El ritual se repite. La actividad en los juzgados se intensifica con declaraciones y nuevas pruebas, los investigadores avanzan y el expresidente Donald Trump prepara el terreno y previene de que imputarle sería una injusticia fruto de la “interferencia política” para evitar que vuelva a la Casa Blanca. Es el mismo aroma de la imputación de finales de marzo, solo que esta vez es por un caso potencialmente más grave: los papeles clasificados que el expresidente retenía ilegalmente en Mar-A-Lago, su mansión de Palm Beach, en Florida.
Procesalmente, el último paso relevante es que los fiscales han comunicado a los abogados de Trump de que el expresidente es objeto de la investigación sobre el manejo de los documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca y mantenía en su mansión.
No es que hubiera muchas dudas de que Trump estaba siendo investigado después de que el FBI se presentase en su casa con una orden de registro en agosto del año pasado, del nombramiento de un fiscal especial, Jack Smith, para hacerse cargo del caso y de todos los pasos procesales posteriores. Pero la nueva notificación es un indicio de que es muy probable que el fiscal presente cargos contra el expresidente y de que la investigación está llegando a su final. Además, se ha sabido que hay dos grandes jurados examinando el caso, uno en Washington y otro en Miami.
El lunes trascendió la reunión de los abogados de Trump con el fiscal especial durante casi dos horas en el Departamento de Justicia. Los letrados fueron fotografiados a la entrada y la salida, pero declinaron dar detalles de la reunión. Un mensaje de Trump en su red social, sin embargo, daba ya una pista: “Cómo es posible que el DOJ [Departamento de Justicia] me acuse a mí, que no he hecho nada malo, cuando ningún otro presidente ha sido acusado (…) Solo Trump . ¡La mayor caza de brujas de todos los tiempos!”, escribió en un mensaje en su red social, Truth, todo en mayúsculas en que lanzaba acusaciones contra Joe Biden, Bill Clinton y Hillary Clinton.
Este miércoles, Trump ha vuelto a la carga con otros dos mensajes. “Vaya, esto se está convirtiendo en el mayor y más despiadado caso de INTERFERENCIA ELECTORAL en la historia de nuestro país”, empieza el primero, que añade: “Están lanzando todas las investigaciones falsas contra mí justo en medio de mi campaña, algo que es inaudito y no se supone que suceda” Y luego dice que el Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales de Nueva York y Atlanta son: “¡FASCISTAS TODOS!”.
Otro mensaje ha llegado después de que John Solomon, un periodista cercano a Trump que actúa como su representante dijese que la imputación era inminente y ya le había sido comunicado a Trump. Él lo ha negado: “Nadie me ha dicho que estoy siendo imputado, y no debería serlo porque no he hecho NADA malo, pero he asumido durante años que soy un objetivo del DOJ & FBI instrumentalizado”, ha escrito.
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La imputación del expresidente sería un salto cualitativo en un caso que provocó el registro de su mansión de Mar-A-Lago en Palm Beach (Florida). El contenido de la orden de registro ya desveló entonces que el expresidente estaba siendo investigado por posibles delitos de obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos públicos y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención dolosa de documentos de seguridad nacional. Son delitos que pueden conllevar multas o penas de cárcel.
Los agentes del FBI que registraron la mansión de Trump encontraron miles de documentos que el expresidente retenía allí indebidamente, entre ellos un centenar con marcas de clasificación con diferentes grados de confidencialidad. El expresidente había desatendido los requerimientos de entregarlos, lo que justificó el registro.
En las últimas semanas, han trascendido algunas otras informaciones sobre la investigación. The Washington Post desveló que dos empleados de Trump movieron cajas de papeles en Mar-a-Lago justo un día antes de que el Departamento de Justicia visitara la residencia del expresidente con el requerimiento para recoger documentos clasificados, lo que junto con otras pruebas que ha ido recabando el fiscal especial puede apuntalar la acusación de obstrucción a la justicia.
Los fiscales federales obtuvieron también una grabación de una reunión del verano de 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce que conservó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán, según una información publicada por la CNN. La grabación es una prueba incriminatoria contra Donald Trump, que en ocasiones ha asegurado que había desclasificado todos los documentos que la Agencia Federal de Investigación (FBI) encontró en el registro de su mansión de Mar-A-Lago en Palm Beach (Florida).
Una de las tácticas habituales de Trump es tratar de dilatar y poner trabas a la investigación con continuos recursos judiciales. Gracias a uno de esos recursos, una jueza federal de Florida, Aileen M. Cannon, nombrada por el propio Trump poco antes de su cese, ordenó al Departamento de Justicia y al FBI parar sus trabajos de investigación con todos los documentos hallados en el registro mientras un perito especial los revisaba.
El objetivo era ver si podían afectar al privilegio abogado-cliente (que protege el secreto profesional en las relaciones de un investigado con sus letrados) o al privilegio ejecutivo (que permite al poder ejecutivo negar información sobre actuaciones en curso a otro poder, como el legislativo o judicial), pese a que Trump ya no ostenta un cargo público.
Un tribunal, sin embargo, anuló la decisión de la jueza. Primero suspendió cautelarmente en septiembre pasado el bloqueo de la investigación en lo que se refería a los documentos clasificados como confidenciales o secretos que incautó el FBI a comienzos de agosto en el registro de Mar-a-Lago. Luego, falló sobre el fondo de la cuestión, con una sentencia que dejó en muy mal lugar a la jueza Cannon: “La ley es clara. No podemos dictar una norma que permita a cualquier sujeto de una orden de registro bloquear las investigaciones del Gobierno después de la ejecución de la orden. Tampoco podemos dictar una norma que permita solo a los expresidentes hacerlo”, dijo al final de su decisión de 21 páginas.
Además, el tribunal señaló que la jueza no tenía competencia para dictar su resolución, que justificó en lo extraordinario que es que se practique un registro en la casa de un expresidente. Los jueces le dedican un correctivo por ello: “Es ciertamente extraordinario que se ejecute una orden judicial en el domicilio de un expresidente, pero no de una manera que afecte a nuestro análisis jurídico o que de otra manera dé licencia al poder judicial para interferir en una investigación en curso”, señalaron los tres jueces, dos de los cuales fueron nombrados también por el propio Trump. “Crear una excepción especial aquí desafiaría el principio fundacional de nuestra nación de que nuestra ley se aplica a todos, sin tener en cuenta el número, la riqueza o el rango”, apostillan.
Mientras la investigación sobre Trump continuaba, el Departamento de Justicia dio carpetazo a la investigación sobre los documentos clasificados que se llevó indebidamente a su domicilio tras dejar el cargo Mike Pence, vicepresidente durante el mandato de Trump. La fiscalía comunicó a Pence el cierre de la investigación en una carta fechada el 1 de junio en la que se aseguraba que no se presentarían cargos.
A finales de enero trascendió que los ayudantes del que fue vicepresidente de Trump descubrieron en su casa de Indiana una docena de documentos con marcas de clasificación como secretos. Pence se sumaba así al propio Trump y al actual presidente, Joe Biden, que también se llevaron indebidamente documentos confidenciales a sus domicilios privados. En el caso de Biden, al igual que en el de Trump, el Departamento de Justicia nombró un fiscal general para hacerse cargo de la investigación.
En el caso de Pence se trataba de “un pequeño número de documentos con marcas clasificadas que fueron inadvertidamente encajonados y transportados a la casa personal del exvicepresidente al final de la última administración”, según escribió el abogado de Pence en una carta fechada enviada a los Archivos Nacionales, la institución que debe custodiar los documentos y registros cuando presidentes y vicepresidentes cesan en sus cargos.
Trump, que fue condenado en una demanda civil por abusos sexuales, tiene otros frentes judiciales abiertos. Un juez de Nueva York ha fijado para el próximo 25 de marzo el juicio del caso en que está imputado por 34 cargos de falsedad derivados de tres pagos para ocultar escándalos (uno de ellos una aventura extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels) en la campaña de las presidenciales de 2016.
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, que investiga si interfirió ilegalmente en las elecciones de 2020 en Georgia, ha señalado que tiene previsto anunciar en los próximos meses si presenta cargos. Willis ha dado a entender que las posibles imputaciones llegarán en agosto. ·En una carta al juez jefe del Tribunal Superior del condado, Ural Glanville, indicó que planea que gran parte de su personal trabaje a distancia la mayoría de los días durante las tres primeras semanas de agosto y pidió que los jueces no programen juicios y audiencias en persona durante parte de ese tiempo por razones de seguridad.
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