La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por posible tráfico de influencias y defraudación fiscal.
La dependencia de la Secretaría de Hacienda informó que una empresa familiar, en la que destacan como socios un sobrino, un yerno e hijos del exprocurador, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
La UIF informó a través de un comunicado que identificó que entre 2013 y 2015, dicha empresa obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso Murillo tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
Posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
También identificó que la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.
Fiscalmente, la empresa está siendo investigada por declarar deducciones similares a sus ingresos acumulables, “lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente”.
“También se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”.
La unidad encabezada por Pablo Gómez también detectó que en 2017 Jesús Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión del extranjero, mientras que entre 2020 y 2021 colocó en el extranjero 26.5 millones de pesos en cuentas propias, recurso que no fue declarado ante al fisco.
En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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