El Comisionado General del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, libró la posibilidad de ir a la cárcel y además podrá seguir en el cargo mientras se define su situación jurídica por la muerte de 40 personas en situación de movilidad ocurrida el pasado 27 de marzo, tras un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Fuentes judiciales explicaron que la libertad del titular de Migración nunca estuvo en riesgo, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó una medida cautelar privativa de la libertad.
En la audiencia inicial celebrada este martes, Garduño fue imputado por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de incumplir con su deber, en cualquier forma que “propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos” del Instituto Nacional de Migración”.
El Comisionado de Migración fue acusado de omisión, pero el Ministerio Público de la FGR solamente pidió que Garduño comparezca ante un juzgado cada 15 días, con el propósito de que firme y compruebe que está localizable para que se siga el proceso penal en su contra.
La defensa de Garduño Yáñez solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, ya que en los próximos días van a tratar de reunir pruebas de descargo.
La continuación de la audiencia inicial será hasta el próximo domingo 30 de abril a las 11 de la mañana, donde se definirá si es vinculado a proceso o no por dicho ilícito.
Lo que sí había solicitado la FGR es que el Comisionado del INM fuera separado del cargo, pero un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Víctor Manlio Hernández Calderón, rechazó la petición del Ministerio Público de la Federación.
La FGR ya había señalado que Francisco Garduño sería imputado por incurrir en presuntas conductas delictivas que propiciaron la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que se configura una presunta violación al artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal.
De acuerdo con la norma invocada, incurre en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad descrita, cualquier funcionario que “teniendo obligación por razones de su empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma, propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
Por lo anterior, fue imputado por omisión y por incumplir con sus obligaciones de “vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes, es decir, la muerte de 40 de ellos y lesiones a 28 más.
Las penas previstas en el Código Penal Federal para este delito van 2 a 7 años de prisión y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que era decisión de la Fiscalía solicitar una medida cautelar privativa de la libertad, pero de forma justificada.
🗣️ Hoy se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos al comisionado nacional del @INAMI_mx Francisco Garduño por el incendio ocurrido ocurrido en la estación migratoria en Ciudad Juárez. Acá abrimos #hilo con la cobertura de la audiencia 👇🏻🧵 pic.twitter.com/iTI7pnfG7N
— La Verdad (@LaVerdadJz) April 25, 2023