Una lujosa granja aislada en las llanuras de la provincia nororiental de Limpopo, un antiguo espía ofuscado, unos ladrones poco hábiles y, lo más importante: cuatro millones de dólares desaparecidos. En el centro de la historia, el presidente de un país. Estos son los ingredientes del escándalo que envuelve al máximo dirigente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, desde que a primeros de junio saliera a la luz una información relacionada con un robo perpetrado en una de sus propiedades rurales hace dos años. La razón del alboroto es que el perjudicado, Ramaphosa, no denunció a la policía el delito ni lo hizo público. Y ahora no acaba de ofrecer una explicación convincente a sus rivales políticos quienes, escandalizados, han pedido su dimisión e incluso han pedido ayuda al FBI estadounidense.
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Los detalles de esta trama, propia de una superproducción de Hollywood, fueron revelados por Arthur Fraser, exjefe del servicio de inteligencia del país, el pasado 1 de junio, cuando acudió a una comisaría de policía de Johannesburgo y denunció al presidente del Gobierno por lavado de dinero, soborno y secuestro.
Los hechos se remontan a la noche del 9 de febrero de 2020, cuando una banda de cinco ladrones traspasó la verja de seguridad de la finca Phala Phala Wildlife, una propiedad de Ramaphosa de unos 4.500 hectáreas en la provincia de Limpopo, en el norte del país, y destinada a la cría de animales de caza como impalas, ñus y antílopes. Los bandidos accedieron a la vivienda por una ventana y allí se hicieron con un botín oculto en varios muebles: entre cuatro y ocho millones de dólares (de 3,8 a 7,8 millones de euros), según los cálculos del exjefe del servicio de inteligencia.
La entrada al rancho de vida silvestre de Cyril Ramaphosa, Phala Phala Wildlife Farm, en Bela Bela, Sudáfrica, el pasado 3 de junio.AP
En una declaración jurada de 11 páginas, Fraser detalló que fue el ama de llaves quien descubrió el dinero y se lo contó a su hermano, el cual conocía a una banda de su mismo barrio que podía aceptar el encargo. Los ladrones, supuestamente cuatro namibios y un sudafricano, fueron grabados por una cámara de seguridad y se les puede ver en una cinta que se adjunta en la denuncia con varias fotografías y documentos.
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Rampahosa asistía en aquel momento a una cumbre de la Unión Africana en Etiopía, y cuando fue informado del incidente decidió no denunciar. En su lugar, ordenó a la Unidad de Protección Presidencial que encontrara a los autores del robo. Un equipo de policías retirados y miembros de la unidad de inteligencia criminal recuperó parte del botín, pero también retuvieron a los delincuentes, les interrogaron y finalmente, les pagaron 10.000 dólares para que guardaran silencio.
Se da la circunstancia de que Fraser es aliado del anterior presidente, Jacob Zuma, quien tuvo que dimitir en 2018, acorralado por acusaciones de corrupción. El propio exespía también está relacionado con delitos similares durante su etapa como jefe de seguridad.
Explicaciones poco convincentes
Pocos días después de que se hiciera pública la denuncia, Ramaphosa dio por fin explicaciones sobre su proceder, aunque sin aclarar la mayoría de los interrogantes, como la razón por la que no utilizó los cauces legales y habituales cuando se es víctima de un delito, es decir, denunciarlo a la policía. Reconoció que sí sufrió el robo y que lo dejó en manos de la unidad de protección presidencial. Insistió en que no ha infringido ninguna ley y aseguró que la cantidad sustraída es mucho menor, aunque no aclaro cuánto. Igualmente, restó importancia al hecho de que tener tanto efectivo guardado, recordando que él es un hombre de negocios y que ese dinero era el producto de la caza vendida de su finca.
Lejos de quitarse el problema, el haber admitido los hechos ha concedido más credibilidad a Fraser, a juicio de Karam Singh, director ejecutivo de la organización Corruption Watch. “La Presidencia lo ha reconocido, así que sabemos que el núcleo de la historia es cierto. Hay elementos que podrían ser falsos, pero a falta de una declaración clara del presidente, tenemos que esperar y ver”, opina.
Las formaciones políticas rivales mencionan, sobre todo, un posible delito de blanqueo de capitales, porque se preguntan de dónde salió semejante cantidad de efectivo, si esta se introdujo en Sudáfrica de forma legítima y si estaba declarada a las autoridades. De hecho, la Alianza Democrática, principal partido de la oposición, ha pedido por escrito al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) que investigue las denuncias y también ha solicitado al Parlamento la creación antes del mes de agosto de una comisión ad hoc para indagar sobre los hechos. “Son unas acusaciones graves que seguirán causando un daño enorme a nuestra economía y nuestras perspectivas de atraer inversiones y crear empleos, así como a la credibilidad de la Presidencia, la Policía y el sistema judicial”, ha indicado la formación en un comunicado.
Los rivales políticos de Ramaphosa se preguntan de dónde salieron los cuatro millones de dólares, si estos se introdujeron en Sudáfrica de forma legítima y si estaban declarados a las autoridades
Ramaphosa, de 69 años, fue un líder sindical antes del fin del apartheid, y en los años noventa, como dirigente del Congreso Nacional Africano (ANC), negoció la instauración de la democracia en Sudáfrica. Aunque se dice de él que era el sucesor preferido de Nelson Mandela, en el 97 perdió las primarias de su partido y cambió de tercio: se dedicó a los negocios y se ha convertido en uno de los 50 hombres más ricos de África, con una fortuna valorada en 425 millones de euros, según Forbes. En 2012 volvió a la esfera política como vicepresidente de la ANC, partido en el poder desde el fin del régimen racista.
Que ahora existan dudas sobre su honorabilidad, y precisamente por corrupción, resulta muy conveniente para sus adversarios, pues cuando sucedió a Zuma a finales de 2017, prometió que iba a realizar una limpieza exhaustiva para librar de corrupción a las instituciones públicas. “Los que quieren verlo destituido tratarán de sacar provecho de esto; es un asunto político, aunque eso no le absuelve de dar una explicación completa”, opina Singh. Tras su nombramiento, puso en marcha la Comisión Zondo para investigar las alegaciones de corrupción y fraude en el sector público.
El exdirector de la Agencia de Seguridad del Estado Arthur Fraser en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg, durante el juicio por fraude y corrupción contra el expresidente Jacob Zuma y la empresa Thales, en septiembre de 2021. AP
Además, estas acusaciones no son útiles solo para los partidos de la oposición, sino que resultan muy suculentas para los adversarios dentro de la ANC, pues las elecciones a presidir el partido se van a celebrar, previsiblemente, en diciembre. “La consecuencia de todo esto podría ser que perdiera la Presidencia y que eso fuera utilizado contra él por las fuerzas internas de su partido, o que fuera imputado tras la investigación policial. El daño podría ser grave”, afirma Singh.
La conexión namibia
Dos semanas después del inicio del escándalo, que se conoce como Farmgate, las explicaciones del presidente no han bastado y los ánimos no se han calmado. Ha intervenido hasta la policía namibia para desmentir acusaciones contra ellos. Uno de los presuntos criminales, Imanuwela David, acusó a agentes del Cuerpo de detenerlo y torturarlo, algo que han negado desde aquel país. “Refutamos las acusaciones de tortura y secuestro del sospechoso, el señor Imanuwela David”, informa en un comunicado el jefe de Policía, Sebastian Ndeitunga, y en el que también rechaza haber hecho “el trabajo sucio en nombre del presidente Ramaphosa”.
La Policía también confirmó que se produjo una reunión con sus homólogos sudafricanos en junio de 2020 para compartir información sobre el robo y que acordaron investigarlo, cada uno en sus jurisdicciones, pero acabaron por cerrar el caso tras no recibir respuestas desde el Ministerio de Justicia de Sudáfrica.
En los últimos días, la atención hacia este caso se ha desviado ligeramente a causa de los últimos problemas de interés nacional que sacuden Sudáfrica, como los graves cortes de electricidad que sufre el país entero y la reciente publicación del último y definitivo informe sobre la captura del Estado, como se conoce a la trama de corrupción masiva orquestada por dos empresarios de origen indio, los hermanos Gupta, con la colaboración del entonces presidente Jacob Zuma, entre 2009 y 2018. De hecho, el juez Zondo, al frente de esa investigación, ha criticado a Ramaphosa por no haber hecho más por evitar la corrupción en ese período, en el que ejerció como vicepresidente del país.
Mientras, el presidente sigue sin dar una justificación convincente. “Tal vez no tenga una buena historia que contar y quiera mantenerla en secreto todo el tiempo que pueda…”, elucubra Singh. Lo que sí ha declarado Ramaphosa es que está dispuesto a presentarse ante el comité de rendición de cuentas de su partido. Cuando se le pregunta, se escuda en unas declaraciones que ha repetido como un mantra dentro y fuera del Parlamento: “Estoy dispuesto a cooperar con cualquier investigación sobre este asunto y responderé a cualquier pregunta que me hagan los investigadores. Hay que dejar que la ley siga su curso y hay que seguir el debido proceso”, insiste.
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