El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que febrero ha tenido “el menor número de migrantes ilegales tratando de entrar” en el país, con un total de 8.326, lo que ha supuesto, según él, el fin de “la invasión” de EU.
“Esto significa que muy pocas personas vinieron; la invasión de nuestro país ha terminado”, dijo el mandatario en su cuenta de la red social Truth Social, al añadir que febrero, su “primer mes completo en el cargo, tuvo el menor número de inmigrantes ilegales” intentando ingresar en el país norteamericano “por mucho”.
En este sentido, cifró en 8.326 las personas que lo han intentado:
Solo hubo 8.326 detenciones de ilegales por la patrulla fronteriza en la frontera entre EEUU y México, todos los cuales fueron rápidamente expulsados de nuestra nación o, en su caso, procesados por delitos contra EU.
“En comparación, bajo el mandato (del ex presidente) Joe Biden, hubo 300.000 ilegales cruzando en un mes, y prácticamente TODOS fueron liberados en nuestro país”, agregó.
En este sentido, recalcó que “cualquiera que intente entrar ilegalmente en Estados Unidos se enfrentará a importantes sanciones penales y a la deportación inmediata”.
Precisamente el pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó de que al menos 20 mil personas extranjeras en situación irregular han sido arrestadas desde que el mes pasado el presidente tomara posesión del cargo.
Activistas demandan a Trump para intentar frenar el traslado de migrantes a Guantánamo
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto a otros defensores de los derechos humanos, presentaron este sábado una demanda contra el gobierno de Donald Trump para intentar frenar el traslado de diez migrantes a la base militar de Estados Unidos en Guantánamo (Cuba).
Los migrantes afectados son siete ciudadanos de Venezuela, uno de Afganistán, otro de Bangladés y otro de Pakistán, según consta en la demanda presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia.
En su escrito, los demandantes cuestionan la legalidad de enviar a migrantes a una prisión ubicada fuera del territorio estadounidense, que además es conocido por sus “horribles condiciones de detención”.
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