La inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo estadounidense de 2020 —año de elecciones presidenciales— protagoniza el nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas. El presidente ha invocado este miércoles el privilegio ejecutivo para bloquear al Congreso el acceso a los documentos solicitados por la oposición sobre las motivaciones para agregar la cuestión al formulario. En un principio, la oposición interpretó la decisión como parte de la estrategia antiinmigración de la Casa Blanca. Sin embargo, unos archivos descubiertos por la hija del asesor republicano Thomas B. Hofeller, recientemente fallecido, revelaron que, según sus investigaciones, la pregunta ayudaría a reducir la representación de los electores hispanos, que tienden a votar por los demócratas. Eso ofrecería, por tanto, una ventaja para los republicanos en un sistema bipartidista como el estadounidense.
El veto de Trump llegó en el momento preciso para socavar los planes del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que tenía previsto votar esta mañana para declarar en desacato al fiscal general William Barr y al secretario de Comercio, Wilbur Ross —la cartera responsable del censo— por no entregar los documentos solicitados. Pero al haber esgrimido el privilegio ejecutivo, el presidente estadounidense blindó la actuación tanto de Barr como de Ross.
Casi una veintena de Estados progresistas, liderados por California y Nueva York, han demandado a la Administración Trump por considerar que la pregunta va a reprimir las respuestas de los inmigrantes, dejando a muchos fuera del recuento que se utiliza para determinar la distribución en el Congreso para la próxima década y que se llevará a cabo el 1 de abril de 2020, solo meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. Si bien el censo no determina quién puede votar, sí es la herramienta que se utiliza para determinar cuánto cuentan los votos según la población. Los demócratas temen que la pregunta: “¿Es usted ciudadano estadounidense?” revele la información suficiente como para que los gobiernos estatales dibujen los distritos del Congreso en busca de favorecer a los republicanos.
Aproximadamente 25 millones de inmigrantes que viven en EE UU no tienen la ciudadanía, según el Centro de Estudios PEW. Si un número significativo de ellos no participa en el censo podría acarrear una serie de consecuencias como menos fondos de seguridad para la comunidad, o para sanidad, servicios sociales, infraestructura escolar, entre otras.
Según el Departamento de Justicia, que fue el encargado de informar al comité la decisión de Trump, el bloqueo al acceso a la información responde a mantener ciertos detalles confidenciales para proteger las deliberaciones internas. Previamente, el secretario adjunto de Justicia, Stephen Boyd, había defendido que ya se han entregado al comité 17.000 páginas sobre el asunto del censo.
“Parece ser otro ejemplo del constante desafío de la Administración a la autoridad del Congreso por mandato constitucional… Esto plantea la pregunta: ¿qué se está ocultando?”, dijo el presidente del Comité de Supervisión, Elijah Cummings, tras conocer el veto de Trump. La pregunta de Cummings viene cobrando fuerza desde abril.
El argumento de la Administración para incluir la pregunta siempre ha sido hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales. La oposición la interpretaba como una caza de inmigrantes sin papeles hasta que aparecieron los documentos de Thomas B. Hofeller. Cuando Hofeller falleció, en agosto del año pasado, el mundo político lo despidió como el “maestro del gerrymandered”, como se conoce al proceso de dibujo de los distritos electorales de cada Estado en función de los cambios demográficos. El destacado asesor político del Partido Republicano investigó desde 2015 el impacto de volver a delinear los distritos según el número de ciudadanos estadounidenses en edad de votar, en vez de la población total. Una vez muerto, su hija Stephanie encontró cuatro discos duros con los resultados de esas investigaciones.
Los estudios de Hofeller revelan que dibujar los mapas guiándose por el condición de ciudadano “sería ventajoso para los republicanos y los blancos no hispanos” y perjudiciales para el poder político de los hispanos, que suelen votar por los candidatos demócratas. Pero para eso, concluía, había que agregar al censo la pregunta “¿eres ciudadanos estadounidense?”. Las copias de esos documentos, donde figura una carta al Departamento de Justicia de la Administración de Trump sugiriendo que argumentaran que querían incluir la pregunta para proteger la Ley de Derechos Electorales, fueron presentados el pasado 30 de mayo ante la Corte Federal de Nueva York y el Tribunal Supremo. A finales de junio, el máximo tribunal debería emitir una decisión final sobre la polémica pregunta.
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