El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes, en el último Consejo de Ministros de marzo, el paquete de ayudas del Gobierno para hacer frente a la carestía de los precios que inició la pandemia y ha potenciado la invasión de Rusia sobre Ucrania. Pese a ello, ya se van perfilando algunos de los trazos de ese plan. Al menos, en lo que respecta a las intervenciones en las que está trabajando Unidas Podemos, a tenor de las declaraciones que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha realizado este jueves. La también ministra de Trabajo ha dejado caer que podría recuperarse la prohibición de llevar a cabo despidos por causa objetiva, como ya sucedió durante la pandemia, para tratar de evitar que las empresas reduzcan sus plantillas como respuesta a la inflación.
“No es momento de despedir, y no es momento de bajar salarios”, ha indicado Díaz en el Congreso. Fuentes de Trabajo confirman que junto con esta medida también se plantean la posibilidad de restringir con algo más de intensidad las herramientas mediante las cuales las empresas pueden rebajar los salarios de sus trabajadores ante esta circunstancia. “Estamos viendo posibilidades para que no se produzca una devaluación”, reconocen estas mismas fuentes, al mismo tiempo que matizan que no hay nada cerrado, puesto que la negociación sigue en marcha.
Durante la pandemia, el Gobierno tomó una serie de medidas dirigidas a evitar una sangría de despidos como consecuencia de la drástica reducción de la actividad económica. Entre ellas estaba la prohibición de llevar a cabo cualquier despido objetivo que se justificase directamente por la influencia de la covid. Esta medida no fue la única dirigida a proteger el empleo. Una de las exigencias para que las compañías pudieran acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por covid era que estas no podrían despedir durante un plazo de seis meses a cualquier trabajador al que reactivasen con posterioridad.
“Nadie entendería que, en una situación de crisis, con esos beneficios bajaran salarios. El esfuerzo ha de ser colectivo”, ha añadido la vicepresidenta, en referencia a los beneficios de 64.000 millones de euros que las compañías del Ibex 35 presentaron en 2021. Para terminar de orillar el despido como respuesta al incremento del coste de la energía y los hidrocarburos, que está castigando fuertemente a distintos vectores de actividad, Díaz ha recordado que los nuevos ERTE contemplados en la reforma laboral (entre los que destaca el Mecanismo de protección RED) “ya están disponibles”, para cualquier sector que se encuentre en una situación de dificultad. “Ya han dado resultados en la crisis anterior”, ha añadido.
Control del alquiler
Tal y como confirman fuentes del diálogo social, este gran pacto de respuesta a los efectos económicos que ha provocado la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, se extenderá por distintos campos de actuación, como son la limitación a que el precio del alquiler siga creciendo de acuerdo con la inflación, algo que la legislación actual prevé. Sin embargo, el núcleo central de este programa de contención lo conformarán las disposiciones que los países de la Unión Europea adopten durante el Consejo Europeo, que este jueves celebra su primera reunión. A partir de lo que allí se acuerde, el Gobierno dispondrá de una hoja de ruta común de la que dependerán otras decisiones. Es el caso del nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC), que sindicatos y patronales negocian paralelamente.
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Este miércoles los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, junto con organizaciones de autónomos como Uatae y UPTA, de consumidores (Facua) y de asociaciones vecinales (CEAV) se manifestaron por 58 ciudades españolas reclamando medidas urgentes con el incremento del coste de la vida. La altura final del plan de choque que se aprobará el próximo martes depende de si los Veintisiete acuerdan una serie de medidas para reducir el coste de la energía ―matriz de la explosión de los precios― que permita ensanchar el embudo en el que se encuentran atrapados trabajadores, empresarios y familias.
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