La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que instruyó un bloqueo administrativo de cuentas en México luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos en territorio nacional, siete personas físicas y 15 personas morales, por presuntos vínculos con la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Entre los sujetos de interés del gobierno estadounidense se encuentra la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien le atribuyen presuntos nexos políticos con operadores del grupo delictivo para, presuntamente, influir en el gobierno municipal de Playas de Rosarito, Baja California, cuando fungía como alcaldesa.
A través de un comunicado, la UIF informó que las cuentas fueron congeladas por el sistema financiero mexicano en cumplimiento de los mecanismos de cooperación internacional vigentes.
La acción de la UIF se produce como seguimiento a la acción del Tesoro estadounidense anunciada esta mañana, que incluyó a personas y empresas con operación en Playas de Rosarito, Baja California, y que, conforme a la versión de OFAC, habrían dado soporte logístico, financiero y político a actividades delictivas atribuidas a Los Mayos.
En su comunicado, la UIF subrayó que la reacción del Estado mexicano deriva de los compromisos de cooperación y de la integración de listas internacionales a los controles internos del sistema financiero.
La dependencia federal mexicana precisó que, tras la designación de OFAC, ordenó el bloqueo conforme a sus atribuciones y a la normatividad aplicable, con el propósito de impedir la circulación de posibles recursos ilícitos.
La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios.
Y añadió que el instrumento se ejecuta coordinadamente con bancos e instituciones financieras para cerrar temporalmente el acceso a productos y servicios sujetos a regulación, mientras se realizan análisis financieros de profundidad:
“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional”, precisó.
Conforme a la comunicación oficial, la UIF dijo que revisará estados de cuenta, movimientos, beneficiarios finales, estructuras corporativas y operaciones transfronterizas de los sujetos alcanzados por el bloqueo, incluida la diputada de Morena señalada por presuntos nexos con Los Mayos.
Si en esa revisión se detectan indicios de posibles delitos, la Unidad dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
¿Qué implica el bloqueo de la UIF?
El bloqueo administrativo implica que el sistema financiero congele recursos y operaciones de los listados hasta en tanto no exista deslistado, resolución judicial o administrativa que ordene lo contrario, o alguna licencia aplicable. Durante ese periodo, la persona afectada puede interponer medios de defensa en sede administrativa o judicial para controvertir su inclusión.
De acuerdo con la OFAC, la acción estadounidense de esta semana apuntó a una red regional en Playas de Rosarito, a la que atribuye facilitar actividades a la facción conocida como ‘Los Mayos’, o ‘La Mayiza’, del Cártel de Sinaloa, en materia de tráfico de drogas sintéticas y lavado de activos.
La designación en Estados Unidos conlleva el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas estadounidenses, además de riesgos de sanciones secundarias para instituciones extranjeras que faciliten operaciones significativas con los listados.
En México, la UIF replica la barrera financiera mediante el bloqueo administrativo, que no equivale a una sentencia penal, pero sí restringe temporalmente el acceso a servicios financieros regulados en tanto se concluyen los análisis y, en su caso, se judicializa la investigación.