Antonio Cerdá, en una imagen de archivo.
El exconsejero murciano de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y actual director general del Agua de la Generalitat Valenciana, Manuel Aldeguer, se sentarán en el banquillo por su presunta responsabilidad en los vertidos de aguas contaminadas procedentes de desaladoras ilegales al mar Menor. El juez que instruye el denominado “caso Topillo”, que investiga esos vertidos que en buena medida han contribuido al actual estado de colapso de la laguna litoral, ha ordenado la apertura de juicio oral contra los dos dirigentes políticos, a los que imputa posibles delitos de prevaricación, y también contra 37 empresas agrícolas del Campo de Cartagena, a las que acusa de posibles delitos contra el medio ambiente.
La resolución, hecha pública este viernes, considera que Cerdá y Aldeguer pudieron incurrir en conductas de prevaricación ambiental por omisión de las inspecciones obligatorias a las empresas y explotaciones que generaban esos vertidos ilegales, pese a conocer que se estaban utilizando en la zona desalobradoras sin autorización, que generan contaminantes que eran desechados directamente sobre el Mar Menor. El pasado 19 de enero, la Fiscalía ya solicitó penas de 21 meses de prisión para los dos ex altos cargos, además de multas de 5.760 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público durante 9 años.
Por su parte, las acusaciones populares del caso, integradas por los grupos ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, ANSE y SEO/Birdlife elevan hasta los tres años las peticiones de penas de prisión para ambos acusados y hasta 8.640 euros las multas. Para las empresas agrícolas que irán a juicio, el fiscal solicitaba penas de entre cinco meses y seis años de prisión y multas de entre 1.800 hasta 1,7 millones de euros por los daños causados.
El juez les impone ahora a esas empresas fianzas que suman un importe total de 16,25 millones de euros y declara que el asunto se juzgará en la Audiencia Provincial de Murcia. También desestima un total de ocho recursos presentados por los acusados, que se basaban en la falta de indicios suficientes o la falta de competencia del juzgado. Y recuerda en su auto que esta “no es una causa general sobre todos y cada uno de los factores que han podido influir en la degradación” del mar Menor, porque eso sería “una cuestión inabarcable”, sino que se centra solo en la actuación de determinados cargos políticos y empresas agrícolas que pudieran haber afectado a ese ecosistema.
Una segunda parte de este mismo caso ha sido recientemente dividida en 39 procesos judiciales diferentes, uno por cada una de las compañías acusadas, para individualizar así los posibles delitos cometidos en cada caso. Respecto a la segunda pieza, recientemente escindida, el instructor desestima en una resolución los recursos planteados contra el auto que acordaba la prórroga de las actuaciones por falta de competencia del juzgado número 2 de Murcia. El magistrado insiste en su necesidad por la complejidad de las actuaciones que habían de practicarse y el corto lapso restante para la extinción del plazo de instrucción y recuerda que esta resolución fue anterior a la inhibición.
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