‘Traficantes de ADN’, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2021

Dos peritajes independientes que realizó el Ministerio Público —dice Georgina— mostraron que la mandíbula era de un perro y los huesos eran de dos hombres distintos.

La muela sí dio positivo, pero su madre no la considera una prueba contundente:

—Si es una muela, le doy gracias a Dios porque sé que mi hija está viva. A mí me faltan cuatro muelas y todavía sigo dando guerra.

Más familias consultadas narran casos parecidos: citas en cafeterías, promesas de identificaciones fallidas, ilusiones.

Algunos piensan distinto. Personas como Silvia Ortiz, la líder de Grupo Vida, una de las organizaciones de víctimas en Coahuila, respaldan a esta empresa. Ella trabajó de cerca con Central ADN y con García Sosa porque los considera un buen laboratorio, capaz de identificar el tipo de restos que recuperan en su estado: trozados, quemados, degradados, del tamaño de una uña.

—La capacidad del laboratorio de Coahuila para identificar los restos era bastante nula. La Policía Federal, la más equipada, no sólo tenía restos del estado, sino de todo el país y tenía saturación. Por eso se decide contratar a este laboratorio —dice la mamá de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en 2004, a los quince años.

Algo similar opina Lucy Díaz, líder del Colectivo Solecito, en Veracruz, aunque desconoce el entramado que une a Central ADN. Ahí, según la prensa local, Mariana García Sosa y su laboratorio tomaron muestras genéticas gratuitas a familiares de personas desaparecidas y donaron otras tantas a la Fiscalía de Jorge Winkler —hoy prófugo de la justicia—. En el predio Colinas de Santa Fe se habían descubierto 156 fosas clandestinas y la morgue estaba rebasada con restos sin identificar.

—En ese tiempo Mariana [García Sosa] estaba tratando de ganarse un mercado ahí. Yo no lo veía mal porque, evidentemente, la identificación también va a tener que salir de cosas privadas.

Algunos familiares consultados en Veracruz, donde no hubo contrato, aseguran que García Sosa les dijo que los perfiles genéticos los conseguía de la Comisión Nacional de Seguridad.

Tres computadoras Lenovo Thinkcentre S4000Z entran al Laboratorio de Biología Molecular de Servicios Periciales de la entonces PGR, el más importante del país en materia de identificación genética. Es sábado 16 de octubre de 2016, un día no laboral. Al interior de Río Consulado 715-721, de la Ciudad de México, hay movimiento. Entran estos equipos de escritorio por la firma de un convenio entre una empresa privada y una funcionaria pública: Central ADN, representada por el veterinario Diego Ulibarri Gómez, y Martha Acela Valdez González, directora del Laboratorio de Biología Molecular. En el documento no hay firmas de testigos ni del Coordinador de Servicios Periciales.

El acuerdo 15/10/2016-15/5/2017 dice que todo será gratuito: nadie pagará por nada, que las computadoras se usarán para una demostración de AlteaDB, que la prueba durará siete meses, periodo en el que las Lenovo estarán conectadas desde el laboratorio de la PGR a una red privada —que controla la empresa— y que cuando la muestra termine las máquinas no serán devueltas. Junto a las computadoras ingresa el personal de la empresa privada pero no se mencionan sus nombres.

¿Por qué ingresar computadoras al lugar donde se resguarda la mayor y más importante base de datos del Estado mexicano, con información confidencial? ¿Por qué hacer una prueba con un software privado si ya se contaba con el CODIS del FBI, uno de los más reconocidos a nivel mundial?

Las Lenovo se instalaron en el laboratorio de genética más importante del país que gobernaba entonces Peña Nieto. El secretario de Gobernación era Miguel Ángel Osorio Chong; el subsecretario de Derechos Humanos era Roberto Campa Cifrián; la titular de la PGR era Arely Gómez; mientras que en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estaba Renato Sales Heredia. Y, finalmente, un nombre importante: Roberto Cabrera Alfaro, coordinador de Estrategias del Sistema de Seguridad Pública, quien sería el primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) entre marzo de 2018 y enero de 2019.

Llamamos a la exfuncionaria Valdez González para consultarla sobre este acuerdo firmado por ella.

—No, no, no. No tengo nada qué decir. Eso causó muchos problemas y realmente no funcionó —dice por teléfono.

Escueta, apurada, responde a una llamada para esta investigación. Es una bióloga con más de veinte años de experiencia en temas forenses; ha sido perita y funcionaria de la procuraduría, una mujer interesada en bases de datos, como lo habló extensamente en su propuesta y comparecencia como aspirante a dirigir la CNB en 2018. El acuerdo con Central ADN se hizo justo en un momento de ajetreo en la PGR y cambios en el área en Servicios Periciales, con Jorge Alberto Zúñiga Malvárez como interino, después de la renuncia de Sara Mónica Medina Alegría, cuestionada por validar la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Después de Zúñiga, quedó a cargo Anselmo Apodaca, desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2019.

Mariana García Sosa, la accionista del laboratorio que peregrina por el país y promete a familiares acceso a las bases de datos del Estado mexicano que deberían ser secretas, accedió a responder una entrevista. Primero, por correo; después prefirió hablar por teléfono.

—A lo mejor no les va a sumar mucho hablar conmigo porque hay cosas que, por confidencialidad, no voy a poder decir —responde la mujer de cuarenta y pocos años—. Tengo al gobierno encima de mí. Está corriendo un proceso legal.

—¿A quién tienes encima de ti?

—Digamos que el gobierno está viendo qué hago con todo este tema.

Quien autorizó la entrada de estas computadoras, según García Sosa, fue Zúñiga Malvárez, y confirma:

—Lo que hicimos fue un ejercicio con algunos perfiles donde les pusimos las computadoras. Se les capacitó para que ellos hicieran las búsquedas, no nosotros, sino que ellos operaran todo, por seguridad.

Al preguntar por el destino de las Lenovo, la FGR nos dice que siguen instaladas ahí. La respuesta confirma lo que sabe García Sosa:

—Las Lenovo y las computadoras que se usaron en esa “demo” jamás salieron de la Fiscalía, siempre se quedaron ahí.

Y la información quedó en una nube. ¿Quiénes han tenido acceso a ella? Al respecto, no hay certezas, pero sí un juicio en curso.

Roberto Cabrera Alfaro, el primer comisionado de búsqueda, está vinculado a proceso y acusado de ejercicio indebido de la función pública —violación al artículo 214 del Código Penal Federal—, un cargo que podría significar una condena de doce años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por presuntamente haber entregado a un particular (Central ADN, S.A. de C.V.), sin convenio ni pago, la copia de una base de datos genéticos que tuvo en su poder mientras dirigía la CNB en 2018. De acuerdo con diferentes fuentes oficiales, los datos ahí filtrados serían del banco genético de la FGR.

Documentos consultados en el Consejo de la Judicatura Federal muestran que la causa judicial lleva al menos un año en tribunales, aunque hasta ahora se había mantenido en secreto. Y quien cuida ese silencio es el abogado Javier Cruz Angulo, defensor de Cabrera Alfaro: “No hay entrevistas ni se otorgarán mayores datos”, respondió por mensaje de WhatsApp.

Cabrera Alfaro es un abogado de 48 años. Escaló en cargos públicos en áreas de seguridad y análisis de datos desde 2002, siempre bajo el mando de Renato Sales Heredia. En su puesto de alto funcionario en la CNS se ocupó de temas como personas desaparecidas, búsqueda y contacto con familiares de víctimas. Desde 2013 fue enlace con la Embajada de Estados Unidos en México y las agencias estadounidenses del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la Agencia antidrogas (DEA), así como el FBI, quien le entregó un reconocimiento por su cooperación cuando estuvo a cargo de la Coordinación Nacional Antisecuestros.

En enero de 2019, antes de dejar su puesto, Cabrera Alfaro informó que la CNB tenía una base de datos con cincuenta mil perfiles genéticos, pero la nueva administración denuncia que no la recibió en el traspaso de funciones. Además, la CNB no tiene entre sus atribuciones tener un banco genético. ¿De dónde salieron esos datos? En palabras de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, el caso es grave “porque se trata de un bien público que tiene reservas de ley en el manejo de los datos personales”, dice en entrevista. Al respecto, la actual comisionada Karla Quintana responde por teléfono para esta investigación, dispuesta a hablar pero con reserva: “Me interesa la investigación periodística que están haciendo, pero no puedo dar detalles porque la investigación ministerial está en proceso. Ojalá su investigación pueda aportar elementos”.

A diciembre de 2021, la FGR sólo investiga al excomisionado Cabrera Alfaro. Ni a otros funcionarios ni a la empresa Central ADN. A nadie más.

Desaparecen las personas, los nombres en las morgues y hasta las bases de datos con su información. Desaparecer en México es un verbo infinito.

—Yo tengo una base de perfiles genéticos de cadáveres ya identificados y se la puedo vender porque necesito recuperar lo que gasté.

Quien habla y ofrece su producto es Mariana García Sosa, según el relato de una fuente anónima que lo sabe de primera mano. Ocurre un día de octubre de 2018: falta poco para que López Obrador asuma la Presidencia y Encinas recibe a familiares de personas desaparecidas. Dice el funcionario:

—Sostuvimos una reunión durante la transición. Llegó esta persona [García Sosa]. Me hizo el ofrecimiento de una base de datos genéticos, que se me hace una situación sumamente irregular, porque implica tener consentimiento de las personas que forman parte de esa base de datos y, por supuesto, que un documento o un archivo de esa naturaleza no puede comercializarse —confirma Encinas.

Revira la socia de Central ADN:

— No, no [fui a] ofrecérsela, jamás se la ofrecí.

—Le avisé lo que se había logrado juntar a través del primer comisionado [Cabrera Alfaro], porque yo me enteré de que el primer comisionado no estaba avisando de lo que tenía. Entonces, en una reunión que me invitan los familiares de desaparecidos, yo le expongo a Alejandro Encinas lo que tengo, con la finalidad de entregarlo.

Lo que ella plantea como casi un regalo, para identificar a los desaparecidos de México, otras fuentes —confidenciales por seguridad— lo recuerdan como una oferta de venta. Y hubo más de una. También se reunió con Karla Quintana cuando ya era comisionada Nacional de Búsqueda, pero ella dice que no aceptó quedarse con la información. Y aun antes, en 2017, su laboratorio le había lanzado otra oferta a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos entre 2015 y 2018.

—A mí me llamaba la atención que muchas de estas bases de datos eran oficiales. En ese momento, mi pregunta era ¿cómo podía un ente privado acceder a esa información? Y entonces, simplemente, no le di importancia y no tuve más comunicación —dice Campa Cifrián en entrevista.

Encinas desconocía el convenio entre Central ADN y la PGR pero anticipa que debe revisarse.

—Haber accedido a la base de datos CODIS incluso puede vulnerar lo que era el convenio de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y la Iniciativa Mérida.

Una base de datos genéticos es más que números. Son personas que buscan: muestras de sangre y saliva de madres, hermanos, esposas, hijos. Son perfiles genéticos: la información que guarda un hueso o un diente en cada una de sus células. La esperanza de la permanencia, de no olvidar, de encontrar.

Y más valen la saliva, la sangre, los huesos, entre tanto que se ha perdido, en un país con morgues saturadas sin aire acondicionado y cuerpos en el piso; con miles de fosas, campos de exterminio y camiones cargados de restos donde a las familias les entregan pedazos de cuerpos en bolsas negras de basura, cadáveres equivocados o cenizas sin la certeza de que sean las del ser querido. La situación es tan severa que la ONU eligió a México como destino de la primera visita internacional en materia de desaparición forzada en noviembre de 2021. En las conclusiones sostienen que las desapariciones siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta.

En este caos forense, el país junto con organismos internacionales alistan un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Es decir, un camino de posibles soluciones que incluye la contratación —o no— de empresas privadas.

Y mientras, en el negocio de la muerte, los laboratorios privados sacan cuentas: hay cerca de cien mil personas desaparecidas y para cada identificación se requieren tres pruebas genéticas. En costos actuales, estamos hablando de 40 y 50 dólares por cada muestra de referencia y entre 400 y 500 dólares por analizar cada resto. El botín es gigantesco: multiplicar cien mil desaparecidos por tres pruebas, en cada caso, arroja una cifra tan alta que las calculadoras marcan error si se cuenta en pesos. En dólares son cerca de sesenta millones.

Suena el teléfono de Mónica, la mujer que busca a su hijo y esposo desaparecidos en Jalisco. Es un mensaje que repite el mismo libreto: “Nuestro laboratorio se llama Genolife. Le busco con la intención de que puedan apoyarme, busco poder vincular con los grupos adecuados para poder ofrecerles nuestro laboratorio para pruebas genéticas, perfiles de ADN, procesamiento de datos genéticos”.

Otros laboratorios privados aparecen en el limbo forense sin regulaciones, sin auditorías, sin leyes.

—Están en la cacería de poder hacer su negocio —resume Mónica.

Llegan nuevos mensajes, precios, ofertas.

Edición: Francisco Sandoval y Guillermo Sánchez Cervantes.

Central ADN se fundó en 2013, en Morelia, Michoacán, pocas semanas después del regreso del PRI, con el presidente Enrique Peña Nieto. Tiene dos direcciones en Morelia y una en la Ciudad de México, en Polanco, y tres sitios de internet: Central ADN (centraladn.com), Somos ADN (somosadn.com) y ADN México (adnmexico.net) que es el nombre comercial de su laboratorio de pruebas. El primer presidente de Central ADN fue Alfonso Fabriciano Gómez Sanz, pero en la actualidad aparece Jaime Raúl Aceves Hungar con ese nombramiento. En febrero de 2018 surgió una empresa similar a Central ADN, llamada Biotecnológica Somos ADN, S.A. de C.V. Los accionistas son casi los mismos: el publicista Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, el veterinario Diego Ulibarri Gómez y el empresario Alfonso Fabriciano Gómez Sanz. Entre otros miembros nuevos, se unió un genetista español de nombre Manuel Rey. Mariana García Sosa, esta vez, no está incluida..

No hay en México una base de datos genéticos exclusiva para buscar a personas desaparecidas. Los bancos genéticos existentes almacenan, comparan y confrontan registros de ADN que provienen de delincuentes convictos, escenas del crimen, restos humanos no identificados y personas desaparecidas. Todo junto. La primera base nacional se creó en 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, por recomendación de la ONU. En septiembre de 2009, en el marco de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos donó el software CODIS que usa el FBI, si bien se comenzó a usar hasta 2012. 

Por ley, la FGR resguarda esta gran base de datos que envían las procuradurías, fiscalías y morgues a Servicios Periciales de la Fiscalía. En la actualidad contiene 69 300 perfiles genéticos, según una respuesta por transparencia. Desde 2010 existe otra base de datos, de la División Científica de la extinta Policía Federal (PF), un archivo que se heredó a la Guardia Nacional (GN) y cuyas muestras son, en su mayoría, de familiares de personas desaparecidas, que se han ido recolectando a petición de los colectivos de búsqueda. La base tiene 15,741 perfiles genéticos ingresados hasta ahora, según una respuesta vía ley de transparencia. El 1 de octubre del 2021 la GN adjudicó un contrato por casi 2.2 millones de pesos para el arrendamiento de una base de datos genéticos a Logística y Tecnologías para Laboratorios, S. A. de C. V., una empresa ubicada en la ciudad de Mexicali. Las pruebas que toma la GN se envían a los servicios periciales locales y al federal para que ayuden en la identificación de personas desaparecidas; los resultados no se entregan a los familiares. 

Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo

Es publicista, asesor electoral y productor de cine. Es familiar de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el acta constitutiva de Central ADN aparece como secretario de la sociedad mercantil. En una asamblea extraordinaria a finales del 2020, los socios de Central ADN aprobaron la propuesta para transferir a Productora de Contenidos Inmersivos 115, S.A. de C.V., la totalidad de las acciones de Scherer Castillo, equivalente a 2 250 millones, y reconocerle su carácter de socio de la entidad que tiene como apoderada a Valentina Scherer Navarro. Además de esa compañía, por fuera de Central ADN, el publicista registró también en 2019 la empresa Tenedora de Proyectos 115, donde comparte el 50% de las acciones con Julio Javier Scherer Pareyón, el hijo del exconsejero jurídico de AMLO.

Es la cara visible de Central ADN. Cuando entró a la empresa aportó 750 mil pesos, de acuerdo con las actas en el Registro Público del Comercio; ahora cuenta con 2.5 millones de pesos en acciones. Aparte, tiene la empresa Helix-ID, creada en 2017; uno de sus apoderados es Víctor Rodríguez Neria, también apoderado legal de Central ADN. Al igual que otros socios, mantiene un perfil bajo en redes sociales, sin cuentas visibles de Twitter, Facebook ni Instagram. Ante las familias de víctimas de desaparecidos omite el apellido García. 

Alfonso Fabriciano Gómez Sanz

Empresario michoacano, es pariente y socio de los Reyzábal, un clan de la alta sociedad en España y ostenta el título de Cónsul del Reino de España en Morelia gracias a un decreto de ley en el Congreso de la Unión de 2005, cuando Manuel Bartlett era senador. En el acta constitutiva de Central ADN aparece como presidente. Además es socio de un cúmulo de empresas inmobiliarias, de construcción y de crédito, algunas incorporadas al capital de Central ADN.

Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños

Exfiscal electoral durante las presidenciales de 2018: el Congreso lo eligió para sustituir a Santiago Nieto después de que el gobierno de Peña Nieto lo corriera durante la investigación del caso Odebrecht. Es profesor de la UNAM y del IPN. 

Entró a Central ADN en agosto de 2020 con un capital de casi dos millones de pesos y su empresa WeConnect ADN S. A. de C. V., que tiene entre sus propósitos administrar bases de información genética. Renunció a Central ADN en octubre de 2021, según consta en un acta ingresada al Registro Público de Comercio. Antes de irse firmó contrato de compraventa de acciones (1,890,000 pesos) con la Productora de Contenidos Inmersivos 115, cuya apoderada es Valentina Scherer Navarro. 

Es veterinario especializado en caballos y empresario. Tiene 49 años y es originario de Morelia. En su perfil de LinkedIn aparece como director corporativo de Central ADN y Somos ADN. Firmó el convenio de la PGR cuando entraron tres computadoras Lenovo que se instalaron en el Laboratorio de Genética Molecular más importante del país. Su hermano Salvador Ulibarri Gómez, egresado de la Universidad Iberoamericana, es socio de Grupo Cantabria, incorporado a Central ADN.