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La pandemia ha significado un corte abrupto que ha afectado a nuestra forma de vida, pero también a la política del país. España ha atravesado una de las crisis más graves de su historia, con una triple emergencia económica, sanitaria y social. A pesar de las dificultades que aún habrá que sortear, este ciclo dramático —marcado por las muertes provocadas por la covid— comienza a revertir. Se inicia así una nueva etapa que seremos capaces de encarar gracias a la ciencia y a un proceso eficaz de suministro de vacunas organizado por la Unión Europea. Vacunación, recuperación económica y vuelta a la normalidad social son las tres variables de este periodo que deberían tener su traslación en una nueva etapa en la legislatura ahora que se acerca a su ecuador, siendo deseable que todos los actores políticos encaren el bienio que viene con un renovado compromiso cívico en este ciclo de recuperación.
Pero si el periodo que se cierra ha estado marcado por la crispación política y un desgarro institucional sin precedentes, la actitud mostrada por el Partido Popular durante la crisis de Ceuta representa un mal presagio para este periodo. En democracia, tan importante es que exista un Gobierno como una oposición, que tiene la función de fiscalizar al Ejecutivo, pero también de apoyarlo cuando se tocan los nervios más delicados del interés general como son los asuntos de Estado. La política exterior es uno de ellos, pero el líder popular decidió una vez más utilizar esta crisis para debilitar al Gobierno, apartándose incluso de la posición de la Unión Europea, que mostró un apoyo sin fisuras ante el pulso inaceptable que Marruecos echó a España. El buen resultado del PP en las elecciones de la Comunidad de Madrid no debiera confundir a su dirección general. Ni el actual Gobierno se encuentra en tiempo de descuento, ni la sociedad española reclama debate electoral.
Ahora que la ciudadanía atisba la pospandemia, la política española —y en consecuencia, también el jefe de la oposición— haría bien en centrar sus esfuerzos en la agenda de recuperación económica, la implementación de los fondos europeos y las necesarias reformas que el Banco de España recordó recientemente. Esta estrategia de asedio constante en la que cualquier crisis es aprovechada por la oposición para debilitar al Ejecutivo introduce un estrés innecesario en las instituciones democráticas del país, da aire a la extrema derecha y acaba provocando ansiedad en parte de la opinión pública. Tal y como acertadamente recordaba Alberto Núñez Feijóo la pasada semana, este clima político es impropio de Occidente y de Europa. España y la política española reclaman sosiego, y el Partido Popular como alternativa de Gobierno debería tomar nota de ello.
Si este reclamo de sosiego exige de la oposición un cambio de estrategia y de actitud, de igual forma pide al Gobierno una nueva aproximación a la interlocución que tiene con el resto de actores políticos y una renovada centralidad del Parlamento en nuestra vida pública. España necesita una nueva metodología del acuerdo que lidere el Gobierno, que se desarrolle en el marco del Parlamento, y que coprotagonice la oposición. La pandemia ha forzado en las democracias una concentración de poderes sobre sus Ejecutivos que les ha permitido una eficaz gestión de medidas de carácter excepcional. Pero esa realidad no debiera haber eximido al Gobierno de contar con el Parlamento para el diseño o debate del plan español para los fondos europeos o el documento de prospectiva de España 2050 que Sánchez presentó esta semana. Orillar al poder legislativo como espacio de debate y acuerdo es muestra de las disfunciones de la interlocución entre el Gobierno y el resto de actores políticos del país. Y si reconocemos la llegada de un tiempo nuevo centrado en la reconstrucción, esto debería traducirse en un renovado papel central y vigoroso de las Cortes. Es un buen momento para activar una perspectiva de trabajo más inclusiva para la política española.
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