Tokio 2020: unos Juegos gafados para la economía japonesa

Cuando el próximo día 23, en la ceremonia de apertura de los Juegos, la llama olímpica entre en el estadio nacional de Tokio, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, estará cruzando mentalmente los dedos. Suga ha insistido contra viento y marea en que esta competición de competiciones se lleve a cabo, pese a la opinión en contra de la inmensa mayoría de los japoneses -un 86%, según las encuestas, temen una nueva ola o una nueva variante de covid durante el evento-, el personal sanitario e incluso de algunas destacadas empresas y anunciantes. Hasta el emperador Naruhito se encuentra “preocupado”, según la Casa Imperial.

Hay mucho en juego en este torneo marcado por la covid, que finalmente se celebrará sin público y con Tokio bajo su cuarto estado de emergencia sanitario. El primer ministro -que se ha apostado todo su prestigio, ahora mismo por los suelos, a la sola carta de celebrar las olimpiadas- arriesga el puesto en las elecciones generales que debe convocar no más tarde de octubre. El país pone en la picota una “pérdida de cara” de dimensiones épicas. Sobre todo, ante su vecina y némesis China, que el próximo febrero celebrará su propia edición de los Juegos Olímpicos, los de invierno en Pekín 2022. Pero, especialmente, se juega la marcha de la economía. Según varios analistas, dadas las limitaciones impuestas de aforo y movilidad, financieramente Japón tiene poco que ganar ya de la celebración de este evento. Pero mucho que perder.

Si todo hubiera salido como estaba previsto cuando la capital nipona presentó su candidatura, estos tenían que haber sido los “Juegos de la Recuperación” para el país. Como los de Tokio que en 1964 marcaron la vuelta de Japón a la comunidad internacional tras el ostracismo de la posguerra, los de 2020 debían celebrar el renacimiento tras el triple desastre de Fukushima hace una década, cuando un terremoto, un tsunami y el peor accidente nuclear del mundo en treinta años dejaron más de 20.000 muertos y devastaron esa prefectura y las de los alrededores.

Incluso el aplazamiento provocado por la pandemia el año pasado venía a subrayar esa idea. Los Juegos, decía el entonces primer ministro Shinzo Abe, iban a marcar la recuperación, sí, pero esta vez no solo japonesa sino global, tras la derrota del virus.

No ha sido precisamente así. Japón, abrumado en los últimos meses por una cuarta ola de infecciones, contiene el aliento ante la posibilidad de que el evento se convierta en un foco de supercontagio que desate una quinta ola. O que la anormalidad con la que se celebran estos juegos, convertidos en una inmensa burbuja sin espectadores extranjeros y con las delegaciones deportivas recluidas en la Villa Olímpica, sin alcohol -ni preservativos gratis para los deportistas-, pueda hacerse aún más extraña si comienza a detectarse un aumento de contagios que obliguen a endurecer las estrictas restricciones ya en pie.

Un análisis del centro de estudios Dai-ichi Life Research Institute, firmado por su economista jefe Toshihiro Nagahama, calcula que el nuevo estado de emergencia en Tokio y la prórroga del de Okinawa, en el sur, puede suponer una pérdida de 1,2 billones de yenes en el consumo. “Es inevitable que, debido al estado de emergencia, haya más presión para restringir la actividad económica”, apunta Nagahama.

El Instituto de Investigación Daiwa calculaba antes de las nuevas medidas, anunciadas este jueves, que los beneficios económicos durante los Juegos se situarían en los 520.000 millones de yenes, de los que 70.000 millones vendrán del gasto de las delegaciones deportivas y de los espectadores (si los hubiera), y 150.000 millones vendrán de las unidades familiares que sigan las competiciones a distancia.

El economista ejecutivo del Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, también calcula en cerca de un billón de yenes el perjuicio que causará la nueva emergencia. Kiuchi considera que, de haberse celebrado en condiciones normales, los Juegos hubieran generado unos beneficios de 1,81 billones de yenes. En el blog de su institución, apunta que sin espectadores en las gradas, los beneficios económicos se reducirían a 1,66 billones de yenes, o el 91,9% de lo que generarían unos Juegos a todo gas. Pero Kiuchi advertía entonces que “si celebrar los Juegos fuera a causar un aumento drástico en los casos de covid, forzando así al Gobierno a declarar un nuevo estado de emergencia, las pérdidas económicas resultantes serían sustancialmente mayores”.

En un sentido similar la consultora GlobalData. Su analista Aditi Dutta Chowdhury comenta que “los grandes eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, generan inversión en infraestructuras, que alcanza su mayor nivel dos o tres años antes del acontecimiento. En el caso de las Olimpiadas de Tokio, las actividades del sector de la construcción mostraron un gran comportamiento entre 2018 y 2019. Durante la competición en sí, las ganancias se generan por el consumo de los atletas visitantes, el público extranjero que visita las ciudades anfitrionas y sus alrededores, y las audiencias nacionales de las retransmisiones”.

Dados estos factores, Global Data cree que, dada la incertidumbre y la prohibición de visitas extranjeras, los Juegos contribuirán muy poco al crecimiento económico nipón, ya que “no compensarán las pérdidas generadas por las frecuentes restricciones en las ciudades japonesas” impuestas en la lucha contra la pandemia. Según la firma, el que la mayoría de los japoneses estén en contra de la celebración del megaevento deportivo puede perjudicar la asistencia a las diferentes competiciones. Y recuerda que ya se han cancelado las sesiones de entrenamiento previas de algunas delegaciones, con el consiguiente lucro cesante.

Pero, con todo, lo que sería un desastre sería un gran brote de coronavirus a raíz de los Juegos, que obligara a imponer nuevas restricciones en un país donde la campaña de vacunación arrancó a paso muy lento, solo ha cobrado velocidad a partir del último mes, y en el que menos del 15% de su población, de 120 millones de personas, ha recibido ya la pauta completa (dos dosis).

Como el resto de las grandes economías, a excepción de China, la de Japón se ha visto muy golpeada por la pandemia. Esta semana, Suga ha anunciado un nuevo estado de emergencia sanitaria que estará vigente hasta el 22 de agosto en Tokio, ante el aumento de casos de covid. Es el cuarto que vive la capital. El tercero, que afectó a otras nueve prefecturas, fue más suave que los previos, pero se prolongó cerca de dos meses. Las emergencias anteriores causaron una contracción del PIB nipón del 4,8% en 2020, y del 3,9% en el primer trimestre del año, después de una revisión a los datos iniciales.

Antes de que se comenzaran a detectar los primeros contagios con coronavirus en su territorio, Japón ya había entrado en 2020 con una situación delicada. El impacto del supertifón Hagibis y la subida de su impuesto al consumo, del 8 al 10%, habían dejado su economía en 2019 al borde de la recesión técnica.

Para tratar de paliar los efectos económicos de la covid, el Gobierno aprobó a lo largo de 2020 gigantescos paquetes de estímulo por valor de 3 billones de dólares. Una medida que expandió en 102 billones de yenes la ya de por sí ingente deuda nipona, la mayor de los países industrializados: 1.216 billones de yenes, o unos 12,3 billones de dólares, el 257% de su PIB. Y, según ha publicado el periódico Nikkei, Suga se plantea una nueva ronda de estímulos antes de convocar elecciones en septiembre, que algunos analistas calculan entre los 20 y 30 billones de yenes. En sus declaraciones al anunciar el nuevo estado de emergencia, el primer ministro no descartó aplicar una nueva inyección si se juzgaba necesario.

Se espera que las últimas restricciones -y la lentitud de la campaña de vacunación- mantengan los indicadores en el terreno negativo en el periodo entre abril y junio. Pero en la segunda mitad del año debería comenzar la recuperación, una vez que se hayan acelerado las vacunaciones y el consumo pueda volver a sus pautas habituales. Si todo va bien, y no se produce una quinta ola que obligue a nuevas medidas estrictas, la OCDE prevé el cierre de 2021 con una recuperación del 2,6%; a comienzos de 2022, se alcanzarían los niveles del PIB previos a la pandemia y en ese año la economía aumentaría un 2%.

“El ambiente externo es, en general, favorecedor a Tokio en 2021, dada la temprana recuperación de la economía de China y el súper estímulo de Estados Unidos”, calcula la compañía de seguros de crédito Euler Hermes, accionista de Solunion. La segunda economía del mundo es el principal socio comercial nipón; la primera, su gran aliado político y militar.

Hay algunos indicios para un cauto optimismo. En mayo, las exportaciones se dispararon a su mayor ritmo desde 1980, un 49,6%. Las ventas a China aumentaron un 23,6%; a EE.UU, un 87,9% Una encuesta del Banco de Japón sobre la confianza de los manufactureros apuntaba a comienzos de este mes que las grandes firmas prevén aumentar su gasto de capital en un 9,6% en el año fiscal que acaba en Japón en marzo de 2022.

Pero más allá de la coyuntura puntual, Japón continúa sin resolver sus sempiternos problemas estructurales que le han llevado a un crecimiento casi plano en las últimas tres décadas. Una población envejecida -el sistema de pensiones y de salud pública es uno de los factores que contribuyen, precisamente, a la fuerte deuda nacional-, retrasos en la digitalización con respecto a otros países avanzados y la escasa incorporación de la mujer al mundo laboral -donde se enfrenta a salarios más bajos que los de los varones- son algunas de las plagas de la tercera economía del mundo. La baja productividad es otra: el Centro de Productividad de Japón indica que la productividad nacional por trabajador cayó un 0,3% anual entre 2015 y 2019, mientras que la productividad por hora solo creció un 0,4% en el mismo período. Son, según el propio Gobierno nipón, las cifras más bajas entre los países del Grupo de los Siete, los más desarrollados del mundo.

Paradójicamente, los drásticos cambios provocados por la pandemia pueden abrir la puerta a la introducción de reformas laborales que antes hubieran parecido imposibles, como el teletrabajo y la flexibilidad de horario en una cultura laboral de asentada tradición presencial. Según una encuesta del gobierno local de Tokio en julio de 2019, entonces solo el 25,1% de las compañías implantadas en esta capital permitían el trabajo a distancia; en abril de este año, ya eran el 56,6%.

En su estrategia de crecimiento para los próximos años, presentada en junio, el Gobierno de Suga se ha fijado la decarbonización -se ha prometido lograr la neutralidad de carbono para 2050, para lo que ha adoptado un fondo de dos billones de yenes para facilitar la innovación ecológica, entre otras medidas- y la transformación digital. Entre otras propuestas, prevé hacer menos propensa a las emisiones la cadena de suministro para la fabricación de vehículos, e incentivar el uso de la inteligencia artificial en actividades como la venta de productos financieros o la inspección de vehículos. Contempla asimismo la creación de un nuevo organismo digital que simplifique las operaciones de los gobiernos locales y el nacional.

La estrategia de estímulo económico también prevé que este país, atrapado entre su intensa relación económica con China y sus estrechos lazos de seguridad con Estados Unidos, refuerce su seguridad económica -ante las tensiones entre Pekín y Washington- mediante la mejora de su cadena de suministros de semiconductores, una de las debilidades de su economía expuestas durante la pandemia.

Japón se ha propuesto reducir los riesgos de interrupciones en sus cadenas para productos clave, desde baterías a tierras raras, pasando por equipos médicos. La estrategia también pone de relieve la importancia de atraer manufacturas de semiconductores a Japón, y de apuntalar la competitividad de este sector nacional. Según indica el documento, la cuota de mercado global de los chips nipones había caído al 10% en 2019, cuando en 1988 copaban la mitad de las ventas mundiales. En cambio, casi dos tercios de la demanda interna se cubre con importaciones.

Aunque los cambios más drásticos, a todas luces, tendrán que esperar. Atajar la pandemia sigue siendo la prioridad número uno. Y, en cualquier caso, el calendario político jugará un papel importante: en septiembre Suga se somete a la reelección como líder de su partido, el Partido Liberal Demócrata (PLD). Antes del 21 de octubre, cuando expira el mandato de los diputados en la Cámara Baja, deben celebrarse elecciones generales. En verano de 2022, las de la Cámara Alta.

“Para Suga, lo principal es garantizar la supervivencia a largo plazo de su Administración. Y cuando se piensa en las reformas económicas, las que hace falta poner en marcha se encuentran en el lado de la oferta: qué hacer con las pymes que quiebran, los créditos impagados, las regiones… Pero son reformas dolorosas para los ciudadanos y la sociedad en general. Así que dadas las consideraciones electorales, la Administración estará de momento más centrada en el lado de la demanda. Para las reformas de calado habrá que esperar hasta después de verano de 2022”, calcula Yasuhide Yahima, economista jefe del laboratorio de ideas NLI Research Institute, en vídeoconferencia organizada por el centro de prensa extranjera de Japón.

Para las elecciones de otoño, ya debería haberse acelerado la campaña de vacunación. Y ya habrá quedado claro cuál ha sido el dividendo real de los Juegos. “Puede que no acarreen un beneficio financiero sustancial”, apostilla la analista Chowdhury, “pero si se celebran con éxito, Japón puede convertirse en pionero sobre cómo organizar un gran evento internacional en una época sin precedentes”.