Apenas 24 horas antes de que Donald Trump abandone la Casa Blanca, este martes está previsto que entre en vigor la decisión de su Gobierno de incluir a los rebeldes Huthi de Yemen en la lista de organizaciones terroristas. Las advertencias de la ONU y de las ONG que trabajan en ese país no han logrado frenar una medida que equiparan a “una sentencia de muerte para cientos de miles sino millones de personas inocentes”. Aunque el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dé marcha atrás, el daño puede resultar irreparable.
Las organizaciones humanitarias temen que se retrase o frene por completo la distribución de alimentos y medicinas en un país donde el 80% de sus 28 millones de habitantes depende de esa ayuda para sobrevivir. De acuerdo con la ley estadounidense, una vez que el grupo sea designado terrorista facilitarle cualquier tipo de apoyo será ilegal, pero dado que los Huthi constituyen la autoridad de hecho en el noroeste de Yemen, donde vive dos tercios de su población y se encuentra la capital, Saná, el contacto es inevitable y los empleados de las ONG corren el riesgo de ser procesados por su trabajo.
“Tememos que tenga un efecto paralizador en mis esfuerzos por reunir a las partes”, dijo el pasado jueves el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, ante el Consejo de Seguridad. “La decisión contribuirá al riesgo de hambruna en Yemen y debiera revocarse por razones humanitarias a la mayor brevedad”, subrayó.
En el mismo sentido se han pronunciado los portavoces de las más destacadas ONG. Pero aunque se espera que Biden retire la designación, no es algo automático y entre tanto deben pararse las tareas de asistencia.
“Cerrar una operación humanitaria es como apagar el interruptor de la luz, [sin embargo] volver a ponerla en marcha es como cablear una casa entera”, ha explicado gráficamente Scott Paul, responsable de política humanitaria de Oxfam para Estados Unidos.
La toma del poder por los Huthi a finales de 2014 sumió a Yemen en una guerra civil que se agravó con la intervención de una coalición liderada por Arabia Saudí en favor del Gobierno internacionalmente reconocido, a partir de marzo del año siguiente. Tanto los saudíes y sus aliados como la Administración Trump ven a los Huthi como un instrumento de Irán y su inclusión en la lista de organizaciones terroristas se interpreta como un intento de complicar los planes de Biden de reanudar la diplomacia con Teherán.
El conflicto ha desatado la mayor crisis humanitaria mundial en uno de los países más pobres. Además, los esfuerzos internacionales de mediación han chocado en los últimos meses con la convicción de los Huthi de que están ganando la guerra y que sólo desde una posición de fuerza podrán mantener cuotas de poder.
Nuevos combates entre esos rebeldes y las fuerzas gubernamentales en la ciudad portuaria de Hodeida han dejado por lo menos 150 muertos de ambos bandos en la semana del 11 al 17 de enero, según un recuento de la agencia France Presse con fuentes militares y sanitarias. Se trata de la violación más significativa de la tregua negociada por la ONU en 2018. Y Hodeida es sólo uno de los 47 frentes activos.
La guerra ha causado 233.000 muertes, de las que 131.000 se atribuyen a la falta de alimentos, servicios sanitarios e infraestructuras, según estimaciones de la Oficina Humanitaria de la ONU el pasado diciembre. Además, varios millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares y al inicio de este año 16 millones estaban amenazadas por el hambre.
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