El jueves por la noche, al poco de saberse que Donald Trump había sido imputado por el gran jurado de Nueva York, el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas fue entrevistado en la televisión pública catalana. A este abogado no le preguntaron por el caso del expresidente de Estados Unidos, pero se cumplieron todas las expectativas y sus declaraciones sí fueron perfectamente trumpistas. A media mañana se había sabido que la presidenta de Junts Laura Borràs había sido condenada por prevaricación y falsedad documental, delitos cometidos cuando ejercía como directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Durante ese período no solo se fragmentaron contratos de manera irregular por orden directa suya, desoyendo a los funcionarios que advertían de la irregularidad que se estaba cometiendo, sino que además se atentó contra la norma de la administración porque se adjudicaron a una misma persona para que cobrase un pastizal y, aquí con un par, se trucó el concurso público al simular la competencia falsificando ofertas de terceros. Aunque se trata de una acción delictiva flagrante, Alonso-Cuevillas ―antiguo decano del Colegio de Abogados de Barcelona― negó a la mayor. Afirmó sin titubear que el de Borràs no podía considerarse un caso de corrupción porque el juicio y la sentencia eran “lawfare de manual”: una demostración evidente de persecución política contra el independentismo.
Uno de los problemas que el trumpismo plantea a la mecánica democrática es que la respuesta del Estado de derecho a la degradación iliberal de las instituciones puede consolidar al líder carismático cuando se presenta ante su movimiento como una víctima por denunciar con desvergüenza el sistema que él mismo ha degradado. La legalidad que garantiza el correcto funcionamiento de la democracia, paradójicamente, alimenta así la rabia populista. La retórica de Trump para conseguirlo ha sido evidente. Al saber que había sido imputado por haber pagado con dinero negro a una actriz porno dijo que su caso era un ejemplo de persecución política y, con palabras gruesas, cargó contra el sistema electoral, el presidente Biden o el fiscal del distrito de Manhattan. Nada que deba sorprendernos a estas alturas. La respuesta de Borràs tras su condena no fue tan burda como la de Trump, porque siempre la adorna una buena cita de los clásicos y todavía más si la televisión retransmite en directo una emotiva soflama lírica ante el Parlament, pero transmitió una sensación de descarada impunidad al presentarse como inocente gracias a una coartada política: “Mi inocencia o mi culpabilidad no la puede determinar un tribunal politizado que actúa al servicio de la defensa de la unidad de España”.
Otro de los desafíos que plantean los trumpismos es cómo eliminar el populismo de los partidos que han fagocitado a través de su agitación continuada en la burbuja de las redes. No es responsabilidad principal de sus rivales, sino de los líderes que compiten por el mismo espacio en la misma formación. Por ahora, los candidatos del Partido Republicano ―empezando por el gobernador Ron DeSantis― no se atreven a censurar a Trump por temor a perder apoyo de una base electoral muy polarizada. En el caso de Junts, ante el próximo ciclo electoral, tampoco nadie tiene el coraje de desmarcarse de una líder carismática a pesar de haber sido condenada por haber cometido un delito común. Mientras Alonso-Cuevillas sostenía que Laura Borràs era víctima de la lawfare españolaza, ella colgaba un tuit con fotografías y un video del acto celebrado a última hora de esa tarde por el partido que aún preside. Se la ve cruzando el pasillo del Teatre Fortuny de Reus mientras decenas de simpatizantes de Junts se levantan para aplaudirla mostrando su solidaridad. Como le ocurre a DeSantis, que si llega a la carrera presidencial necesitará el apoyo de la comunidad de los MAGAs, los candidatos de Junts no quieren arriesgarse a perder el apoyo de los nostálgicos del octubre del 17. Pero no revertir esa corrosión democrática implica apostar por la degradación institucional. Para empezar, Borràs, con otro par, ya ha reclamado ser restituida como presidenta del Parlament.
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