El expresidente argentino Mauricio Macri vuelve a estar en la mira de la justicia por un caso de presunto espionaje ilegal. Un fiscal federal pidió este martes investigar si Macri fue responsable de armar un supuesto plan sistemático para espiar a opositores y colaboradores durante su Gobierno (2015-2019). Según la causa, su gran rival política, la entonces senadora y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaría entre las víctimas, pero también algunas personas cercanas a él, como el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su hermana, Florencia Macri.
El fiscal Franco Picardi planteó investigar a Macri al solicitar la elevación a juicio oral y público de la causa por la que están procesados los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el Gobierno de Macri. Picardi acusa a Arribas y a Majdalani de haber espiado de forma ilegal el domicilio de Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta y la sede del Instituto Patria, el think tank creado por la expresidenta después de dejar el poder.
Al entregar su dictamen al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal dio por terminada la investigación contra Arribas y Majdalani pero pidió esclarecer la responsabilidad de Macri. “Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el fiscal en el escrito citado por medios locales.
“Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas” por la AFI entre 2016 y 2019, agregó. Para Picardi, es necesario investigar si el supuesto uso ilegal de herramientas de inteligencia formó parte de “planes sistemáticos orquestados desde el propio aparato estatal”.
Como parte de su argumentación, Picardi destacó que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de opacidad al organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas. La petición del fiscal debe ser aceptada por el juez para que la imputación avance.
La causa se inició justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, a partir de la denuncia de la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, basada en documentos internos que hacían sospechar de posibles escuchas ilegales.
Según la acusación, el denominador común de las víctimas es su carácter de figuras públicas de destacada participación política. Además de conocidos políticos opositores, el fiscal sospecha que también fueron espiados aliados de Macri y poderosos sindicalistas, entre ellos Hugo Moyano y Pablo Moyano.
Macri se ha visto envuelto antes en investigaciones judiciales vinculadas al espionaje ilegal pero por ahora ninguna ha llegado a juicio. El pasado julio, una cámara de segunda instancia sobreseyó al expresidente en la causa que investigaba las escuchas ilegales a familiares del submarino ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico con 44 tripulantes a bordo en noviembre de 2017. Macri no negó en ese momento las tareas de inteligencia, que quedaron registradas en decenas de documentos, pero dijo que no fueron realizadas por orden suya.
El exmandatario todavía no se ha pronunciado sobre este nuevo revés judicial que, de avanzar, se colaría en la campaña electoral de Argentina en 2023. A un año de los comicios presidenciales , Macri sigue sin desvelar si intentará pelear por un segundo mandato como candidato de la gran coalición opositora Juntos por el Cambio.
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