La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dado luz verde a la que promete ser la batalla legal y política más intensa del Reino Unido para el próximo año y medio. El Gobierno nacionalista del Partido Nacional Escocés (SNP) ha redactado ya una nueva Ley de Referéndum de Independencia de Escocia, y ha fijado fecha para la próxima consulta: el 19 de octubre de 2023. “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. Será la misma pregunta que la de 2014. Entonces, un 55% de los votantes rechazó la separación del Reino Unido, frente al 45% que la respaldó. La votación será consultiva, ha explicado Sturgeon.
Después de aquel referéndum, que fraccionó durante largos meses a la ciudadanía y puso contra las cuerdas al Gobierno conservador de David Cameron, llegó el Brexit. Una puñalada en la espalda para muchos escoceses, que votaron mayoritariamente en contra, y a los que se había amenazado precisamente dos años antes con una salida irremediable y dolorosa de la UE si optaban por la secesión. Y después del Brexit, una pandemia que forjó una enorme distancia de imagen pública entre una Sturgeon aparentemente seria y eficaz, y un Johnson negligente e irresponsable para muchos de sus críticos. En mayo de este año, el Partido Nacional Escocés lograba una arrolladora victoria en las elecciones autonómicas, con un programa que prometía un nuevo referéndum. Se quedaba a un escaño de la mayoría absoluta, pero con el respaldo de Los Verdes, defensores también de la necesidad de celebrar una nueva consulta, quedaba garantizado que la votación tendría lugar antes de que se agotara la legislatura.
El camino trazado por Sturgeon tiene más de órdago que de certeza. La ministra principal, que siempre ha mirado de reojo el trágico final en el que desembocó el impulso independentista de Cataluña, no ha dejado de prometer que el nuevo referéndum sería siempre legal. “Estoy decidida a asegurar un proceso que permita al pueblo de Escocia, a través de su sí, de su no o de su indecisión, expresar su visión en un referéndum legal y constitucional, para que la decisión de la mayoría pueda establecerse de un modo justo y democrático”, ha dicho Sturgeon ante la Asamblea Autónoma de Holyrood.
Se enfrenta a la negativa rotunda de Boris Johnson, que ha repetido en muchas ocasiones que no está dispuesto a permitir que se celebre una nueva consulta de independencia en Escocia. Cuando Cameron dio su visto bueno al referéndum de 2014, se utilizó la llamada Orden de la Sección 30 de la Ley de Escocia, que permite transferir de modo permanente o temporal determinadas competencias al Gobierno autónomo. En ese caso, se trataba de la capacidad de convocar este tipo de consultas. Sturgeon está convencida, como defienden muchos juristas, de que aquel precedente permite a los parlamentarios escoceses autorizar un nuevo referéndum sin el permiso previo de Londres.
La ministra principal ha dado instrucciones a la Lord Advocate de Escocia (el principal asesor jurídico del Gobierno), Dorothy Bain, para que envíe de inmediato la nueva ley al Tribunal Supremo del Reino Unido, para que confirme o rechace su legalidad desde un principio. El Supremo, una institución de relativa nueva creación —surgió en la era del entonces primer ministro, Tony Blair—, cumple una función de revisión de constitucionalidad de las leyes o actos gubernamentales. “El referéndum debe ser legal, y esa legalidad debe ser un hecho, y no simplemente una opinión”, ha dicho Sturgeon.
“En el caso de que el Supremo decida que el Parlamento escocés no tiene competencia para convocar por ley un referéndum consultivo”, ha afirmado la ministra principal, “lo que habrá dejado claro es que la idea de que el Reino Unido es una unión voluntaria de naciones es una ficción”.
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La política nacionalista ha enviado una carta a Johnson en la que anunciaba su decisión y le reclamaba una nueva negociación: “Usted y yo nunca nos pondremos de acuerdo sobre las razones que justifican la independencia de Escocia. Pero espero de cualquier demócrata que coincida conmigo en que resulta inaceptable que se bloquee el derecho del pueblo de Escocia a tomar esa decisión, dada la clara mayoría a favor de la independencia que hay en estos momentos en el Parlamento escocés”, ha dicho Sturgeon al primer ministro británico.
En el caso de que ni el Supremo, ni el Gobierno de Johnson, ni el Parlamento británico dieran su consentimiento a la celebración de un nuevo referéndum, ha explicado Sturgeon, quedaría claro que Londres no respeta el derecho democrático de autodeterminación que, según el SNP, tienen los escoceses. El partido acudiría a las próximas elecciones autonómicas —que en ningún momento ha sugerido que se adelantarían— con el programa único de alcanzar la independencia. “Y esas elecciones, se convertirán en un referéndum de facto”, ha advertido.
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