El presidente de EEUU, Donald Trump.MICHAEL REYNOLDS / EFEEl acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Estados Unidos con la farmacéutica Gilead, propietaria del único tratamiento aprobado hasta ahora contra la covid-19, constituye un nefasto antecedente de lo que puede ocurrir cuando se logre una vacuna. La Administración de Trump ha adquirido el derecho de acaparar toda la producción de remdesivir del mes de julio y el 90% de la de agosto y septiembre, con lo que apenas quedarán reservas para otros países. A nadie se le oculta que, con esta operación, el presidente Trump intenta restaurar, a golpe de talonario, el crédito que ha perdido por su nefasta gestión de la crisis sanitaria.Con 2,6 millones de infectados, 127.000 muertes y más de 40.000 nuevos casos diarios, su prestigio ha caído en picado y necesita hacer creer, con su habitual prepotencia, que tiene soluciones. Se trata de un golpe de efecto más propagandístico que efectivo pues el remdesivir está lejos de ser una solución terapéutica capaz de acabar con el virus. De momento, lo único que ha demostrado es que acorta de 15 a 12 días el tiempo de hospitalización de los pacientes que presentan una neumonía de gravedad media y requieren oxígeno pero no intubación, es decir, menos del 20% de los infectados con síntomas. Ni reduce la mortalidad ni es efectivo en los casos de mayor gravedad en los que se produce una respuesta inmunitaria exagerada que daña diferentes órganos.El movimiento de Trump exige una respuesta de la comunidad internacional, pues anticipa el tipo de estrategia que está dispuesto a seguir y la competencia feroz que se puede desencadenar cuando se logre una vacuna o un tratamiento realmente eficaz. Trump ya acordó con la farmacéutica francesa Sanofi invertir en la vacuna que ensaya a cambio de tener preferencia en el suministro si demuestra seguridad y eficacia. Corremos el riesgo de que se desate una guerra feroz de corte nacionalista que deje fuera de los beneficios de la vacuna o los posibles tratamientos a buena parte de la humanidad.Los graves problemas de abastecimiento que hemos visto en el caso de los respiradores y el material de protección sanitaria se reproducirán a mayor escala y mayor virulencia si no somos capaces de articular un mecanismo concertado bajo la dirección de la OMS que garantice una producción suficiente y permita una distribución equitativa con prioridad para los colectivos más expuestos y más vulnerables de cada país. Las leyes del mercado basadas en la capacidad adquisitiva difícilmente garantizarán en este caso el mayor beneficio posible de las mejoras terapéuticas que se logren. Es un error pensar que una crisis sanitaria global como la del coronavirus y las que puedan venir después se resolverán con estrategias egoístas y parciales.
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