La Sala Superior del Tribunal Electoral desestimó los recursos de la oposición que solicitaban la nulidad de la elección presidencial.
Magistradas y magistrados determinaron, por unanimidad, que no hubo pruebas de uso de programas sociales, que la violencia que vive el país no afectó los resultados, que no hubo intervención de sindicatos.
Además, determinaron que no hubo intervención de funcionarios públicos, incluyendo el presidente López Obrador, para coaccionar el voto.
Se desecharon los argumentos de la oposición sobre compra ilegal de tiempo en radio y televisión; el Tribunal tampoco avaló los argumentos sobre actuación indebida de las instituciones.
La decisión se tomó por unanimidad, pero hubo debate en los argumentos.
Hubo intervención sistemática de AMLO: Otálora
La magistrada Janine Otálora dijo que las irregularidades no fueron determinantes en la elección, pues la ciudadanía eligió por amplia mayoría a una de las propuestas políticas.
Sin embargo, sostuvo que sí había elementos para realizar un pronunciamiento sustancial sobre los asuntos que fueron impugnados.
Sostuvo que la violencia fue una “afrenta contra la democracia y se mostró en desacuerdo con el argumento del proyecto de que los asesinatos solo tuvieron afectaciones locales.
Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino de forma sistemática mediante la conferencias mañaneras, lo que se ha confirmado mediante sentencias firmes.
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Fue un proceso de claroscuros
Reyes Rodríguez determinó que hubo constantes intervenciones de funcionarios y actos criminales que llaman a hacer un cambio a la ley.
Afirmó que el proceso fue de claroscuros y que el proyecto aprobado desestima todos los actos de violencia que afectaron a los contendientes y a la sociedad.
Sin embargo, coincidió en que no hubo pruebas contundentes para anular la elección.
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Defensa del proyecto
El magistrado Alfredo Fuentes Barrera dijo que los partido de oposición “solo” aportaron prueba de la intervención de López Obrador en 34 conferencias mañaneras.
Sostuvo que en el proyecto no se advirtió que fuera una conducta sistemática para intervenir en los comicios.
Argumentó que el Tribunal solo puede tomar los argumentos que se presentaron en la demanda y que no es válido que la institución investigue o añada más elementos.
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