El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza concluyó que el Estado Mexicano cometió el crimen de ecocidio y etnocidio, al considerar que el Tren Maya ha violado los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya.
Además, declaró que se vulneraron los Derechos de la Madre Tierra, como los derechos a la vida y a existir, a ser respetada, a la regeneración de su biocapacidad y a continuar sus ciclos y procesos vitales sin alteraciones humanas, al agua, a la salud y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos.
“Estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, detalla la sentencia.
Ante esto, ordenó como medidas de reparación, que se realice una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra.
Además, exige la reparación y restauración de los ecosistemas afectados por las construcciones, así como la suspensión de las mismas.
Igualmente, solicita reformas constitucionales a nivel federal que reconozcan a la Naturaleza como sujeto de derechos y a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público.
“También se enfatiza la necesidad de desmilitarizar los territorios indígenas y garantizar la seguridad de los defensores de la naturaleza”, dice el texto.
El Tribunal hizo la entrega pública del veredicto del caso por medio de una conferencia en línea este miércoles.
En la reunión, Russell Pebá Ocampo, miembro de la Asamblea de Defensores Maya, denunció que se llevó a cabo una “falsa consulta” y dijo que se violentaron las leyes porque no se presentó un Manifiesto de Impacto Ambiental desde el inicio a las comunidades indígenas de la zona. Asimismo, se pronunció en contra de la construcción y denunció sus impactos.
“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, sentenció.
“Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, agregó.
A su vez, Pedro Regalado Uc Be, representante de la Asamblea de Defensores Maya, celebró la sentencia.
“Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón una luz de esperanza con este veredicto”, expresó. “No entendemos cómo se pueden defender los derechos humanos sin depender la naturaleza”, cuestionó.
Por su parte, el Fiscal de la Tierra, Jorge Fernández, denunció que en el desarrollo del proyecto no se han dado “condiciones democráticas” y celebró la sentencia.
“Recibimos con mucho aliento con mucha esperanza esta sentencia. Es una herramienta para que los pueblos y las comunidades sigan luchando, que expone, que sistematiza, pero también insisto es una oportunidad para distintas instancias del Estado mexicano para finalmente hacer efectivo el derecho a la libre determinación de los pueblos y reconocer los derechos de la naturaleza”, expresó.
El veredicto también será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos México, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y a la Embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur.
Fue firmado por los jueces del Tribunal, el actor mexicano Gael García Bernal, el economista mexicano Enrique Leff, el autor y activista ambiental nigeriano Nnimmo Bassey, el jurista mexicano José Ramón Cossio, el economista ecuatoriano Alberto Acosta, la abogada y profesora mexicana Ana Laura Magaloni, entre otros.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional conformada por ciudadanos para investigar las violaciones de los Derechos de la Naturaleza. Sus decisiones no son vinculantes, pero sus impulsores argumentan que puede tener un impacto en los territorios involucrados.
Fue creada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014 y desde entonces ha llevado a cabo cinco reuniones distintas en Perú, Lima, Francia, Alemania y Escocia.
El tribunal decidió atraer el caso del Tren Maya, después de que la asamblea del territorio maya en Yucatán, junto con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaran su intervención el 5 de junio de 2022. A raíz de ello, el caso fue analizado en dicho mes y el Tribunal convocó a una sesión nacional y a una visita in situ.
Del 9 al 12 de marzo de este año llevó a cabo su octava audiencia local en Yucatán para evaluar la implementación del Tren Maya y escuchar las comentarios de comunidades indígenas de la zona y especialistas de la región.
Tras ella, concluyó que el proyecto se inició sin realizar declaraciones de impacto ambiental. Asimismo, argumentó que tendrá impactos a las comunidades de la zona por una “pérdida irreparable de la diversidad biocultural”, así como a la flora y fauna, por daño directo y fragmentación de ecosistemas, y a las formaciones naturales, afectando cavernas subterráneas.
El Tren Maya abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se planea construir una ruta de mil 554 kilómetros de vía férrea.
Es uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que busca potenciar el desarrollo en el sureste mexicano, mientras que organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por el posible impacto negativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y en el medioambiente de la zona.
Actualmente, los primeros vagones de la obra se encuentran realizando pruebas en los primeros tramos y se tiene programado que la obra inicie operaciones en diciembre de este año.
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