El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha pedido al Tribunal Supremo que anule la decisión de un tribunal federal de apelaciones que permitió al Departamento de Justicia desbloquear la investigación de los documentos clasificados incautados en el registro de Mar-a-Lago, su mansión en Florida.
El Tribunal Supremo cuenta con nueve miembros y una mayoría conservadora de seis a tres. Además, tres de los magistrados fueron nombrados por el propio Trump durante su presidencia. Basta con que cuatro jueces apoyen aceptar un caso para que sea admitido a trámite. Pese a ello, en anteriores ocasiones el Supremo ha tomado decisiones en contra de los intereses de Trump.
Ninguna de ellas, sin embargo, en un caso de tanta trascendencia. La temprana apelación al Supremo marca una escalada en la batalla judicial en relación con los documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y mantuvo irregularmente en Mar-a-Lago. En el nuevo escrito, los abogados de Trump sostienen que se llevó los documentos a su mansión cuando era presidente y que una vez allí, tenía poder para decidir que dejasen de ser confidenciales. Trump ha sostenido en una entrevista en la conservadora Fox hace unas semanas que podía desclasificarlos “solo con pensarlo”.
Los abogados de Trump señalan en su recurso que se debe permitir al perito independiente, un juez retirado, que examine esos papeles con marcas de clasificación. Argumentan que el tribunal carecía de competencia para suspender esa revisión y, por tanto, permitir al Departamento de Justicia que siguiese examinando los papeles.
La decisión recurrida
El tribunal había decidido suspender cautelarmente la revisión por parte del perito y permitir a la Fiscalía seguir investigando. “Concedemos la suspensión en espera de la apelación. La orden del tribunal de distrito se suspende en la medida en que prohíbe el uso de los documentos clasificados por parte del Gobierno y en la que exige que el Gobierno presente los documentos clasificados al experto especial para su revisión”, señalaban en su fallo.
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Y añadían: “No podemos discernir por qué el demandante [Trump] tendría un interés individual o necesidad de cualquiera de los 100 documentos con marcas de clasificación. Los documentos clasificados se marcan para mostrar que están clasificados, por ejemplo, con su nivel de clasificación”, dice la decisión judicial, de 29 páginas, ante las alegaciones de los abogados del expresidente. “El demandante ni siquiera ha intentado demostrar que tiene una necesidad de conocer la información contenida en los documentos clasificados”.
Los jueces desmontaron una de las maniobras de defensa de Trump, que ha asegurado en su red social que había desclasificado todos los documentos, mientras sus abogados no han sostenido abiertamente eso ante los tribunales, porque se puede volver en su contra. El delito no está en sustraer o retener documentos clasificados, sino documentos que puedan afectar a la seguridad nacional.
El tribunal fue tajante: “El demandante sugiere que podría haber desclasificado estos documentos cuando era presidente. Pero el expediente no contiene ninguna prueba de que ninguno de estos registros fuera desclasificado. Y ante el juez especial, el demandante se resistió a aportar cualquier prueba de que hubiera desclasificado alguno de estos documentos”, escribieron los jueces. “En cualquier caso, al menos a estos efectos el argumento de la desclasificación es una pista falsa porque la desclasificación de un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal”, añadió.
Ahora, Trump pide al Supremo que tome cartas en el asunto. Cualquier decisión al respecto será polémica. La tarea se añade a la lista de casos de gran perfil que ya tiene el Supremo para este curso judicial. El Supremo de mayoría conservadora aborda casos decisivos sobre raza, religión, igualdad, reglas electorales y medio ambiente que pueden suponer una nueva vuelta de tuerca en el giro a la derecha emprendido con decisión el año pasado.
Los jueces del Supremo han rechazado las solicitudes de Trump en ocasiones recientes. En enero, rechazaron su petición de ocultar documentación de la Casa Blanca en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En 2020, cuando aún era presidente, también le dijeron que no podía excusarse en su cargo para negar los documentos sobre sus finanzas frente a una investigación llevada a cabo en Nueva York.
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