En marzo el culebrón sobre la herencia que dejó Julio Muñoz Ramonet en 1991 a Barcelona dio un vuelto inesperado y se comenzaron a escribir nuevos capítulos. Fue después de que la Guardia Civil recuperara, por orden del juez que lleva la querella presentada en 2014 por el Ayuntamiento de Barcelona contra las cuatro hijas, 474 obras (376 pinturas y dibujos, 87 miniaturas, 4 esculturas, 4 marfiles y 3 tapices) en varios pisos y empresas de Madrid, Barcelona y Altea (Alicante) vinculadas con Carmen, Isabel, Alejandra y Helena Muñoz Vilallonga.
Ahora, tras conocer las diligencias de la Guardia Civil, los abogados municipales barajan presentar una demanda contra las cuatro hermanas por atentado contra el patrimonio, al comprobar que muchas de las pinturas presentan un mal estado de conservación, con deterioros y evidentes huellas de humedades, sobre todo las que se encontraron en el garaje de una de las casas.
También estudian ampliar la querella por apropiación indebida y estafa procesal para imputar a dos de los nietos del industrial: Manuel Castelo, hijo de Isabel Muñoz, la destacada fotógrafa reconocida con el Premio Nacional de 2016, y Carmen Escrivá de Romaní, hija de Carmen y representante en 2005 de Culturarte SA, la empresa a la que siempre ha estado vinculada la colección.
En ese año la nieta declaró ante el juez: “Ni antes ni después de la muerte de Julio Muñoz se ha procedido a ninguna enajenación ni traslado de obras por parte de esta empresa”. En 2014 los mayordomos de la casa contaron a este diario por primera vez como en octubre de 1991, cinco meses después de fallecer Julio Muñoz, sus hijas se llevaron dos tráileres cargados con más de 350 obras rumbo a Madrid.
La intención de ampliar las imputaciones se produce después de que en el registro del 3 de marzo en la sede que el grupo empresarial de la familia tiene en el céntrico Paseo de Gràcia de Barcelona, la Guardia Civil confiscara varias CPU de ordenadores y portátiles, además de lápices de memoria que contenían más de mil correos electrónicos cruzados, inventarios y relaciones de obras, subastas y ventas de piezas en los últimos años.
Las actuaciones judiciales estaban bajo secreto de sumario y no se dieron a conocer hasta julio, cuando el juez lo levantó y notificó a la Fundación Julio Muñoz Ramonet la recuperación de las obras y de los inventarios y documentos. Tras hacerlo público el Ayuntamiento, la Guardia Civil y Fundación el día 2 de octubre en una rueda de prensa, la familia en un comunicado reclamó las obras asegurando que no forman parte de la herencia a la ciudad.
Según las hermanas y nietos, el legado ya lo entregaron en julio de 2013 cuando dieron las llaves del palacete de la calle Muntaner con todo su contenido. Una verdad a medias. Después de casi 20 años de pleitos y tres sentencias, la última del Supremo, que daban la razón al Ayuntamiento, técnicos del consistorio entraron por primera vez a la casa. En ella había cientos de obras apiladas en rincones y pasillos de los dos edificios de la enorme finca. Pero no había ningún rastro de las piezas de gran valor firmadas por autores como El Greco, Goya, Fortuny, Eugenio Lucas, Pantoja de la Cruz, Rembrandt, Sorolla, entre otros, además de retablos y tablas medievales de gran valor artístico y económico.
Los expertos de la Fundación, tras determinar qué obras faltaban, pusieron una demanda penal a las hermanas reclamando más de 800 piezas e imputándolas por apropiación indebida y ocultación. Las actuaciones de la Guardia Civil que han recuperado casi 500 piezas son fruto de esta demanda y las actuaciones dictadas por el juez.
Con la acción de la Guardia Civil se han podido ver por primera vez unas obras esquivas desde 1991 de las que solo había constancia hasta ese momento por inventarios imprecisos en lo que aparecen, en el mejor de los casos, una foto en blanco y negro. Los abogados municipales han pedido al juez que permita que las obras intervenidas se trasladen a Barcelona para poder estudiarlas y comprobar su estado de conservación. Hasta ahora solo disponen de las actas realizadas por la Guardia Civil en los registros.
La localización de las piezas ha llevado a que la ejecución de la causa civil quede paralizada en un momento en el que estaba a punto de darse por terminada. La sentencia de primera instancia de 2007 establecía que, en el caso de que las obras no aparecieran, se pagara el valor que designara un perito. El juez designó en 2017 a uno, escogido de una terna, que determinó que las obras tenían un valor de 3.083.654 euros. Una cantidad, a todas luces insuficiente, que fue recurrida por la Fundación alegando (tras comparar la tasación del perito con el valor que piezas parecidas habían alcanzado en recientes subastas) que muchas de las obras valían más de esa cantidad por si solas. También se denunció al juez “el desconocimiento del mercado del arte” del perito y lo acusaron de “una desviación a la baja de millones de euros” y de “haber actuado de mala fe y con prevaricación”.
Tres millones al día siguiente de los registros
Las hijas y los nietos de Muñoz Ramonet decían en el comunicado que hicieron público el día 8 (el segundo en 25 años de pleitos), que habían depositado “esta cantidad en el Juzgado civil y está a disposición de la Fundación desde hace meses”. Se referían a los tres millones de euros en los se tasó en 2017 la colección. Lo que no decían es que entregaron esa cantidad, a toda prisa, el 4 de marzo, al día siguiente de producirse los registros y las incautaciones de las obras de arte, dejando clara la liquidez con la que disponen.
Una vez conocidas las diligencias y el resultado de las actuaciones de la Guardia Civil en el Ayuntamiento han entendido a qué se debió que se realizara ese depósito tan cuantioso en ese preciso momento.
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