Justo tras una curva cerrada, 500 camiones cargados con 25 toneladas de granalla —un residuo industrial peligroso con volumen arenoso— han atravesado esta semana el puente sobre el río Guadiamar, corazón del corredor ecológico entre las sierras de Sevilla y Huelva. Los alcaldes, ecologistas y vecinos de la zona contienen el aliento para que un accidente no afecte al cauce que pertenece a la Red Natura 2000 en esta sinuosa carretera y traiga a la memoria el desastre de Aznalcóllar, cuyos lodos tóxicos inundaron el río hace 24 años.
El traslado de residuos peligrosos a granel procedentes del astillero de Bijela en Montenegro hasta el puerto de Sevilla tras recorrer más de 3.300 kilómetros en barcos desde el mar Adriático, y su posterior traslado en camiones hasta el vertedero de Nerva (Huelva), ha puesto de relieve el intenso tráfico de todo tipo de sustancias con destino España, un país que recibe muchos más residuos de los que exporta. A los buques Muzaffer Bey y Dakota les ha seguido este lunes el Shannon River con 6.000 toneladas, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica ha detenido de momento el trasiego de basura industrial desde el país balcánico y están en el aire las 40.000 toneladas pendientes de traslado por supuestas irregularidades halladas en el Dakota.
“No podemos pasar de 70 kilómetros por hora y esto va todo sellado”, cuenta a gritos desde su cabina un camionero que rechaza dar más detalles, como los siguientes cinco transportistas preguntados, y que pasan cada cinco minutos por una glorieta partida de la vía. Los camiones lucen un pequeño cartel con un pez muerto, que indica la peligrosidad de la carga, y el portón trasero de algunos deja un gran hueco descubierto hacia la granalla. Un responsable de una empresa de transportes contratada para el traslado le quita hierro al riesgo medioambiental: “En el puerto de Huelva [junto al que hay un polo químico] cargamos lodos con hidrocarburos el doble de peligrosos que la granalla. Se le está dando un bombo que no tiene”, opina bajo anonimato.
El tráfico internacional de residuos es legal y en 2019 España recibió 923.299 de toneladas, nueve veces más de las 101.077 toneladas que exportó, según los datos del informe anual que el Ministerio para la Transición Ecológica remite al Convenio de Basilea, firmado por España en 1989. En estas 923.299 toneladas están incluidas las 38.492 del primer cargamento de granalla procedente de Montenegro y 15.239 toneladas de baterías de plomo/ácido procedentes de Italia. Mientras, al país transalpino España exportó 11.282 toneladas de residuos sólidos peligrosos procedentes del tratamiento de gases.
Varios camiones cargan los residuos industriales de Montenegro en el Puerto de Sevilla.PACO PUENTES
En 2018 los residuos viajaron hasta España desde países tan dispares como Panamá, Israel, Uruguay, Sudáfrica o Australia, que exportó hasta aquí 6.000 toneladas con plomo. Las sustancias entran a través de los puertos hasta las plantas, donde se llevan a cabo las operaciones de valorización —incluida la incineración para producir energía— o el enterramiento con o sin tratamiento previo.
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Las razones que hacen atractiva a España para guardar desechos internacionales son que dispone de numerosos vertederos y plantas para recibir residuos, tiene poca densidad de población, una industria menos potente que sus vecinos europeos y por tanto que genera menos residuos, y unos precios competitivos que atraen a las compañías extranjeras, obligadas a dar una salida ordenada a sus residuos, ilustran expertos del sector.
El tráfico internacional de residuos es una actividad controvertida porque rompe el principio de proximidad para minimizar riesgos ecológicos, a menudo porque prima el criterio económico, pero también porque a veces es la única manera de lograr un destino seguro para sustancias tóxicas que dañan el medio ambiente, argumentan los empresarios del sector. Guardar bajo tierra una tonelada de residuos peligrosos puede costar 80 euros y si precisa tratamiento, el precio se eleva hasta los 100 euros en plantas cuya conservación se prolonga décadas.
Los peligrosos son los residuos más caros de gestionar pero apenas hay intervención pública, al contrario de lo que ocurre con los residuos urbanos. Manda el mercado y por tanto el máximo beneficio: Asturias es la única excepción con su planta pública Cogersa. “Lo ideal sería que todas fueran instalaciones públicas porque además las Administraciones generan abundantes residuos peligrosos procedentes de obras civiles o depuradoras. Hay un entramado internacional de traslado de residuos al margen de las cuestiones ambientales, no tiene sentido llevar residuos a Alemania o África, por la huella de carbono y los costes ambientales”, ilustra Fernando Calvo, doctorado en vertederos por la Universidad de Granada y director de proyectos de la firma Proma.
Lomas con residuos sepultados en el vertedero de Nerva, cubiertas con plásticos y neumáticos.PACO PUENTES
En el caso del vertedero de Nerva, la multinacional francesa Valgo ganó un concurso de millones del Gobierno de Montenegro y eligió el pueblo onubense para el grueso de sus residuos, aunque también envió desechos con menor volumen destino a Austria, Grecia, Portugal y Noruega. “La granalla trasladada a España ha sido diabolizada, no tiene asbesto y su nivel de toxicidad es poco, solo por el cromo, y no produce problemas a nivel respiratorio en las personas. Nunca se quiere recibir un residuo, pero en un mundo global los vertederos tienen que existir. 50 años atrás España también exportó mucho porque no existían instalaciones”, alega José Dos Santos, director de Desarrollo Internacional de Valgo, responsable de la limpieza medioambiental del astillero de Bijela. “Los Balcanes no ofrecían nivel técnico ni de seguridad, Italia carecía de las certificaciones necesarias y estudiamos Francia, pero por razones económicas decidimos enviarlos a Nerva. Trasladar residuos de un sitio para otro es más positivo que hacer vertederos ilegales”, argumenta el directivo.
En España hay medio centenar de instalaciones finales de tratamiento de residuos peligrosos repartidas por el territorio y miles para residuos no peligrosos, según calcula la asociación nacional de empresas gestoras de residuos, Asegre. El Ministerio para la Transición Ecológica rechaza dar una cifra y ubicación oficiales y alega que el registro de estas plantas será público más adelante, pero no concreta fecha. Los vertidos se depositan en los vasos de las plantas autorizadas y con un sistema drenante y tuberías se derivan los lixiviados hasta las balsas en un complejo proceso. “España tiene capacidad de tratar residuos y ofrecemos calidad ambiental para hacerlo en condiciones seguras, no debería existir rechazo. Tiene que verse como algo que genera riqueza, no como algo negativo”, defiende Luis Palomino, secretario general de Asegre.
En la acera contraria, Juan Romero, de Ecologistas en Acción, censura que el principio de proximidad geográfica se ignore “por sistema”, como con los 3.000 kilómetros que separan Bijela de Nerva: “El lobby químico ha hecho un negocio de los residuos y los mandan a vertederos porque no quiere pagar por una gestión correcta de los residuos, los han mercantilizado. Lo que hay que hacer es minimizar la generación de desechos y reutilizarlos o inertizarlos. ¿El problema? La industria no quiere que el valor del residuo le repercuta en sus propios beneficios y por eso los manda a vertederos”.
En la transición prevista por el Gobierno hacia la economía circular los tratamientos de valorización y recuperación aumentarán y la nueva ley de residuos prevé reducir el depósito de sustancias peligrosas en vertedero gracias a un canon específico para incentivar que no se vierta. “Las pilas se entierran y se pueden recuperar, solo que los costes de tratamiento son altos”, ejemplifica Calvo.
La empresa DSM quiere prolongar la vida de la planta de Nerva (5.300 habitantes) una década más frente a la oposición del alcalde, vecinos y ecologistas, mientras que la Junta andaluza evita responder su propuesta desde hace casi dos años. El Ayuntamiento se opone: “Le pido a la Junta andaluza que haga las inspecciones a las instalaciones de manera no programada, lo que debería remover conciencias de sus dirigentes”, se queja el alcalde, José Antonio Ayala.
Cuando los camiones descargan en el vertedero, la humareda se divisa desde la barriada de El Ventoso, a solo 700 metros de la instalación. Elena González está inquieta por los posibles efectos sobre la salud de sus padres, que nacieron aquí hace 65 años. “Las ventanas no se pueden abrir porque el olor a huevo podrido viene por oleadas durante el día. Ahora mi madre aprovecha para tender cuando no hay camiones, pero en el verano es exagerado, día y noche”.
Una señora pasea en la barriada del Ventoso de Nerva, con el vertedero al fondo. PACO PUENTES (EL PAIS)
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