La Embajada venezolana en Washington amaneció este jueves con pancartas colgadas en su fachada: “No a la guerra por el petróleo”, “Guaidó no es bienvenido aquí”, “paren el golpe”. La puerta delantera estaba bloqueada, pero los vidrios permitían ver una serie de cuadros de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez colocados expresamente para que se pudieran observar desde la calle. El grupo de activistas que ha llevado a cabo esta ocupación —desde hace dos semanas— en forma de protesta espera que las fuerzas de seguridad los expulsen en cualquier momento. “Si no nos desalojan hoy será una victoria. Los mayores han dicho que se van a resistir hasta el final”, cuenta Madea Benjamin, directora del movimiento pacifista Code Pink, sentada en uno de los sofás del edificio con vistas al río Potomac. Elliott Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, advirtió este jueves de que los activistas “tienen que irse”. “No vamos a permitir esta violación de la ley”, agregó el hombre fuerte de la Administración Trump para todo lo que tiene que ver con el país sudamericano.
El 19 de marzo, el día que el equipo de Juan Guaidó en EE UU tomó el control de tres sedes diplomáticas, Benjamin llamó a la Embajada. La activista le pidió permiso al personal diplomático de Maduro para que pudieran alojarse en la delegación. Sin éxito. Casi un mes después —a principios de abril, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela en el organismo— los funcionarios afines a Maduro acabaron por darle luz verde a la líder de Code Pink. Esa noche fueron cuatro las personas que durmieron en la legación del país latinoamericano, pero pronto se fueron sumando jóvenes y jubilados estadounidenses hasta superar la treintena de personas.
El miércoles, los cinco diplomáticos de Maduro abandonaron la sede obligados por la caducidad de sus credenciales. Pero no se fueron con las manos vacías: se llevaron consigo todos los libros de la biblioteca y varios cuadros, entre ellos uno del expresidente estadounidense Barack Obama, según cuenta Benjamin: “Lo hicieron para saber dónde están el día en que se puedan devolver”.
En la segunda planta del edificio, un grupo de señoras prepara unos cánticos para una próxima protesta mientras los jóvenes tienen casi tomado el espacio de trabajo con sus ordenadores portátiles y los móviles cargándose. La sala de ejercicios, con una mesa de tenis de mesa y un saco de boxeo, está vacía. “Permaneceremos en la Embajada hasta que EE UU y Venezuela lleguen a una resolución. No importa que tome meses. Es muy cómodo estar aquí: tenemos Internet, duchas, cocinas, sofás donde dormir…”, cuenta sin pudor Kevin Zeese, del movimiento Resistencia Popular. ¿Quién paga todo eso? Tras unos titubeos, dice que supone que el Gobierno venezolano. Los activistas se han bautizado como Colectivo de protección de la Embajada. “No estamos haciendo nada ilegal, nos dieron las llaves los diplomáticos del Gobierno electo de Venezuela, no del falso de Guaidó”, explica Zeese, quien fue uno de los primeros en establecerse en el recinto.
Zeese argumenta que no se ven venezolanos dentro del edificio porque “los latinoamericanos tienen una situación frágil en EE UU, aún más con Donald Trump, y no quieren hacer nada riesgoso”. Sin embargo, afirma que por las noches suelen participar varios en las actividades que preparan: conciertos, seminarios, conferencias, etc. Abrams, representante de EE UU para Venezuela, dijo este jueves que no van a permitir “esta violación a la ley”. Pero no fijó un día específico para el desalojo. “Es un asunto que debería ser discutido entre el embajador [Carlos] Vecchio y las fuerzas de seguridad”, agregó. Vecchio presentó sus credenciales como representante de Venezuela hace dos semanas ante Trump. Es el diplomático reconocido por EE UU, el primer país que dio su visto bueno a Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero, cuando el líder de la oposición — invocando la Constitución— se proclamó mandatario encargado.
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