Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante del Observatorio de la Justicia, advirtió que las atribuciones otorgadas al Tribunal de Disciplina Judicial pueden generar un efecto inhibidor entre jueces y magistrados, particularmente porque ya existen casos en los que juzgadores fueron suspendidos por decisiones que, a su juicio, corresponden a diferencias de criterio jurídico.
En una entrevista con Aristegui en Vivo, Laynez señaló que durante la discusión de la reforma judicial la atención se concentró principalmente en el mecanismo de elección de jueces, magistrados y ministros, mientras que se prestó menor atención a las facultades del nuevo tribunal.
Explicó que el reglamento del propio Tribunal de Disciplina ratificó atribuciones para fincar responsabilidades y suspender a jueces o magistrados cuando se considere que alguna de sus resoluciones fue contraria al interés general o al orden público.
El ministro en retiro cuestionó que esos conceptos jurídicos sean utilizados como fundamento para intervenir en decisiones jurisdiccionales, debido a que se trata de conceptos jurídicos indeterminados, es decir, que no tienen una definición precisa y exacta y cuya aplicación depende de las circunstancias de cada caso.
Laynez explicó que conceptos como el orden público sí tienen aplicaciones jurídicas concretas, por ejemplo, en una expropiación destinada a la construcción de una escuela, pero consideró problemático que esas categorías se utilicen para cuestionar decisiones tomadas por jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional.
El ministro en retiro afirmó que ya se han presentado casos de jueces suspendidos por decisiones que posteriormente fueron objeto de recursos ante tribunales colegiados.
Mencionó el caso de un juez que otorgó una suspensión o un amparo relacionado con la prisión preventiva oficiosa. También habló de otro juzgador que redujo una sanción penal en un procedimiento abreviado, una decisión que, de acuerdo con Laynez, era jurídicamente posible.
En ese segundo caso, explicó, el juez había tenido diferencias de criterio con la fiscalía y, en dos ocasiones, sus decisiones habían sido confirmadas por tribunales colegiados. Posteriormente, otras dos resoluciones fueron revocadas por colegiados y, tras una queja presentada por la fiscalía, el juez fue suspendido. “Es evidente que es una cuestión de criterio”, afirmó.
Para el también profesor del ITAM, el problema no radica en que una decisión judicial pueda ser modificada por una instancia superior, sino en que un órgano distinto pueda sancionar al juzgador por haber adoptado inicialmente una determinada interpretación jurídica.
Consideró que la existencia de varios casos en el primer año de vigencia de la reforma resulta particularmente preocupante por el efecto que puede producir en otros integrantes del Poder Judicial. “Es gravísimo porque tú si tienes una inquisición ahí”, dijo.
Señaló que ya existen alrededor de cuatro casos que el Observatorio de la Justicia ha comenzado a identificar y documentar. A su juicio, el número adquiere relevancia por el tiempo relativamente corto transcurrido desde la implementación de la reforma.
“Tú dirás, bueno, no son tantos, ¿no? Claro, cuatro en un año lo que lleva la reforma para mí es muchísimo, y te voy a decir por qué, por el efecto inhibidor”, explicó.
Laynez sostuvo que los demás jueces y magistrados pueden observar estos casos y preguntarse qué consecuencias podrían enfrentar por adoptar una decisión que posteriormente sea considerada incorrecta por otra instancia: “Imagínate los demás magistrados, los demás circuitos cuando tú volteas y suspendieron al de al lado. Y dices, por una cuestión de criterio”.
Imágenes: Pexels/Freepik. Tratamiento: AN
Justicia cambiará “en sentido negativo”
De acuerdo con el jurista, durante el régimen anterior existían mecanismos para impugnar algunas de las sanciones impuestas por el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) y, en determinados supuestos, esos asuntos podían llegar a la Suprema Corte.
Recordó que la propia Corte había establecido que una diferencia de interpretación jurídica no podía, por sí misma, convertirse en motivo para destituir a un juzgador.
Afirmó que ahora las resoluciones del nuevo tribunal son definitivas e inatacables y que, según entiende, ya no existen los mecanismos de defensa que anteriormente permitían controvertir determinadas sanciones.
“Entonces sí es muy muy preocupante porque ahí es donde donde de verdad la justicia va a cambiar en sentido negativo”, sostuvo.
Agregó que también le preocupa el comportamiento de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues señaló que existen tres casos en los que el máximo tribunal dio vista al Tribunal de Disciplina para que se procediera contra integrantes de tribunales colegiados.
Uno de los casos que mencionó estuvo relacionado con una sentencia de la ministra Loretta Ortiz sobre los derechos de una persona con discapacidad. El asunto involucraba la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de proporcionar un aparato específico que no estaba previsto en su cobertura.
El ministro en retiro señaló que un tribunal colegiado había dado la razón al Seguro Social, pero la Suprema Corte corrigió esa decisión y determinó que debía garantizarse el apoyo correspondiente a la persona con discapacidad.
Sin embargo, durante la discusión de la sentencia, se incorporó un resolutivo para dar vista al Tribunal de Disciplina debido a afirmaciones consideradas discriminatorias en la resolución del tribunal colegiado.
Recordó que hubo ministros que se opusieron a esa determinación durante el debate, pero finalmente se aprobó por mayoría.
Consideró que en estos casos también existe un efecto inhibidor sobre los juzgadores, pues una instancia superior puede terminar remitiendo sus decisiones al Tribunal de Disciplina incluso cuando el desacuerdo se encuentra relacionado con la forma en que resolvieron un asunto. “Y ya ha habido tres ocasiones”, afirmó.
Estados buscan filtros antes de las elecciones judiciales
Al referirse a la implementación de la reforma judicial en los poderes judiciales locales, el jurista explicó que el proceso todavía no se ha completado en todos los estados.
Señaló que algunas entidades están buscando mecanismos para establecer filtros antes de que los candidatos lleguen a las elecciones. Mencionó a Querétaro y Nuevo León como ejemplos de estados que analizan la posibilidad de que quienes aspiren a un cargo judicial deban acreditar previamente exámenes.
Aclaró que estos mecanismos no sustituirían la elección popular, debido a que esta quedó establecida en la Constitución, sino que buscarían garantizar que las personas que lleguen a las boletas cuenten previamente con una acreditación de conocimientos y capacidades.
“La elección no la pueden quitar porque está en la Constitución. Ya no hay manera. Sino que quien vaya a la elección previamente ya está calificado para sus exámenes. O sea, que sea idóneo realmente para que lo elijan”, apuntó.
Consideró que un filtro de este tipo podría mejorar parcialmente el mecanismo, aunque mantuvo su cuestionamiento de fondo a la elección popular de juzgadores. “De todas maneras, la elección siempre significará compromiso con alguien, institución pública o privada. Siempre. Ese es el problema de la elección”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la necesidad de hacer campaña puede generar vínculos o compromisos entre los candidatos y quienes los apoyen: “Implica compromiso, porque ¿Cómo ganas la elección? Haciendo campaña”.
Consideró que el periodo previo a las siguientes elecciones, previstas para 2028, debe utilizarse para analizar el funcionamiento del nuevo modelo y documentar sus efectos. “Por eso es bien importante darle seguimiento a todo eso y hacerlo público. Nosotros vamos a hacer públicos todos los hallazgos, es importante porque tenemos que ir pensando que eso no puede quedar así”, sostuvo.
“Esto es un error histórico”
Laynez reiteró su crítica a la reforma judicial y la calificó como un “error histórico”, principalmente por el tiempo que, a su juicio, será necesario para corregir sus consecuencias.
Explicó que el problema no puede resolverse simplemente mediante una nueva reforma, debido a la pérdida de cientos de perfiles profesionales que habían desarrollado carreras dentro del Poder Judicial.
“Su corrección nos va a llevar lustros. Esto no se corrige, no es una reforma que pueda ser irreversible con otra y se acabó el problema. Acuérdate que te estás deshaciendo de cientos de perfiles profesionales”, afirmó.
Al abordar el diagnóstico que la propia Suprema Corte realizó antes de la reforma judicial sobre la situación del sistema de justicia mexicano, Laynez señaló que los problemas identificados eran reales, pero consideró que la reforma no atendió el principal foco de preocupación: la justicia local.
Recordó que en 2021 se había realizado una reforma legal para enfrentar el nepotismo dentro del Poder Judicial Federal. Explicó que este problema no estaba concentrado principalmente en jueces y magistrados, quienes desde 1994 ocupaban sus cargos mediante concursos, sino en otros niveles de la estructura judicial.
Según Laynez, aquella reforma estableció mecanismos como un censo para que los integrantes del Poder Judicial informaran sobre sus familiares y, en determinados casos, comisiones de ética encargadas de revisar posibles situaciones de nepotismo.
Sin embargo, sostuvo que fuera de esos avances no ha observado mejoras respecto del diagnóstico elaborado anteriormente por la Suprema Corte. “Para mí todo fue para peor”, afirmó.
Foto: SCJN. Tratamiento: IA/AN (MDS)
La justicia local, el principal problema
Laynez sostuvo que el mayor problema del sistema de justicia mexicano sigue estando en el ámbito local, debido a que es ahí donde se concentra la mayoría de los asuntos que afectan directamente a la población.
Explicó que los problemas identificados en el diagnóstico previo incluían la atención recibida en las fiscalías, la preparación de los ministerios públicos, la falta de recursos y los bajos salarios de policías, así como la situación de los poderes judiciales locales.
En materia penal, señaló que ocho de cada diez delitos son del fuero local y recordó que asuntos como homicidios, feminicidios y violencia intrafamiliar, además de los procesos civiles y familiares, corresponden principalmente al ámbito local.
Aunque reconoció que el Poder Judicial Federal también tenía problemas y áreas de oportunidad, sostuvo que era el componente con mejores condiciones dentro del sistema de administración de justicia. “La justicia federal tenía problemas, sí, pero era lo mejor que se tenía en la parte de administración”, señaló.
Por ello, expresó preocupación por el futuro de los poderes judiciales locales, especialmente ante la elección de jueces y magistrados. “Cuando mucho, que esté igual que como estaba, en el mejor de los casos”, dijo.
Advirtió que los gobernadores podrían intervenir en las elecciones judiciales locales y comentó que ya existieron antecedentes de esta situación durante el proceso electoral: “Veo perfectamente a los gobernadores metiendo la mano en esa elección”.
También recordó que antes de la reforma existieron casos en los que gobernadores destituyeron y sustituyeron magistrados con la llegada de nuevos gobiernos, aunque posteriormente se habían producido avances en distintos estados para consolidar carreras judiciales.
Foto: Archivo Cuartoscuro. Tratamiento: AN
Niega que antigua Corte ocultara expedientes para favorecer a grupos empresariales
Ante la pregunta sobre los señalamientos de que la antigua Suprema Corte había ocultado expedientes para evitar resolver determinados asuntos, Laynez rechazó que hubiera existido una práctica destinada a favorecer fiscalmente a algún grupo empresarial.
Se refirió particularmente a los litigios fiscales relacionados con el grupo empresarial del empresario Ricardo Salinas Pliego y negó que la Corte anterior hubiera actuado para privilegiarlo.
“Si hacemos, y lo voy a hacer, un análisis serio de cómo resolvía la corte es falso de toda falsedad que privilegió fiscalmente a Salinas, a cualquier otro grupo”, afirmó.
Reconoció que determinados asuntos pudieron retrasarse y mencionó casos en los que el entonces ministro Luis María Aguilar fue ponente. Explicó que Aguilar había señalado que estaban llegando a la Corte diversos asuntos provenientes de la materia fiscal y que decidió acumularlos para resolverlos.
Desde su perspectiva, esa decisión pudo haber sido un error político porque posteriormente se interpretó como una maniobra para mantener los expedientes “en el cajón”.
Sin embargo, Laynez sostuvo que la resolución de esos asuntos no estuvo orientada a favorecer al grupo empresarial.
Afirmó que durante su etapa como ministro resolvió asuntos de ese grupo y de otros contribuyentes en los que, dependiendo del punto jurídico, se reconoció que tenían razón en determinadas cuestiones y se les negó en otras.
“Puedo decir con toda seguridad que un ocultamiento en este tipo de asuntos como para privilegiar eso nunca se dio”, afirmó.
Nueva Corte enfrenta una curva de aprendizaje distinta
Al analizar las críticas que ha recibido la actual integración de la Suprema Corte, Laynez identificó como uno de sus principales problemas la ausencia de ministros con una experiencia prolongada dentro del máximo tribunal.
Explicó que, bajo el régimen anterior, normalmente ingresaba uno o, como máximo, dos ministros nuevos, quienes podían apoyarse en la experiencia de los demás integrantes de la Corte. “Entonces, tu curva de aprendizaje es muchísimo más baja”, dijo.
Recordó que los ministros recién llegados también retomaban inicialmente las ponencias que ya existían y debían comenzar a votar asuntos prácticamente desde su llegada, lo que aceleraba su proceso de aprendizaje.
En contraste, sostuvo que la actual integración está compuesta mayoritariamente por ministros nuevos. Aunque mencionó que Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz ya tenían experiencia previa, consideró que no contaban con la trayectoria de diez o quince años que algunos ministros de la anterior integración acumulaban.
Agregó que, desde su punto de vista, también ha faltado una dirección institucional que ayude a la Corte a definir cómo abordar los problemas y evitar situaciones que pudieran generar críticas. Consideró que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ha tenido una responsabilidad particular en ese aspecto.
Antes de la renovación del máximo tribunal, dijo, había considerado que la nueva integración tendría posibilidades de consolidarse políticamente porque sería una Corte con un perfil político distinto.
Su expectativa era que los nuevos ministros pudieran aprovechar resoluciones y proyectos elaborados por la integración anterior para mostrar que podían resolver asuntos fiscales y de derechos humanos de manera similar, pero presentarlos como parte de una nueva etapa institucional. “Y no fue así”, sostuvo.
También cuestionó decisiones relacionadas con la forma en que los ministros se han presentado públicamente, particularmente durante una sesión realizada en Chiapas. Consideró que el traslado de los ministros en vehículos que calificó como “camionetones” no contribuye al objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía.
Añadió que incluso cuestiones logísticas como los vehículos utilizados o los seguros contratados han terminado convirtiéndose en elementos de crítica pública, así como la asistencia de algunos ministros al acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.
Para concluir, hizo un llamado a los jóvenes a analizar “qué está pasando con México” y cuál debe ser el rumbo del país frente a la “regresión” que se está viviendo y que se evidencia en el debilitamiento institucional experimentado en los últimos años.
“Hoy en día ese remedio va a estar en la sociedad organizada”, dijo, aunque admitió que actualmente no ve que existan señales de ello.