Tortosa sigue luciendo su obelisco franquista en medio del lecho del río Ebro, pese a que, sobre el papel, la sentencia de derribo estaba fijada para este pasado fin de semana. La Generalitat había asegurado durante meses que el monumento fascista que conmemora las gestas del bando nacional en la Batalla del Ebro tenía los días contados y buscó una fecha simbólica, el 18 de julio, para escenificar la retirada. “No hay excusa”, afirmó en noviembre del año pasado Ester Capella, entonces consejera de Justicia, en una visita a Tortosa, donde estuvo acompañada del ahora president Pere Aragonès. Hace un mes, Lourdes Ciuró, sustituta de Capella en Justicia, ratificó que la retirada sería “inminente”.
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Sin embargo, el plan permanece frustrado por una apresurada intervención del juzgado contencioso de Tarragona, que ordenó paralizar la demolición atendiendo la reclamación de un colectivo de vecinos que defienden que no hay respaldo legal para tumbar el monumento. A la postre, los vecinos que se han agrupado bajo la entidad Corembe lo que persiguen es la conservación de la pilastra y, si acaso, que se le dé una reinterpretación.
El grupo defiende que así lo votaron los electores de Tortosa en un referéndum popular convocado por el ayuntamiento en mayo de 2016 y donde las papeletas favorables a conservar la pieza, el mayor recuerdo franquista que sigue en pie en Cataluña, ganaron sobradamente con el 68% de apoyos. Pese a la contundencia de aquel resultado, el consenso en torno a qué hacer con el monumento queda lejos.
“Aquella consulta fue una vergüenza tan grande como el propio monumento. Al fascismo no se le consulta, se le combate”, critica Ester Baiges, una de las portavoces de la Comisión por la retirada de los símbolos franquistas de Tortosa. Este domingo, en principio la fecha señalada para el derrumbe, unas 400 personas se concentraron frente al río para reclamar la retirada inmediata del recuerdo franquista y para exigirle al ayuntamiento que se posicione y recurra la resolución paralizante ordenada por el juzgado de Tarragona.
Tres días antes, fueron unos 200 los vecinos que se manifestaron en el mismo punto para defender la permanencia del monumento y reivindicarlo como un símbolo de “paz y concordia”, a la vez que negaban su carácter franquista y fascista. “Por ahora no nos consta que el ayuntamiento haya hecho ningún recurso”, manifiesta Ester Baiges. En el consistorio gobierna Meritxell Roigé, del PDeCAT, con el apoyo del PSC.
“Tortosa no es una plaza fácil, es una ciudad marcada por el conservadurismo y el caciquismo y cobra valor cuando el territorio se concentra para dar una respuesta clara de rechazo el fascismo”, mantiene Ester Baiges. Sí ha presentado recurso contra la paralización del derribo el departamento de Justicia de la Generalitat. En el caso que se estimen sus alegatos y se tumben las medidas cautelares ordenadas por el juzgado de Tarragona, está todo listo para que la maquinaria empiece a socavar los cimientos del mamotreto que se levanta sobre el río.
Mientras la justicia no resuelve, la controversia sigue. “Ha costado mucho llegar hasta aquí porque ha habido muchas piedras en el camino, hace falta rematar la faena”, razona la Comisión por la retirada de los símbolos franquistas. El colectivo Corembe, por contra, se aferra al veredicto que arrojó la consulta popular. La Generalitat, por su parte, alerta que paralizar ahora la intervención retrasará el derribo al menos un año porque solo se puede trabajar sobre el lecho del río en verano, cuando el caudal es más bajo.
Retirar la escultura es un trabajo complejo. La pieza mide 45 metros de altura y se erige sobre una pilastra de hormigón desde la que se alzan dos puntas de hierro. La más alta tiene una gran cruz adosada en uno de los ángulos coronada por una estatua que representa a un soldado español guiado por una estrella. La punta pequeña finaliza con la figura de un águila con las alas extendidas.
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