPS a reconocer como secretario general a alguno de los solicitantes como se ha venido manejando en algunos medios de comunicación”.
Respecto a los avances del nuevo modelo laboral, Alcalde expresó que a la fecha se han adecuado mil 600 estatutos de sindicatos a nivel federal, de los más de 2 mil sindicatos que hay con vida. Esto representa el 80%.
Asimismo, indicó que ya se inició un proceso de capacitación para los operadores del nuevo modelo. “Se han capacitado más de 6 mil funcionarios a través del plan de formación y selección en materia de justicia laboral a cargo del Poder Judicial”.
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Al mismo tiempo, se ha recibido apoyo internacional por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo y Empleo de Canadá.
Manifestó que el plan de implementación será en tres etapas: iniciará el 1 de octubre de este año en 10 entidades. La segunda etapa en 11 estados será el 1 de octubre de 2021, y concluirá el 1 de mayo de 2022.
“Para el 1 de octubre de este año estará en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro, los tribunales laborales federales, los tribunales laborales locales y los centros de conciliación local en las 10 entidades de la primera etapa”, apuntó.
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“Se cuenta con presupuesto suficiente para la implementación de la reforma en su primera etapa. Contempla 1,401 mdp que está dividido en varios rubros: creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (197 mdp), tribunales laborales federales (375 mdp), centros de conciliación locales (359 mdp), tribunales laborales locales (270 mdp) y STPS (199 mdp)”, finalizó.