El pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves en sesión ordinaria la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordenaba esclarecer los nombres y cargos de todo el personal que labora en la Fiscalía General de la República (FGR).
En 2019, un particular exigió esclarecer dichos datos personales y el INAI ordenó transparentar el nombre y cargo de todo el personal que realiza tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la FGR, entre los que se incluyen agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y Peritos.
La Suprema Corte argumentó que la información podría ser aprovechada por los grupos criminales para conocer la capacidad de reacción de la FGR; además, se revelarían a detalle las características funcionales del personal y con ello, su organización para el cumplimiento de sus funciones.
Además, según la corte, existe una relación causal general entre la entrega de la información y la afectación a la seguridad pública, pues los grupos criminales estarían en posibilidad de obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de los delitos federales.
También, el Pleno de la SCJN invalidó la resolución del INAI donde ordenó a la FGR la entrega de los nombres y cargos del personal administrativo adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en virtud de que aun cuando dicho personal no realiza tareas sustantivas, sí tiene acceso a información relativa a ésta, como son operativos, turnos de asuntos, armamento, imputados y víctimas, entre otros.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, afirmó que se trata de un terrible precedente en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Sostuvo, que ahora las resoluciones del INAI ya no son inatacables para las autoridades. “Pueden promover controversias constitucionales para, como mínimo, retrasar el acceso”.
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