Incendio de Bejís, tras el retorno de los evacuados a sus casas en agosto.Kike Taberner
Resulta inevitable escribir sobre los incendios tras este verano de fuego, miedo y ceniza. ¿Qué hemos hecho mal, qué podríamos haber hecho mejor? ¿Qué deberíamos hacer ahora? El debate público ha sido constante estas últimas semanas, aunque las voces que lo han integrado no hayan sido tan diversas como hubiese sido deseable. En más de una ocasión hemos vivido una suerte de trumpismo forestal: la repetición de letanías de barra de bar sin base alguna o la diseminación de fake news sobre la gestión ambiental del territorio, casi siempre vendiéndonos un truco de magia para evitar por completo el fuego. Sin embargo, nadie nos va a proporcionar una solución definitiva que evite los incendios forestales. En primer lugar, porque son consustanciales al ecosistema mediterráneo. En segundo, porque éste no es homogéneo, y cada territorio requiere una gestión distinta; yerra quien pretende aplicar la misma receta en todas las cuadrículas de los mapas. Por último, porque estamos viviendo un momento de una mutabilidad sin precedentes, en la que cambian los condicionantes ecológicos, sociales y climáticos casi cada año.
También hemos podido escuchar a quienes afirman que los incendios se deben únicamente al cambio climático, y a quienes sentencian que lo que pasa es que no hay ovejas ni se deja recoger la leña por culpa de los ecologistas (¿?). Entre esos dos extremos, científicamente más que cuestionables, existe una panoplia de visiones valiosas que se deberían escuchar, aprovechar y potenciar. Ni el calentamiento y el cambio de régimen de precipitaciones asociado explican por sí solos la génesis y el desarrollo de los incendios de Vall d’Ebo y Bejís (aunque contribuyen), ni tampoco se hubieran evitado si los municipios afectados hubiesen tenido el triple de habitantes. El mantra de la despoblación, que se confunde por ignorancia o intereses particulares con el de cambios de usos del suelo, se ha asentado en el imaginario colectivo sobre un sustrato hecho de sentimiento de culpabilidad, lugares comunes de la gestión forestal (el monte sólo está sucio si dejamos basura, no si hay sotobosque) y un profundo desconocimiento, de raíz urbanita, por parte de algunos que dicen defender -intereses políticos, económicos o catastrales mediante- las esencias del rural. Ni poner un ejército de ovejas a comerse todo el sotobosque solucionará nada más allá de algunos parches dispersos, ni llenar los pueblos de nómadas digitales apagará repentinamente los incendios.
Para explicar el porqué de este verano tampoco nos vale el relato de los salvajes recortes del Partido Popular en los años previos a los terribles incendios de Andilla y Cortes de Pallás, en 2012. Contribuyeron de forma decisiva, pero no explican lo sucedido, aunque hace diez años la correlación nos parecía que indicaba una clara causalidad. Ahora el presupuesto de prevención y extinción, que se ha ido incrementando de forma sostenida desde 2015, es sensiblemente mayor. La realidad es compleja y, en el caso de los ecosistemas entrelazados con poblamiento y usos humanos (como es el de casi todo nuestro país), mucho más.
Necesitamos alejarnos un poco, ver qué se ha hecho bien y también qué se ha hecho mal. El giro radical dado en 2015 a las políticas ambientales y territoriales debe persistir, profundizándose en todo lo logrado, que no es poco -y yendo, por supuesto, más allá-. Para ello es imprescindible contar con una financiación justa, que nos permita gestionar el territorio con garantías y dignidad, algo que ahora resulta imposible con el trato profundamente discriminatorio que le otorga el Gobierno de España a la Generalitat Valenciana. Y sin duda deberíamos protegernos, debates amplios e informados mediante, de un elemento que sin duda atiza como poco las llamas y constituye el mejor combustible para los incendios: el trumpismo forestal.
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