Un hombre que presuntamente envió piezas para equipar con 4,800 rifles semiautomáticos a un cliente en México, no especificado, será sometido a juicio en San Antonio, Texas, Estados Unidos, informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas.
El Fiscal explicó que el acusado, Chandler Britain Bradford, es un hombre de New Braunfels que enfrenta ocho cargos relacionados con el contrabando de piezas de armas de fuego a México y un cargo adicional por conspiración para cometer lavado de dinero.
A partir de esta semana, un gran jurado federal en San Antonio, Texas presentó la acusación formal contra el traficante de armas que habría recibido de su contraparte mexicana alrededor de 3.5 millones de dólares .
Según documentos judiciales, Chandler Britain Bradford, de 34 años, supuestamente participó en un plan multimillonario para proporcionar ilegalmente miles de rifles semiautomáticos a un ciudadano mexicano que residía en el área de Monterrey, Nuevo León, México.
Para lograr su objetivo sin levantar sospechas, Bradford suministró miles de piezas de armas de fuego para armar al destinatario con aproximadamente 4,800 rifles semiautomáticos, a pesar de no tener una licencia para exportar piezas de armas de fuego de Estados Unidos a México.
Los documentos judiciales indican que Bradford proporcionó a su cómplice “las piezas, herramientas y asesoramiento necesarios para facilitar una empresa completa de fabricación de armas de fuego en el norte de México”.
El cómplice mexicano, que las autoridades de Estados Unidos no han identificado, le pagó alrededor de 3,5 millones de dólares.
Bradford está acusado de un cargo de conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos; un cargo de conspiración para traficar armas de fuego; un cargo de conspiración para transferir armas de fuego para su uso en delitos graves; cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías desde los Estados Unidos; y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Si es declarado culpable,el vendedor de armas enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las evidencias específicas de este caso en Estados Unidos, así como otros factores legales marcados por las leyes de ese país.
El fiscal federal Jaime Esparza del Distrito Oeste de Texas hizo el anuncio, mientras que el fiscal federal adjunto William Calve está a cargo del caso.
En la conferencia se explicó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos está investigando más detalles del caso con la ayuda de la Oficina de Control de Exportaciones e Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Comercio.
Apenas el pasado 5 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que más del 70 % de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en nuestro país, provienen de Estados Unidos.
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