Amparándose en una ley de 1953, Obama aprobó un memorando que insta al Departamento de Interior a prohibir durante un “periodo sin una expiración específica” cualquier “exploración, desarrollo o producción” energética en aguas del Gobierno federal en el Ártico y en una zona del noreste de la costa del Atlántico que va del Estado de Virginia al de Maine. En paralelo, el Gobierno canadiense de Justin Trudeau anunció un veto a prospecciones en sus aguas del Ártico.
La restricción estadounidense afecta al 98% de las aguas federales en el Ártico. Son unos 46 millones de hectáreas, frente a la costa de Alaska, que suponen el 0,1% de la producción de crudo en aguas federales. En el pasado, Obama había apoyado algunas perforaciones en el Ártico. En el Atlántico, el veto afecta a 1,5 millones de hectáreas de aguas con cañones marinos.
La decisión busca “proteger un ecosistema único y sensible que es distinto del de cualquier región en el mundo”, señaló Obama en un comunicado, en el que defendió la importancia de alejarse de la producción fósil y elogió las acciones de Canadá. “Refleja la determinación científica de que, pese a los altos estándares de seguridad que nuestros dos países han impuesto, el riesgo de un vertido petrolero en esta región es significativo, y es limitada nuestra habilidad de limpiar un vertido dadas las duras condiciones de la región”, agregó.
El nuevo veto se suma a otras medidas medioambientales anunciadas en los últimos meses. La Casa Blanca impuso en marzo una moratoria hasta al menos 2023 a las exploraciones energéticas en la costa atlántica. La medida anunciada este martes afecta solo a un tramo de la costa. El año pasado, Obama impulsó un ambicioso plan de reducción de las emisiones contaminantes, que ha llevado a los Estados gobernados por el Partido Republicano a tratar de frenarlo en los tribunales.
El republicano Trump apoya a la industria del carbón en EE UU, ha colocado a negacionistas del cambio climático en su futuro gobierno y ha puesto en duda la aplicación del acuerdo de París para reducir las emisiones que provocan el calentamiento global. La Administración Obama confía en haber levantado barreras legales que limiten la capacidad de Trump de dar marcha atrás considerablemente en la regulación medioambiental.
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