Las procuradurías generales de 13 estados presentaron una demanda que desafía el nuevo protocolo de “carga pública” anunciado esta semana por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
La demanda federal, presentada el miércoles en Richland, Washington, es similar a otra demanda presentada el martes por dos condados de California.
Legislador: No hay riesgo de viaje para residentes que reciben ayuda pública
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La directriz de “carga pública” endurece los protocolos que determinan a qué extranjero el gobierno le otorgará o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente y la extensión de visa.
“El mensaje de la Administración de Trump es claro: si eres rico eres bienvenido, si eres pobre, no lo eres”, expresó Anthony Ferguson, procurador general de Illinois.
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“Obliga a las familias a tomar una decisión imposible: sacrificar su sueño de convertirse en estadounidenses para brindar atención médica, alimentos o un techo sobre las cabezas de sus hijos, o dejar que sus familias se vayan sin poder quedarse en el país. Esta regla es antiestadounidense, antiinmigrante y también es ilegal”, añadió.
El procurador Ferguson codirigió la coalición de 13 estados al presentar la demanda de 169 páginas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington.
El recurso legal sostiene que la nueva regla amplía ilegalmente la definición de “carga pública”, en violación de los estatutos federales de inmigración. Los procuradores argumentan que la directriz causará “daños irreparables” y disuadirá a los no ciudadanos de buscar asistencia pública “esencial”.
La demanda entablada contra el Departamento de Seguridad Nacional fue presentada por los estados de Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Virginia y Washington.
Los extranjeros que podrían ser afectados por el nuevo protocolo, que entraría en vigor el 15 de octubre, son aquellos que han solicitado beneficios monetarios o en especie (tales como subvenciones de vivienda, de alimentos u otras formas de bienestar público) durante más de 12 meses durante un periodo de 36 meses.