En paralelo al tira y afloja de los últimos años entre Londres y Bruselas, Suiza y la UE han tratado de cerrar un acuerdo marco que sistematice el acceso al mercado común y agilice la incorporación de directivas comunitarias a la legislación helvética. Un acuerdo cuya aprobación final lleva meses en punto muerto. “Pedimos un poquito más de flexibilidad a la nueva Comisión de Ursula von der Leyen”, afirma Roberto Balzaretti (Mendrisio, 54 años), secretario de Estado suizo para Asuntos Europeos durante una entrevista con EL PAÍS en diciembre en Madrid.
Los equipos negociadores de ambas partes acordaron en noviembre de 2018 un texto que hoy está aún lejos de ser ratificado. Tras seis meses de consultas —“con comités parlamentarios, los cantones, sindicatos, patronal y académicos”—, el Gobierno suizo solicitó al entonces presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, unas “aclaraciones” sobre tres asuntos que dificultan el consenso para sacar adelante el pacto en Suiza. El luxemburgués, que se había fijado el objetivo de aprobar el acuerdo marco antes de que expirara su mandato, cerró la puerta a la renegociación.
“Lo que ocurrió justo después no fue lo mejor para estrechar nuestra relación”, asegura Balzaretti. El secretario de Estado se refiere a la decisión de Bruselas de negar a la Bolsa suiza la llamada equivalencia bursátil con las regulaciones de la UE, una medida de presión por la que los inversores afincados en países miembros de la UE no pueden comprar o vender acciones en el parqué de Zúrich.
Balzaretti recuerda que Suiza (8,5 millones de habitantes) es el tercer socio comercial de la UE —solo por detrás de EE UU y China— y afirma que la intención del Gobierno helvético es “profundizar en la relación bilateral, además de compartir y defender los valores europeos: el imperio de la ley, la protección de las mujeres y de las minorías, la lucha contra el cambio climático, la seguridad y la paz en el continente…”.
Un punto clave de fricción entre Berna y Bruselas es el referente a los trabajadores desplazados temporalmente por sus empresas desde países comunitarios. La UE pretende flexibilizar la norma suiza, que exige un preaviso y que se respete el alto nivel salarial del país. “Necesitamos proteger nuestras condiciones laborales y los sueldos. Es a los más vulnerables a quienes amparamos con nuestras medidas”, sostiene.
Otra de las cuestiones que ha levantado ampollas durante las rondas de consultas en Suiza es la ampliación de ciertos derechos a los europeos residentes en su territorio. “Hacemos una distinción entre la libre circulación de los ciudadanos, que concierne a los Estados miembros de la UE, y la libre circulación de trabajadores, asunto sobre el que Suiza no tiene un acuerdo con Bruselas.Nuestras normas no son idénticas para todos los ciudadanos comunitarios en materias como la asistencia social”, explica. Casi 1,5 millones de comunitarios viven en Suiza; alemanes, italianos y portugueses son las nacionalidades mayoritarias. El secretario de Estado añade que otro asunto problemático de este paquete regulatorio es el referido a la expulsión de los europeos condenados en una causa penal.
La regulación de ayudas estatales, con el fin de que no distorsionen la competencia, es el tercer y último escollo. “Muchos sectores rechazan que esas normas puedan repercutir en áreas en las que Suiza no tiene acceso al mercado interior de la UE”, explica Balzaretti.
El Gobierno suizo pretende arrancar concesiones a Von der Leyen que allanen el camino de la ratificación. El rechazo al actual texto de varios partidos —incluida la derecha populista del SVP, que revalidó su condición de fuerza mayoritaria en los comicios de octubre— complican la futura aprobación en la Asamblea Federal. No solo eso. Se presume que el texto acabará sometiéndose a un referéndum. “No podemos aceptar un acuerdo que puedan rechazar los suizos en las urnas”, sentencia.
Source link