El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido imputar 37 delitos federales al expresidente Donald Trump por el caso de los papeles clasificados que guardó en su mansión de Florida y que se resistió a devolver al Gobierno hasta que el FBI tuvo que recuperarlos en un registro. El escrito de acusación fue hecho público ayer, pero el propio Trump había anunciado la imputación a sus seguidores horas antes en las redes. Trump deberá presentarse en un juzgado federal de Miami, donde reside y donde se cometió el delito, el próximo martes. Los cargos conllevan años de cárcel y tienen que ver con obstrucción a la justicia, retención de documentos de seguridad nacional y violaciones de la ley de espionaje, entre otros. Se trata de un momento de extraordinaria gravedad en un país donde ningún presidente o expresidente, ni los más denostados, se había enfrentado nunca a una acusación criminal.
La gravedad del caso quedó en evidencia el pasado agosto cuando el FBI decidió lanzar un registro en la mansión del expresidente en Florida. Allí encontraron cientos de documentos oficiales de los años de Trump en la Casa Blanca, algunos de ellos marcados con la máxima clasificación de secreto. En la autorización del registro se revelaba que Trump llevaba meses eludiendo las peticiones para devolver esos documentos, que son propiedad del Estado y deben ser entregados a los Archivos Nacionales, e incluso su entorno había engañado al FBI respecto a la cantidad y la protección de los mismos. Ante la perspectiva de ser el primer fiscal general que imputa a un expresidente, y además rival político directo, Merrick Garland decidió nombrar un fiscal especial autónomo para que tomara él la decisión, eliminando cualquier apariencia política. Esta ya está sobre la mesa. Se trata de un precedente constitucional al que EE UU nunca se había enfrentado y que tendrá consecuencias aún desconocidas. Primero para el propio Trump, que se enfrenta al menos a otras dos investigaciones graves por intentar manipular el resultado electoral de 2020 en Georgia y por su papel en el asalto al Capitolio. Su aura de impunidad, cultivada durante décadas de matonismo y falta de escrúpulos, ya había caído tras ser imputado por delitos contables en la fiscalía de Manhattan y condenado por difamación de una mujer que afirma haber sido violada por él. Ahora, la perspectiva de ir a la cárcel es real.
Las consecuencias son también graves para un país que durante dos siglos y medio había reservado para sus expresidentes un lugar de reverencia. En este sentido, será clave ver las reacciones de la decena de candidatos que se enfrentan a Trump por la nominación republicana en 2024 y que, con algunas excepciones, tratan de nadar y guardar la ropa. Sobran ya los argumentos para reconocer al expresidente como el personaje oportunista que siempre fue, fuera de los márgenes de la democracia, incluidos sus extremos. El Partido Republicano difícilmente puede defender a Trump sin hacerse a la vez corresponsable de sus actos.
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